El Gobierno nacional reglamentó la ley de Inocencia Fiscal que, según consideran, significa “el blanqueo popular permanente más grande de la historia”.
Reglamentaron el nuevo blanqueo para "sacar los dólares del colchón" (Imagen ilustrativa)
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, que entra en vigencia desde este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial. Se trata de una de las reformas tributarias más profundas de los últimos años y el Gobierno la presenta como el mecanismo que busca sacar los dólares del colchón y normalizar la relación entre el Estado y los contribuyentes.
El espíritu de la norma es explícito: donde antes el sistema partía de la sospecha generalizada, ahora el contribuyente pasa a ser considerado inocente y cumplidor, salvo prueba en contrario.
La reglamentación, a través del decreto 93/2026, abarca un paquete amplio de medidas que incluye un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, cambios sustanciales en el régimen penal tributario, reducción de multas y una baja del plazo de prescripción de los delitos de evasión, que pasa de cinco a tres años. En el Ejecutivo la definen como “el blanqueo popular permanente más grande de la historia”.
En la práctica, ARCA concentrará sus controles sobre 11.000 grandes contribuyentes, que explican cerca del 80% de la recaudación total, mientras que el universo de casi 10 millones de contribuyentes registrados, responsables del 20% restante, quedará bajo un esquema de control mucho más liviano, con mayor libertad operativa.
Uno de los ejes centrales es el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, al que se podrá adherir con un solo clic desde la página web de ARCA . En este esquema, el impuesto se calculará únicamente en función de ingresos y egresos, sin computar gastos deducibles ni variaciones patrimoniales, como ocurría hasta ahora. Además, la declaración jurada será confeccionada por el propio organismo con la información disponible, y quienes paguen en término quedarán liberados de la mayoría de las obligaciones formales.
La reglamentación establece que hasta $1.000 millones, equivalentes a unos USD 689.000, no se pagará el Impuesto a las Ganancias cuando esos fondos se bancaricen. El objetivo es reducir la presión administrativa y penal sobre contribuyentes considerados de buena fe y concentrar los esfuerzos de fiscalización en maniobras graves y deliberadas.
El cambio más profundo se da en el régimen penal tributario. La lógica oficial se resume en una frase que circuló durante la presentación: “los problemas tributarios se resuelven con plata”. En adelante, quien haya evadido y pague el capital adeudado, los intereses y la multa correspondiente no será perseguido penalmente, lo que habilita la extinción de la acción penal.
Incluso en causas ya iniciadas, el contribuyente podrá cerrarlas pagando la totalidad de la deuda más un adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días. Este beneficio podrá utilizarse una sola vez por persona o empresa.
La norma también actualiza de manera drástica los montos a partir de los cuales una infracción se considera delito. El umbral para la evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada pasa de $15 millones a $1.000 millones.
Otro de los pilares es la consagración formal del principio de Inocencia Fiscal. A partir de ahora, ARCA no podrá denunciar automáticamente ante la Justicia penal cuando las diferencias surjan de interpretaciones tributarias, cuestiones técnico-contables o presunciones legales sin otros elementos probatorios.
En los considerandos del decreto, el Gobierno hizo una fuerte crítica al esquema anterior.
Dijo que años de cepo cambiario, inflación y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad, mientras el Estado los trataba como delincuentes, con pedidos de información por montos mínimos y operativos de fiscalización desproporcionados.