La reforma tributaria es una ley que el Gobierno tiene en carpeta y que muchos argentinos y empresarios esperan con ansias. Sin embargo, no se trata de un proceso sencillo ya que los impuestos deben ser avalados por el Congreso por lo que los especialistas creen que será algo que sucederá después de las elecciones. Para entonces, la presidencia de Javier Milei espera contar con mayor cantidad de legisladores nacionales a su favor, por un lado y, por el otro, las cuentas más equilibradas para aplicar todavía más motosierra.
El tributarista César Livtin explicó que para hablar de reforma tributaria hay que pensar en dos pilares. El primero tiene que ver con la alta complejidad del sistema argentino en donde hay más de 160 tributos entre nación, provincia y municipios. Sin embargo, solo ocho de ese centenar y medio recaudan el 92% del total. “En este sentido, hay que hacer una simplificación rotunda”, expresó Livtin. El segundo factor está relacionado con los puntos en los que hay que trabajar para bajar la presión fiscal si se pretende ser competitivo.
Esto no es fácil ya que en este esquema no solo pesan los impuestos nacionales sino los provinciales y municipales con un alto impacto del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). “No alcanza que la Nación haga todo el esfuerzo si el resto se mantiene igual, por lo que sería ideal trabajar en un pacto o acuerdo fiscal”, comentó el profesional a sabiendas de que no sería algo sencillo de lograr.
Los impuestos más distorsivos
Más allá de esto, Livtin explicó que la Argentina posee dos impuestos altamente distorsivos. Uno es el cobro de derechos de exportación o retenciones y otro es el que se coloca a créditos y débitos. El primero afecta directamente la competitividad de los productos argentinos en el exterior ya que casi ningún país posee un tributo a los exportadores sino más bien al contrario. El problema es que no se trata de una tasa sencilla de quitar debido a que, según precisó César Livtin, el año pasado las retenciones representaron el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Con el impuesto a débitos y créditos sucede algo similar ya que es un tributo que se colocó durante la crisis de 2001 y que a más de dos décadas de existencia representó el 1,65% del PBI. “Es distorsivo porque se paga por transacción financiera y queda afuera el resto”, dijo Livtin. Así, no se cobra por volumen y eso también es desigual. En esta línea, el presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero, observó que el impuesto a créditos y débitos debe dejar de existir ya que eso implica que buena parte de la economía se mueva por fuera del sistema financiero.
Así, para la Nación no será sencillo bajar o eliminar estos impuestos que sostienen buena parte del gasto público. Para las provincias, la situación tampoco es sencilla y son las que cobran otro impuesto ultraregresivo como es IIBB. “Es el más distorsivo de todos porque se acumula en cada transacción”, comentó Livtin. El tributarista también explicó que los ingresos por este impuesto representan más del 80% para muchas provincias lo que lo hace muy complejo de bajar.
El presidente Javier Milei llega al Congreso Nacional
El presidente Javier Milei esperaría tener mayoría en el Congreso para plantear la reforma tributaria
En coincidencia, los empresarios mendocinos piden desde hace tiempo que se baje esta carga ya que pese a los intentos del Gobierno provincial, todavía es alta. Más allá del tributo en sí, la principal dificultad se encuentra en el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). Esto es porque las compañías hacen adelantos que en general no se devuelven lo que genera un pago todavía más alto de Ingresos Brutos.
“Ese es el impuesto que más pesa a los industriales porque es ultradistorsivo”, lamentó Mauricio Badaloni, protesorero 1° de la Unión Industrial Argentina (UIA). El referente agregó que el SIRCREB “es un engaño porque nadie te lo compensa”. Del mismo modo, Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), observó que lo que más perjudica a su sector no solo son las retenciones sino también el impuesto a los Ingresos Brutos, el SIRCREB y las retenciones de ganancias.
Los pedidos empresarios
La reforma tributaria fue recientemente anunciada por el ministro de Economía Luis Caputo. No obstante, el especialista César Livtin advirtió que una norma de este tipo recién podría debatirse hacia fin de año para aprobar en 2026. En estos cambios, los municipios también deberán adaptarse ya que “disfrazan de tasas verdaderos impuestos” al tiempo que descartó que se elimine el monotributo como algunos temen.
“Es muy grande la cantidad de pequeños contribuyentes que dependen de este impuesto”, observó Livtin para quien el problema es más el salto y la dificultad que implica salir del monotributo para ser responsable inscripto. La demora en cambios concretos de la estructura impositiva argentina que atenta contra el alto costo argentino no es una buena noticia para el sector privado argentino. En medio de una recuperación desigual y de la apertura de las importaciones, la mayoría reclama que se nivele la cancha para salir a competir.
“El Gobierno va a una velocidad mayor con relación a la apertura de importaciones que la que lleva para equilibrar las cargas”, observó Fabián Solís de Asinmet. Este desacople de ritmos plantea una competencia desfavorable para el sector industrial argentino. Santiago Laugero de la FEM también insistió en la necesidad de reducir el impacto impositivo que hoy es “más importante que nunca con el alto costo argentino que tenemos”.
El referente no solo se refirió a la carga del IVA sino también a los diferenciales de este impuesto en, por caso, servicios como la energía lo que genera altas distorsiones que se sufren en todos los rubros y en especial en los sectores agrícolas. En línea con Mauricio Badaloni de la UIA, Laugero opinó que este tipo de impuestos no están vinculados a los resultados. Por el contrario, están atados a la producción lo que repercute en un incremento de la economía en negro o en la demora de reinversiones que podrían hacer crecer a la economía. “Desde la Unión Industrial pedimos que se nivele la cancha para que los argentinos podamos competir en igualdad de condiciones con empresas de otros países que no tienen la carga que aquí existe”, sintetizó Badaloni.
