La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) pidió un debate profundo y un marco legal claro, moderno y adaptado a la realidad productiva actual.
Los bancos apuntan contra la Reforma Laboral.
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Ilustración Los Andes La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su respaldo a la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo Nacional para modernizar las relaciones laborales. Advirtió, no obstante, que una reforma de esta magnitud requiere un debate profundo y un marco legal claro, moderno y adaptado a la realidad productiva actual.
Desde la entidad mayorista sostienen que la actualización de las normas laborales puede contribuir a ordenar el sistema, otorgar mayor previsibilidad y reducir conflictos. En ese sentido, proponen avanzar hacia una nueva legislación laboral que contemple las necesidades de las empresas y de los trabajadores en los próximos años, con especial atención al impacto que hoy tienen los juicios laborales sobre la actividad económica.
Uno de los ejes centrales del planteo es la necesidad de revisar el sistema de actualización de las condenas laborales. CADAM propuso volver a un esquema basado en tasas bancarias que promedia tasas activas y pasivas, tal como se utilizó históricamente. Según explicaron, este mecanismo permitiría montos más razonables y previsibles para evitar saltos desproporcionados en las indemnizaciones.
En paralelo, la cámara solicitó eliminar las denominadas “cuotas solidarias” y aportes similares impuestos por los convenios colectivos. Para ello, ha impulsado la derogación del artículo 9 de la Ley 14250, que habilita contribuciones a favor de sindicatos y que, en la práctica, terminan representando un costo adicional para las empresas.
Desde CADAM advirtieron que estos cargos suelen fijarse en negociaciones donde muchas firmas no están representadas y que, además, resulta difícil controlar el destino de los fondos. Otro punto planteado por los mayoristas es que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos deben ser voluntarios y no obligatorios para los empleadores.
Asimismo, los mayoristas reclamaron que el empleador deje de ser agente de retención de aportes sindicales. En su propuesta, si un trabajador decide afiliarse a un sindicato, debería pagar su cuota directamente a la entidad gremial, que sería la responsable de la cobranza y el control, sin trasladar esa carga administrativa a las empresas.
CADAM identificó como problema central el crecimiento de los juicios laborales con montos que resultan impagables, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Según expresaron, muchas condenas judiciales ponen en riesgo la continuidad de las firmas y, en consecuencia, los puestos de trabajo.
En este contexto, la cámara manifestó su preocupación ante la posibilidad de oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación del índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC más una tasa de interés. A su entender, convertir este esquema en regla multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede derivar en el cierre de empresas, además de contradecir normas vigentes que prohíben la indexación de sumas de dinero.
Finalmente, la entidad mayorista respaldó iniciativas orientadas a reducir la litigiosidad injustificada. Entre ellas, propuso que cuando se demuestre la existencia de un reclamo exagerado o sin sustento —la llamada “plus petición inexcusable”—, las costas del proceso sean asumidas de manera solidaria entre la parte demandante y su abogado, para desalentar demandas desmedidas.
También apoyó modificaciones en el procedimiento laboral para que el avance de los juicios dependa del impulso de las partes y se pueda declarar la caducidad de instancia cuando un expediente permanece sin movimiento, evitando procesos que se extienden indefinidamente en el tiempo.