Entidades productivas alertaron por las pérdidas causadas por heladas, granizo y lluvias, y señalaron los costos crecientes y los precios estancados.
Apepro Cuyo y la Federación Nacional Campesina (FNC) reclamaron asistencia directa, créditos de emergencia y medidas para sostener a pequeños y medianos productores
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Los pequeños y medianos productores agropecuarios de Mendoza atraviesan una situación crítica por el impacto de las contingencias climáticas y el deterioro de la rentabilidad. Así lo advirtió Apepro Cuyo, que alertó sobre el riesgo de quiebras y reclamó medidas urgentes para sostener las fincas, garantizar las cosechas y evitar la salida de familias de la actividad.
En un comunicado, la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo y la Federación Nacional Campesina plantearon que las heladas tardías de fines de septiembre afectaron cultivos en floración y cuaje, mientras que las tormentas de granizo golpearon especialmente a productores del Este y el Valle de Uco. A esas pérdidas se sumaron las lluvias intensas de las últimas semanas, que complicaron las tareas en fincas frutícolas y hortícolas.
Las entidades también apuntaron al escenario económico, con precios que no acompañan los costos de producción, aumentos en insumos y servicios y mayor competencia de productos importados. En ese contexto, sostuvieron que miles de productores están al borde de la quiebra y la desaparición.
Apepro Cuyo advirtió que las lluvias recientes agravaron los problemas de la producción frutícola y hortícola. El exceso de humedad, el riesgo de enfermedades fúngicas y las dificultades para ingresar a los campos ponen en peligro las cosechas.
La situación del ajo es una de las que más preocupa a la entidad, ya que las contingencias climáticas coinciden con el inicio previsto de la recolección. Según el comunicado, una parte importante de la producción podría quedar en las chacras, con pérdidas económicas significativas.
La organización también señaló que los daños en la oferta repercuten en los precios de las hortalizas. En ese sentido, planteó una doble consecuencia: pérdidas para quienes producen y alimentos más caros para los consumidores.
En su diagnóstico, la asociación identificó tres factores económicos que, sumados al clima, presionan sobre la actividad agropecuaria: el estancamiento de los precios que reciben los productores, el aumento de los costos y la apertura de las importaciones.
Sobre este último punto, advirtió que el ingreso de productos del exterior presiona sobre los precios de la producción local y mencionó como ejemplo al vino.
El comunicado sostuvo que los costos de insumos, servicios e impuestos aumentaron de manera considerable. “En numerosos casos se han duplicado desde fines de 2023”, afirmó la entidad. Para Apepro Cuyo, esa combinación deja a los productores en una posición desfavorable: deben afrontar mayores gastos sin ingresos suficientes para compensarlos y, al mismo tiempo, competir con productos importados.
“Se pretende que quienes producimos alimentos soportemos las pérdidas, absorbamos los aumentos y comercialicemos en condiciones cada vez más desfavorables”, expresó la organización.
La entidad consideró insuficientes los mecanismos de emergencia agropecuaria vigentes. Según planteó, los procedimientos burocráticos y los alcances limitados no garantizan asistencia económica directa para afrontar las pérdidas ni cubrir los costos inmediatos.
“No alcanza con declarar una emergencia: hacen falta recursos, asistencia directa y respuestas concretas”, reclamó la asociación en el documento.
La organización advirtió que las dificultades afectan especialmente a quienes trabajan tierras alquiladas, porque deben afrontar los costos de producción sin tener la propiedad de las fincas. “Muchos arrendatarios vemos cada vez más difícil continuar produciendo”, señaló.
Frente a este escenario, Apepro Cuyo y FNC propusieron implementar un plan de emergencia agropecuaria con medidas destinadas a sostener las explotaciones y evitar nuevas pérdidas. Entre los principales pedidos se encuentran:
Asistencia económica directa para productores afectados, incluidos arrendatarios y porcentajeros.
Créditos de emergencia a tasa cero y con plazos prolongados, entre otras alternativas para financiar inversiones como la malla antigranizo.
Recursos para levantar las cosechas y evitar que la producción se pierda en los campos.
Una mesa de trabajo con productores, organizaciones y sectores vinculados con la actividad.
Medidas sobre los precios pagados al productor, para garantizar una remuneración que permita cubrir los costos y evitar la especulación de intermediarios.
Acceso al Fondo Compensador Agrícola y restablecimiento del financiamiento de la lucha antigranizo.
Apoyo a nuevas siembras y a la continuidad de los ciclos productivos.
Un plan de acceso a la tierra para productores arrendatarios.
La asociación sostuvo que está en juego la continuidad de miles de productores, puestos de trabajo y actividades vinculadas con la agricultura. “No aceptamos que la salida de la crisis sea la desaparición de quienes trabajamos la tierra y producimos los alimentos”, expresó.
