La horticultura y la fruticultura locales enfrentan un panorama “desolador”, con baja de producción y superficie. Piden soluciones conjuntas para salir de la crisis.
Productores en alerta por el consumo en baja, los costos en alza y los precios "irrisorios"
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Si uno va a la verdulería, se asombra de los precios de algunas verduras. No por lo caro, sino todo lo contrario. Por estos días, se puede conseguir un brócoli a $1.000 o dos por $1.500; un atado de acelga a menos de $400 o un kilo de zanahoria por $800. Lo que paga el consumidor final obliga a preguntarse cuánto cobran los productores por el trabajo de la tierra y la respuesta es que los valores actuales son prácticamente irrisorios.
La situación se complejiza cuando se ve que –pese a esto- el consumo va a la baja. Los productores de hortalizas, frutas y verduras de Mendoza se encuentran en un momento crítico y con gran incertidumbre por el futuro. Es que esta temporada muchos no han resembrado a la espera de mejores condiciones, otros no han podido podar y también hay quienes han bajado la cantidad de hectáreas cultivadas.
El escenario se complejiza, dado que cada vez más productores salen del sistema con la pregunta no solo de adónde irán a trabajar sino también de qué pasará con el ecosistema agrícola local. Mendoza posee uno de los cinturones verdes más importantes del país y la situación no solo golpea al sector en general, sino que también puede impactar en el largo plazo con precios más altos y calidades inferiores o productos menos frescos.
Más allá de que la vitivinicultura es el rubro agrícola más perjudicado en la actualidad, desde el sector hay coincidencia en que se vive una crisis y solicitaron una mirada integral para salir a flote. Aunque aseguraron que hay diálogo con el Gobierno provincial, reclamaron un mayor intercambio para encontrar soluciones conjuntas antes de que la caída sea irreversible.
“El problema es que va quedando menos gente que viva del campo y no sabemos adónde va a ir a trabajar”, observó Malvina Luera, de la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo -que reúne principalmente a horticultores de Maipú y de la zona Este-, quien definió el panorama como “desolador”.
Del mismo modo, Victor Giotti, presidente de la Cámara de productores de Lavalle y zona Norte de Mendoza, advirtió sobre las dificultades de sus asociados. Y Alejandro García, ingeniero agrónomo de la experimental Junín del INTA, expresó que la superficie cultivada cae. Agregó que es importante modernizar los cultivos en función de un contexto de crisis hídrica y laboral.
Malvina Luera contó que la semana pasada unas productoras de brócoli no lograron vender casi nada. “Cada paquetito de brócoli con 5 o 6 plantas costaban entre $500 y $600 y no hubo forma”, se lamentó. Ella misma, esta temporada decidió no sembrar, ya que previamente cultivó cebolla y lechuga con precios por kilo por los que no se compra ni un chupetín.
“Aunque no se siembre, igual se tiene que pagar el agua y la luz con costos que han subido por encima de la inflación y mucho más que nuestros precios de venta”, subrayó Luera.
“El desfasaje de precios y costos es tremendo e inadmisible”, reflexionó Giotti, quien comentó que esto se ve en que, por ejemplo, el año pasado el kilo de ajo se pagó 300 pesos el kilo y en las verdulerías cada cabeza se paga $1.000. En esta temporada, la tendencia de precios parece venir de la misma manera.
García expresó que los costos operativos crecieron por encima de la inflación, lo que deja a muchos productores en problemas financieros y estructurales graves.
Con relación a los precios deprimidos, los productores consultados coincidieron en que la caída del consumo ha sido el principal golpe a su producción. “La gente compra lo mínimo indispensable”, expresó Luera. A esto se suma el menor valor de muchos productos importados que depreciaron el precio de las verduras locales; en especial de tomate y zanahoria. “El problema es que no hay iguales condiciones de competencia y es difícil competir con precios”, destacó García.
Esto ha impactado en que el alquiler de las fincas ha tenido que mantener el precio o quedarse sin contratistas, por un lado. Por el otro, en el “abandono” de superficies y en el crecimiento de lo que se denomina “porcentejeros”. Es decir que los que eran “propietarios” o gerenciaban una finca, se quedan como empleados a porcentaje, con el riesgo de quedarse con las manos vacías si la cosecha es mala o no se vende, como es el caso ahora.
Victor Giotti expresó que el productor va a seguir siéndolo porque es su medio de vida y su identidad. Sin embargo, advirtió que las unidades productivas retroceden por estas razones económicas y se ve cada vez más la erradicación de cultivos. Tanto él como García coincidieron en que buena parte de la identidad mendocina está en la zona rural. Y más allá de que apoyaron la idea de fomentar otras actividades para ampliar la matriz productiva, se preguntaron acerca de qué pasará con las personas y zonas en donde la economía funciona en torno a la producción agrícola.
Frente al panorama desolador de fincas en venta o abandonadas y buena parte del campo en busca de “huir” antes de que se hunda todo, los productores solicitaron una mayor intervención del Estado. “Cuando algo afecta a muchos, ya no es un problema individual sino de todos”, opinó Giotti.
García expresó que casi todas las actividades agrícolas están complicadas, salvo algunas que tienen perspectiva un poco mejor como la ganadería y la olivicultura.
De este modo, el pedido generalizado es la implementación de medidas que permitan aliviar los problemas de rentabilidad que enfrentan las distintas actividades productivas. A la caída de la actividad y las dificultades del mercado interno se suman costos elevados y una pérdida de competitividad que, según los productores, no encuentra una respuesta suficiente en las medidas adoptadas hasta el momento en la provincia.
La principal preocupación está vinculada con los precios. Los productores sostienen que los valores que reciben por sus productos continúan deprimidos, mientras que los precios al consumidor aumentan. Esta situación genera una creciente brecha dentro de las cadenas productivas y profundiza el deterioro de la rentabilidad de quienes producen.
Ante este escenario, la cámara lavallina presentó un petitorio en el que plantearon la necesidad de comenzar a trabajar de manera conjunta sobre la situación del sector. El objetivo es generar un espacio de trabajo que permita definir respuestas y evitar que el deterioro de las actividades productivas se profundice. “No se trata de reclamar una sola medida sino de construir un conjunto de políticas que permita recuperar la actividad y mejorar las condiciones de producción”, observó Giotti.
Desde la Asociación de Productores de Cuyo solicitaron que se declare la emergencia agropecuaria y se cree una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados: productores, contratistas, trabajadores y representantes de las distintas cadenas productivas. “Esa mesa debería definir medidas concretas para sostener la producción, facilitar créditos y herramientas, poner nuevamente en funcionamiento tractores y fincas, reducir las dificultades de inversión y recuperar el consumo”, comentó Luera.
