Productores y dirigentes vitivinícolas advierten sobre costos crecientes, abandono de fincas y precios que no acompañan.
La viticultura de Mendoza y San Juan atraviesa un momento complejo, con alza de costos y precios atrasados
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La vitivinicultura de Mendoza y San Juan atraviesa una de esas etapas en las que los números de una industria pueden contar dos historias al mismo tiempo. Por un lado, Argentina conserva una posición central en el mercado internacional, la cosecha 2026 alcanzó los 18,39 millones de quintales y las exportaciones de vino acumulan hasta julio un crecimiento de 6,8% en volumen.
Por otro, la superficie cultivada continúa reduciéndose, los productores reciben precios que, según las entidades del sector, llevan años prácticamente congelados y en distintas zonas aparecen señales de abandono de fincas.
El dato estructural es contundente. Según el Informe Anual de Superficie 2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Mendoza conserva 140.682 hectáreas distribuidas en 14.371 viñedos y San Juan 38.703 hectáreas en 4.148 viñedos. Juntas reúnen alrededor del 91% de la superficie de vid del país.
Pero la comparación con una década atrás muestra otra dimensión. Mendoza tenía 158.585 hectáreas en 2016 y perdió 17.903 hasta 2025, una reducción del 11,3%. San Juan pasó de 47.533 a 38.703 hectáreas: perdió 8.830, equivalente al 18,6%. Entre ambas provincias desaparecieron, en términos de superficie registrada, más de 26.700 hectáreas en diez años.
No se trata solamente de una cuestión estadística. Detrás de cada hectárea que deja de cultivarse hay una decisión económica, una explotación que cambia de actividad, una finca que se abandona o una estructura productiva que deja de ser viable.
La cosecha 2026 terminó con 18.391.299 quintales de uva en todo el país, 8% menos que en 2025. Mendoza aportó 13.147.187 quintales y San Juan 4.097.938. El INV había anticipado esa disminución en sus estimaciones realizadas durante la temporada.
El volumen, sin embargo, no alcanza para explicar el momento que atraviesa la actividad. El problema que aparece una y otra vez en las voces de productores y dirigentes consultados es el desacople entre los ingresos y los costos.
Eduardo Garcés, productor sanjuanino, integrante de la comisión de la Federación de Viñateros de San Juan y expresidente de esa entidad, resume su diagnóstico desde seis décadas de experiencia: “La producción está en el peor momento de la historia. Yo llevo 60 años de productor y nunca hemos tenido semejante crisis”.
Garcés describe una combinación de factores: precios de la uva, menor valor del mosto, aumento de los insumos, plazos de pago más extensos, problemas de agua y abandono de fincas.
En San Juan, sostiene, la producción llegó a estar muy por encima de los niveles actuales. “San Juan llegó a cosechar en el año 74 1.230 millones de kilos de uva, y hoy día estamos llegando de casualidad a los 400”, señala. Para el productor, la dimensión del retroceso permite entender por qué la discusión ya no pasa únicamente por una temporada mala.
El informe del INV confirma que la reducción de superficie no es reciente ni coyuntural. En el período 2016-2025 San Juan perdió casi una quinta parte de su superficie vitícola, mientras Mendoza redujo más de una décima parte.
Garcés agrega otro problema: el agua. Relata que los acuíferos subterráneos están sobreexplotados y que algunos productores enfrentan pozos secos sin capacidad económica para volver a perforar. En su caso, afirma que esa situación también lo afecta personalmente.
Por eso evita hacer un pronóstico cerrado para la próxima cosecha. Una mejora en la disponibilidad de agua podría permitir recuperar plantas que vienen sufriendo, pero esa eventual recuperación no necesariamente se traduciría de inmediato en una mayor cosecha.
“Puede llegar a haber una mejora, una recuperación en las parras”, explica. Pero advierte que el resultado podría verse recién en una cosecha posterior. Al mismo tiempo, queda el interrogante sobre las fincas que directamente fueron abandonadas. “Hay muchos parrales sin podar”, asegura Garcés al describir la situación de San Juan hacia fines de agosto.
Fabián Ruggeri, presidente de ACOVI y COVIAR, coincide en que el productor atraviesa un período particularmente difícil. Su diagnóstico tiene un punto de partida concreto: “Hace ya tres años que se sostiene el mismo precio del vino, no se ha podido incrementar el precio del vino que recibe el productor”.
Mientras el ingreso primario permanece prácticamente estable, los costos no siguieron el mismo camino. Ruggeri menciona especialmente electricidad, combustibles y otros componentes de la estructura productiva.
La consecuencia es una pérdida de rentabilidad que golpea especialmente a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores.
En San Juan, Garcés describe una situación similar. Según explica, el mosto —una de las principales alternativas de destino para la producción sanjuanina— tampoco estaría permitiendo recomponer los ingresos del viñatero. Y los plazos de cobro se han extendido considerablemente.
La discusión por el precio aparece también en los documentos recientes del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Su presidente, Fernando Javier Palau, sostuvo que la vitivinicultura mendocina atraviesa un escenario caracterizado por “precios deprimidos del vino, escasas operaciones, condiciones comerciales cada vez más desfavorables” y un deterioro de las relaciones entre los distintos actores de la cadena.
El Centro reclama al Gobierno de Mendoza la utilización de herramientas como el Banco de Vinos y plantea, entre otras alternativas, un operativo de exportación de vinos a granel. Palau cuestiona que esas propuestas hayan sido presentadas y, según afirma la entidad, no hayan sido consideradas.
En otro documento firmado por Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro, la entidad profundizó la crítica y sostuvo que la crisis no se expresa únicamente en el precio, sino también en las condiciones bajo las cuales se realizan las operaciones.
Entre las situaciones que cuestiona menciona contratos o conformidades cuya copia no queda en poder del vendedor, demoras entre el acuerdo y el retiro del producto, plazos de pago que comienzan a computarse desde el retiro y renegociaciones de precios cuando el volumen ya fue comprometido.
Para el Centro, se trata de una pérdida de previsibilidad que termina trasladando el peso financiero de las operaciones hacia quien produce.
La explicación más frecuente para el deterioro del mercado vitivinícola suele comenzar por una caída del consumo de vino. Pero los datos recientes obligan a introducir algunos matices.
El INV informó que durante junio de 2026 la comercialización interna alcanzó 61,27 millones de litros, 5,8% más que en igual mes de 2025. En el primer semestre se comercializaron 343,75 millones de litros, un crecimiento interanual de 0,8%. Mendoza tuvo un aumento acumulado de 8,5%, mientras San Juan registró una caída de 52,6%.
Los datos, por lo tanto, no muestran un derrumbe general del mercado argentino durante la primera mitad del año. Hay una recuperación leve, aunque desigual.
Juan Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, rechaza directamente que la caída del consumo sea la explicación principal de la crisis argentina. “No es cierto que haya caído el consumo. Cayó más la producción que el consumo”, sostiene.
Ramos atribuye la situación a cambios regulatorios y a la desregulación de la actividad implementada por el Gobierno nacional. En particular, cuestiona la modificación de las fechas de liberación del vino y lo que considera una pérdida de facultades de control del INV.
Según su planteo, la combinación de una liberación anticipada del producto y un supuesto sobrestock habría contribuido a presionar sobre los precios. También cuestiona la información sobre existencias declaradas por las bodegas.
Estas afirmaciones forman parte de su interpretación de la situación y no deben confundirse con los datos estadísticos oficiales. El INV, por su parte, continúa publicando mensualmente las existencias de vino por color y provincia; el último informe disponible corresponde al 1 de julio de 2026.
Ruggeri introduce otra mirada. Considera que el consumo de vino efectivamente disminuyó en los países tradicionalmente consumidores, pero advierte que existen mercados nuevos donde está aumentando.
Y agrega una diferencia que ayuda a explicar por qué el mercado interno puede mantenerse relativamente estable aun cuando los hogares tienen menos capacidad de compra: “No hemos perdido consumidores, lo que hemos perdido son ocasiones de compra”.
Según su explicación, quien antes compraba cuatro botellas o cuatro envases por semana ahora puede comprar dos. El consumidor permanece, pero reduce la frecuencia o el volumen.
El frente externo ofrece otra contradicción. Durante el primer semestre de 2026 Argentina exportó 831.628 hectolitros de vino varietal, 6,5% más que en el mismo período de 2025, según informó el INV.
El acumulado general hasta julio también muestra un incremento en volumen: 1.153.847 hectolitros, 6,8% más que en los primeros siete meses del año anterior. Pero el valor FOB cayó 3,5%, hasta US$361,8 millones, y el precio medio retrocedió 9,7%, a US$3,14 por litro.
Julio fue particularmente negativo: se exportaron 129.646 hectolitros de vino, 28,7% menos que un año antes, por US$42,877 millones, una caída del 32,6% en valor. En mosto concentrado se exportaron 6.966 toneladas, 13,8% menos, por US$9,083 millones.
La fotografía acumulada es, entonces, compleja: más volumen exportado, pero menor ingreso promedio.
Ruggeri señala además otros obstáculos para la competitividad argentina. Según sostiene, la carga impositiva es superior a la de países vecinos competidores, existen dificultades para financiar preexportaciones y la Argentina enfrenta desventajas arancelarias frente a países que tienen acuerdos comerciales.
“El consumo del vino en los países tradicionalmente consumidores ha disminuido, pero hay países que no lo son y están incrementándolo, con lo cual las oportunidades siempre existen”, afirma.
La cuestión pasa entonces por si Argentina puede llegar a esos mercados con costos y condiciones que permitan que esa oportunidad se transforme en mejores precios para la cadena.
La discusión sobre las facultades del Instituto Nacional de Vitivinicultura atraviesa especialmente a los productores sanjuaninos.
Ramos reclama que el organismo recupere facultades de control sobre las bodegas y pueda verificar cuestiones vinculadas con existencias, propiedad del vino, graduación alcohólica y operaciones de maquila. “Necesitamos que el Instituto recupere las facultades de contralor de las bodegas”, sostiene.
Ruggeri coincide parcialmente con la preocupación, aunque su explicación es diferente. Afirma que el INV conserva atribuciones de control sobre el producto final, pero perdió algunas capacidades durante el proceso de elaboración.
Para el dirigente de ACOVI y COVIAR, esa modificación puede generar desventajas económicas dentro de la propia industria si permite prácticas que no sean detectadas durante el proceso productivo.
La discusión es, en definitiva, sobre cuánto control necesita una cadena que funciona con miles de productores, bodegas, elaboradores, cooperativas y comercializadores y donde el producto puede atravesar diferentes manos antes de llegar al consumidor.
La reducción de superficie no significa que toda la vitivinicultura argentina esté retrocediendo de la misma manera.
El propio informe de superficie del INV muestra transformaciones dentro de las provincias. Mendoza concentra 71,7% de la superficie nacional, pero el comportamiento es diferente según las zonas. En el Valle de Uco, por ejemplo, Tunuyán y Tupungato fueron excepciones dentro de la tendencia provincial de reducción durante la última década.
También cambian las variedades y los sistemas de conducción. El Malbec continúa siendo la variedad más extendida del país, mientras variedades tradicionales como Cereza y Criolla Grande han perdido superficie. En Mendoza, la espaldera ya tiene una fuerte presencia, asociada a la reconversión varietal y a la producción orientada a vinos de mayor valor.
San Juan, por su parte, conserva una matriz productiva más diversificada, donde tienen peso el vino, el mosto, las pasas y la uva destinada al consumo en fresco.
La pregunta que queda abierta es qué tipo de vitivinicultura sobrevivirá a esta transformación.
Garcés lo plantea desde la perspectiva de quien lleva toda una vida entre parrales. “A los que hemos sido viñateros toda la vida nos duele mucho y no queremos abandonar nuestra finca”, afirma.
Pero reconoce que el productor que tiene otras alternativas suele ser el primero en abandonar.
Ruggeri apuesta a una estrategia diferente: asociarse. “Nunca se salió solo; acá no hay milagros, esto o lo acompañamos entre todos o estamos en el horno”, resume.
Su recomendación apunta especialmente a los pequeños y medianos productores: acercarse a cooperativas, asociarse con otros productores o buscar acuerdos con bodegas cercanas.
La próxima temporada todavía no puede pronosticarse con precisión. Hay demasiadas variables abiertas: disponibilidad de agua, estado de los parrales, superficie efectivamente trabajada, abandono de fincas, comportamiento climático, precios y condiciones de comercialización.
Ruggeri estima que este año los precios podrían mantenerse cerca de los actuales y advierte que una eventual recuperación podría producirse recién si una menor producción futura genera una reducción de la oferta. Pero también aclara que se trata de una previsión y no de una certeza.
Garcés coincide en la dificultad de proyectar. La eventual recuperación de las plantas después de una mejora hídrica puede aumentar la producción, pero el abandono de fincas podría compensar o incluso superar ese efecto.
El interrogante, entonces, ya no es solamente cuánto vino producirá Cuyo. La pregunta más profunda es cuántos productores quedarán en condiciones de producirlo.
Los números del INV muestran una vitivinicultura que conserva una escala extraordinaria pero que perdió superficie de manera sostenida. Los datos de mercado muestran un consumo interno que en 2026 ofrece alguna señal de recuperación y exportaciones que todavía crecen en volumen. Las voces de los productores, en cambio, hablan de rentabilidad, costos, plazos de pago y fincas que dejan de trabajarse.
En ese cruce está la verdadera discusión sobre el futuro de la actividad. Mendoza y San Juan siguen siendo el corazón vitivinícola argentino. Pero conservar ese lugar no dependerá solamente de producir uvas y elaborar vino. También dependerá de que la cadena consiga que producir vuelva a ser una actividad económicamente posible para quienes están en el origen de todo el proceso: los productores.
El mapa vitivinícola argentino sigue teniendo un centro indiscutido en Cuyo. Mendoza registra 140.682 hectáreas de vid, equivalentes al 71,7% de la superficie nacional, mientras San Juan suma 38.703 hectáreas, el 19,7%. Entre ambas concentran más de nueve de cada diez hectáreas de vid del país.
La superficie, sin embargo, viene cayendo. Mendoza perdió 17.903 hectáreas entre 2016 y 2025, una disminución del 11,3%. San Juan perdió 8.830 hectáreas, equivalente al 18,6%. En conjunto, las dos provincias dejaron de registrar más de 26.700 hectáreas de vid en una década.
La cosecha 2026 también fue menor. Argentina obtuvo 18.391.299 quintales de uva, 8% menos que en 2025. Mendoza produjo 13.147.187 quintales y San Juan 4.097.938.
El mercado interno, entretanto, mostró una leve recuperación. Durante el primer semestre se comercializaron 343,75 millones de litros, 0,8% más que en igual período de 2025. Mendoza creció 8,5%, mientras San Juan cayó 52,6%.
En el frente externo, hasta julio Argentina acumuló 1.153.847 hectolitros exportados, 6,8% más que en igual período del año anterior. Pero el valor FOB cayó 3,5% y el precio promedio descendió 9,7%, hasta US$3,14 por litro.
El dato resume una de las principales contradicciones actuales: se puede vender más volumen sin necesariamente obtener más ingresos.
A eso se suma una transformación del consumo. El INV señala que durante el primer semestre los vinos blancos crecieron 3,8%, mientras los vinos de color disminuyeron apenas 0,2%. El organismo también publicó en julio un informe especial sobre variedades blancas y vinos blancos, en el que identifica una tendencia internacional hacia perfiles más livianos y frescos.
La estructura productiva, por lo tanto, enfrenta simultáneamente varios desafíos: menos superficie, costos crecientes, cambios en los hábitos de consumo, competencia internacional, dificultades de financiamiento y necesidad de reconversión.
La próxima temporada será una prueba para saber cuánto de esa transformación es coyuntural y cuánto ya se convirtió en una nueva estructura de la vitivinicultura cuyana.
