La Justicia ordenó el desalojo inmediato de la planta industrial de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, luego de que trabajadores permanecieran dentro del establecimiento tras el anuncio de cierre definitivo y el despido de 920 empleados.
La medida fue dispuesta por la Justicia tras constatar un ingreso con violencia al establecimiento ubicado en Virreyes.
La Justicia dispuso desalojar la fábrica de Fate en Virreyes.
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La Justicia ordenó el desalojo inmediato de la planta industrial de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, luego de que trabajadores permanecieran dentro del establecimiento tras el anuncio de cierre definitivo y el despido de 920 empleados.
La resolución dispuso la “inmediata restitución a favor de sus titulares” del predio ubicado en Almirante Blanco Encalada 3003, aunque aclaró que la medida no restringe el derecho de los trabajadores a manifestarse fuera del inmueble.
El fiscal Marcelo Fuenzalida fundamentó la decisión en la necesidad urgente de recuperar el establecimiento, tras constatar —según testimonios y registros videográficos— un ingreso con violencia alrededor de las 6.30, con rotura del alambrado perimetral, daños en accesos, ocupación de la terraza y resistencia a abandonar el lugar por parte de al menos dieciséis personas.
El conflicto se desencadenó luego de que la histórica fabricante de neumáticos Fate anunciara el cierre definitivo de su planta tras más de ocho décadas de actividad en el país. Los empleados se enteraron al llegar al establecimiento y encontrar un cartel que informaba el cese total de actividades.
Horas después, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo encabezada por Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días con el objetivo de encauzar la situación. Sin embargo, la orden judicial de desalojo profundizó la tensión en las inmediaciones, donde se desplegaron efectivos de la Policía Bonaerense.
El sindicalista Alejandro Crespo aseguró que los trabajadores no habían tenido acceso formal a la orden de desalojo y que permanecían a la espera de definiciones. La empresa, por su parte, ratificó el pago de las indemnizaciones legales y reforzó la seguridad privada ante la conflictividad.