Las áreas suman casi 6.000 hectáreas y tenían sus declaraciones ambientales ratificadas por la Legislatura. Ahora se definirá su disponibilidad.
Minería revocó dos permisos de exploración en Malargüe por falta de inversiones
Foto:
La Dirección de Minería revocó dos permisos de exploración minera en Malargüe, que comprendían cerca de 6.000 hectáreas, porque la empresa titular no acreditó el inicio de los trabajos dentro de los plazos legales. La decisión alcanza a dos áreas que ya contaban con sus respectivas declaraciones de impacto ambiental ratificadas por la Legislatura provincial.
La medida fue dispuesta mediante las resoluciones 672/26 y 674/26, firmadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal. Los permisos de los proyectos Mercedes Mariano y Mercedes North estaban a nombre de Newera Hydrogen SAS, que había recibido los derechos mediante una cesión registrada ante la autoridad minera.
“Esto pone en valor la importancia de los controles de la autoridad minera y, principalmente, el cumplimiento de las obligaciones comprometidas en las inversiones que se proponen realizar”, sostuvo Shantal al explicar los motivos de la revocación.
Las dos áreas están ubicadas en Malargüe Distrito Minero Occidental. Una comprende una superficie de 5.433 hectáreas y había sido otorgada por un plazo de 650 días. La otra abarca 487 hectáreas, con una duración autorizada de 150 días.
Los derechos fueron concedidos originalmente a Guillermo Wild Ceruzzi en noviembre de 2024 y luego transferidos a Newera Hydrogen SAS. Ambos proyectos habían obtenido sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), ratificadas por la Legislatura provincial en diciembre de 2025.
Sin embargo, la aprobación ambiental no reemplaza las obligaciones vinculadas con la ejecución de las tareas previstas. Según informó la Dirección de Minería, las actuaciones administrativas determinaron que la empresa no acreditó la instalación de los trabajos de exploración dentro del período establecido.
Shantal precisó que la revocación se produjo por la falta de acreditación de las inversiones realizadas, en particular las vinculadas con la instalación de los trabajos. “El código da un plazo de 30 días para instalar esos trabajos, y eso no se verificó, no se cumplió”, explicó.
El funcionario agregó que la normativa establece las consecuencias de no cumplir con lo acordado. “El incumplimiento de esas obligaciones genera este tipo de sanciones, que hace perder el derecho de quien detentaba y quien se había obligado a una inversión, y no la realiza”, afirmó.
Tras la revocación, se abre una nueva instancia administrativa para determinar el destino de las superficies. De acuerdo con el artículo 39 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza, se notificará a Impulsa Mendoza Sostenible SA, la empresa estatal provincial, que dispondrá de 30 días hábiles para manifestar si tiene interés en destinar las áreas a Investigación Geológica Minera o solicitarlas conforme al régimen legal vigente.
El procedimiento se vincula con las atribuciones de preferencia que contempla la normativa minera provincial. Según explicó Shantal, Impulsa deberá definir si ejerce ese derecho y, en caso de hacerlo, avanzar con el mecanismo previsto para las áreas.
Si la empresa estatal no ejerce la preferencia, o se cumplen las demás condiciones establecidas por la legislación, la Dirección de Minería avanzará con la publicación de la liberación de las superficies durante dos días en el Boletín Oficial de Mendoza.
La liberación permitirá que las áreas vuelvan a estar disponibles de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos por el Código de Procedimiento Minero.
La Dirección de Minería fundamentó la decisión en las obligaciones que deben cumplir los titulares de derechos mineros y en las facultades de fiscalización de la autoridad provincial. Los planes de trabajo y las inversiones comprometidas forman parte de los expedientes, cuyo cumplimiento debe ser objeto de seguimiento.
En ese sentido, Shantal remarcó que la obtención de los permisos y la aprobación ambiental implican compromisos que deben concretarse dentro de los plazos previstos. La falta de acreditación de las tareas exigidas puede derivar en sanciones y en la pérdida de los derechos otorgados.
