Son proyectos que están en San Juan a la espera del RIGI. Con la nueva ley, en Mendoza se harán relevamientos para tener más certezas en el sur del territorio.
La primera parte del proyecto de Vicuña podría impulsarse
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Vicuña Corp El miércoles, el Congreso aprobó la modificación de Ley de Glaciares (N° 26639), concretamente denominada de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La norma fue impulsada por el Ejecutivo nacional en el contexto del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). Entre las modificaciones que se introdujeron, una de las más importantes es que ahora serán las provincias las que se harán cargo de lo que suceda en su propio territorio.
De este modo, se ratificó la facultad de cada región en la administración de sus propios recursos, algo que antes correspondía a la Nación. La reforma traslada así las la verificación de los ambientes periglaciales y la protección de los glaciares a las provincias. La nueva ley –que todavía debe ser reglamentada- mantiene el inventario de glaciares realizado por el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Sin embargo se trata de un registro que luego será relevado y chequeado por las correspondientes áreas provinciales dentro del territorio debido a que el relevamiento original es vía satélites. Fuentes oficiales explicaron que a partir de ahora el rol de Mendoza tiene que ver con hacer estudios puntuales para conocer de manera más profunda el territorio. El inventario del Ianigla se realizó hace 10 años y es un mapa satelital que luego debe ser constatado con la realidad.
Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (Camem), destacó que la sanción de la ley implicó una ganancia para el federalismo. Desde su punto de vista, los cambios realizados otorgan mayor certeza a los futuros inversores ya que son las provincias las que realmente conocen su territorio. “Los glaciares y los glaciares de escombro son reservas hídricas estratégicas que no se discutieron, pero existía un gris que ahora será evaluado por las distintas autoridades provinciales”, comentó Pensado.
En línea, Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), puso en valor el fuerte componente federal de la nueva Ley que ratificó la facultad de las provincias en la administración de sus propios recursos. “Además, promueve una gestión que integra el conocimiento del territorio y sus comunidades”, subrayó Solís. El referente sumó que la sanción otorga estabilidad en las reglas de juego, “un motor indispensable para la creación de empleo registrado y el crecimiento de la cadena de proveedores locales”.
En este sentido, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó en el transcurso del debate de la Ley que la provincia posee de sobra capacidad de gestión y control para realizar estas investigaciones. “El objeto de protección siguen siendo los glaciares, pero es importante que no se deleguen las decisiones a un organismo científico o técnico nacional sino que deben ser las autoridades provinciales las que deben ejercer esa potestad”, dijo Latorre. La funcionaria sumó que se debe consensuar para que no haya dicotomías sino armonización de intereses ya que todavía hay mucho que no se conoce porque no está ni siquiera inventariado.
Desde el sector empresario celebraron la sanción de la norma debido a que la actualización normativa es un plus clave a la hora de dar seguridad jurídica a grandes proyectos que requieren inversiones millonarias. Guillermo Pensado explicó que por la manera en que estaba planteada la ley anterior implicaba una “ambigüedad técnica de qué se cuidaba y qué no”. En este sentido, había una zona gris que, al no terminarse estar clara limitaba, a juicio del referente, las inversiones grandes y de largo plazo.
“Cuanto mayor es la inversión y más tiempo requieren, la seguridad jurídica es clave no solo para proyectar sino también para, por ejemplo, conseguir financiamiento”, sumó Pensado. Con proyectos que pueden durar hasta 50 años, el hecho de minimizar los grises facilitará la llegada de las compañías ya que levanta una barrera bastante pesada.
“Aunque no es el único, se trata de un punto muy relevante con relación a la seguridad jurídica”, señaló Pensado. El geólogo agregó que en la actualidad hay proyectos por casi 30.000 millones de dólares a los que la reforma le quita incertidumbre. Muchos de ellos, incluso, se encuentran con el RIGI en trámite o por tramitar. “Va a ayudar mucho a esas grandes inversiones, la mayoría de las cuales se ubican en San Juan”, sumó Pensado.
El presidente de la Cámara de Empresas Mineras también explicó que se trata de montos de inversión para los próximos 10 o 15 años y que si bien las propuestas más avanzadas están en la provincia vecina, se trata de apuestas que tendrán impacto en Mendoza. “Buena parte de nuestros asociados estaban a la espera de esto ya que era determinante para que los proyectos que estaban en el RIGI pudieran dar un paso más”, relató Pensado.
El profesional adelantó que los emprendimientos mineros que se encuentran más avanzados son “José María” dentro del distrito Vicuña que –por su amplitud- estaba planificado en tres o cuatro etapas. La primera es la mencionada que está la entrada de la producción. Otro es “Los Azules”, en Calingasta, “uno de los proyectos mineros sin desarrollar más grande del mundo”, según la descripción del proyecto en su página oficial.
Otro proyecto en danza es “El Pachón”, también en San Juan, que según contó Pensado es uno de los más explorados del país ya que posee una antigüedad de unos 60 años y se encuentra en etapa de prefactibilidad. Sin embargo, explicó, los otros dos están más cercas de la etapa de producción que “El Pachón”. De hecho, se encuentran en un estadio similar al de PSJ Cobre Mendocino que comenzaría el año próximo con la construcción de la mina, uno de los momentos más álgidos de los procesos mineros en lo que a trabajo y movimiento empresario respecta.
Con relación a esto, Julio Totero –presidente de la Comisión de Minería de Asinmet- la metalurgia es proveedora durante todo el proceso de instalación de un proyecto minero como “campamentos, estructuras, módulos habitacionales y equipos de proceso”. En un contexto de baja general de la actividad en donde la capacidad instalada está a menos de la mitad, Totero sumó que en la actualidad varias empresas del sector prestan servicios para la minería en San Juan, Salta o Santa Cruz.
Un poco más cerca del territorio y según la exposición de la ministra Latorre en el Congreso de la Nación, Mendoza relegó entre 6 y 7 proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental. No porque estuvieran sobre algún glaciar sino debido a que se trataba de “territorio no explorado” y la información del Ianigla era insuficiente.
Por este motivo –y porque la ley anterior no le daba poder a las provincias- la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza debió dejarlos de lado para que el resto de los proyectos no corriera riesgo. Con relación a la reforma de la Ley de Glaciares, el presidente de Camem, explicó que antes se prohibía todo lo que pudiera estar alrededor de una zona de glaciares, pero ahora esto se delimita de manera más específica o se puede estudiar de manera adecuada.
Agregó que si bien el capítulo minero era importante, también abarcaba otras actividades ya que la norma derogada tenía un artículo sobre los residuos que incidía también en otros sectores como el turístico y la infraestructura en general. Ahora, en palabras de la ministra de Energía, la reglamentación nueva permitiría completar la información faltante de manera conjunta entre el sector público, científico y privado; en lugar de con la prevalencia de uno solo de los participantes.