El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este cuestionó la falta de medidas ante la crisis y pidió activar el Banco de Vinos y otras herramientas.
El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este cuestionó que no se estén usando ciertas herramientas, como el Banco de Vinos, para acompañar la situación compleja de la vitivinicultura
Foto:
La caída o el estancamiento de los precios del vino, las escasas operaciones y una estructura de costos que continúa en ascenso volvieron a encender las alarmas en la vitivinicultura mendocina. El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este cuestionó la falta de intervención del Gobierno frente a una crisis que, advierte, se profundiza en distintos eslabones de la cadena.
La entidad sostuvo que mientras los valores del vino permanecen deprimidos, productores y bodegas deben afrontar nuevos aumentos en electricidad, combustibles, insumos y servicios, sin que se hayan producido reducciones en la carga tributaria municipal, provincial o nacional. A este escenario sumó dificultades financieras y un deterioro de las relaciones comerciales, que estaría trasladando buena parte del costo de la crisis hacia quienes venden uvas, vinos o mostos.
Para el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, el problema ya no es solamente la falta de nuevos instrumentos para enfrentar la crisis, sino la decisión de no utilizar los que Mendoza ya tiene disponibles. En ese sentido, puso en el centro del debate al Banco de Vinos, creado como una herramienta para intervenir ante desequilibrios del mercado.
"Si el Gobierno considera que este instrumento ya no resulta necesario, debería explicarlo y promover su modificación o derogación", planteó la entidad. Pero mientras la legislación continúa vigente, consideró legítimo preguntarse por qué no se activa frente a las actuales condiciones de precios y comercialización.
El sector recordó además que hace más de un año presentó propuestas que, según afirmó, todavía no fueron consideradas. Entre ellas mencionó la puesta en marcha de un operativo para impulsar la exportación de vinos a granel y la activación del Banco de Vinos.
El planteo apunta a que la Provincia adopte una mirada integral sobre la actividad y utilice, adapte o complemente las herramientas financieras y económicas existentes para corregir las asimetrías que atraviesan a la cadena.
El comunicado también cuestionó las prioridades de la agenda provincial. "Entendemos que la Provincia priorice el desarrollo de los sectores de la energía, la minería y el petróleo. No cuestionamos esas políticas", aclaró el Centro. Sin embargo, sostuvo que la vitivinicultura, una actividad que históricamente estructuró la economía y el territorio mendocino, parece haber quedado relegada.
Pero la preocupación de la entidad excede el bajo precio que recibe el vino. En otro comunicado, el Centro advirtió sobre un deterioro en la calidad de las relaciones comerciales dentro del mercado vitivinícola y sostuvo que se están normalizando prácticas que generan mayor incertidumbre para vendedores de vino, mosto y uvas.
Entre las situaciones señaladas figuran contratos o conformidades de los que el vendedor no conserva copia, demoras entre el acuerdo y el retiro efectivo del producto, y plazos de pago que comienzan a correr recién desde ese retiro y no desde la celebración de la operación.
También cuestionó la aparición de exigencias de análisis, certificaciones u otros requisitos no previstos inicialmente, así como la renegociación de precios cuando el vendedor ya tiene comprometido el volumen.
Para la entidad, el funcionamiento de un mercado no depende únicamente de la oferta y la demanda. La confianza, la buena fe, la previsibilidad y el respeto por los acuerdos también forman parte de las condiciones necesarias para que las operaciones se desarrollen con equilibrio.
Según el comunicado, hoy la incertidumbre está reemplazando a la previsibilidad y el peso financiero de las operaciones termina recayendo, de manera sistemática, sobre una de las partes: quien debe enfrentar costos crecientes mientras espera concretar el cobro de su producción.
En ese punto, el Centro rechazó la idea de que las asimetrías puedan quedar reducidas a un simple "problema entre privados". A su entender, cuando determinadas prácticas se generalizan y profundizan los desequilibrios del mercado, la discusión también involucra al Estado y a su capacidad de intervenir o generar condiciones para transparentar las relaciones comerciales.
El reclamo también incorpora una dimensión social y territorial. La entidad advirtió que cuando una actividad rural atraviesa durante períodos prolongados una pérdida de rentabilidad, se reduce la inversión, se deterioran las explotaciones, cae la capacidad de generar trabajo y se debilita el arraigo en las zonas productivas.
En departamentos donde los robos rurales representan una preocupación recurrente, el Centro planteó además que el deterioro económico de las comunidades aumenta su vulnerabilidad. Aclaró que no existe una relación directa entre el bajo precio del vino y el delito, pero remarcó que un territorio productivo, habitado y económicamente activo también funciona como un factor de prevención y seguridad.
"La vitivinicultura no es solamente vino. Es producción, empleo, familias, empresas, territorio y arraigo", resumió la entidad al insistir en su pedido de medidas.
Para el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, "cuando el Estado tiene herramientas, conoce el problema y decide no utilizarlas, ya no estamos frente a una falta de instrumentos. Estamos frente a una decisión política de no intervenir".
