La norma establece que podrán constituirse hipotecas divisibles sobre inmuebles afectados a proyectos que prevean su futura división en propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios o subdivisión de parcelas del dominio común.
El Gobierno reglamentó las hipotecas divisibles para impulsar el crédito: de qué se tratan
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El Gobierno Nacional reglamentó la implementación de las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios, una medida que busca fomentar el crédito, dinamizar el sector de la construcción y reducir el déficit habitacional en la Argentina. La disposición fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 2/2025 de los Ministerios de Economía y de Justicia, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La norma establece que podrán constituirse hipotecas divisibles sobre inmuebles afectados a proyectos que prevean su futura división en propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios o subdivisión de parcelas del dominio común.
Gracias a esta medida, cualquier persona podrá acceder a un crédito hipotecario a largo plazo para financiar la compra de una propiedad en desarrollo —lo que comúnmente se conoce como "compra en pozo"— o de un lote en un barrio, incluso antes de que se concrete la subdivisión del terreno. De este modo, se igualan las condiciones de financiación con las de una propiedad ya terminada, facilitando el acceso a la vivienda desde las etapas iniciales del proyecto.
Según la resolución, podrán constituirse hipotecas divisibles sobre inmuebles que estén libres de gravámenes, o cuyos gravámenes sean reconocidos por el acreedor; que cuenten con un proyecto urbanístico aprobado; y cuyo acto constitutivo contemple la posibilidad de dividir tanto el crédito como la garantía hipotecaria. Además, se habilita la posibilidad de ceder, securitizar, integrar a fideicomisos financieros o emitir letras hipotecarias en base a dichas garantías, conforme a la legislación vigente.
La falta de este tipo de hipoteca había sido identificada como un obstáculo importante para el desarrollo inmobiliario, ya que limitaba la oferta de propiedades hipotecables y dificultaba el financiamiento de obras futuras por parte del sector privado.
En paralelo, el Gobierno también reguló la hipoteca sobre el derecho real de superficie, permitiendo garantizar créditos sobre el derecho a construir o edificar en un terreno —ya sea sobre la rasante, en vuelo o en el subsuelo—, siempre dentro del plazo de duración del derecho de superficie.