Los demandantes por la expropiación de YPF rechazaron el pedido de la Argentina para suspender el discovery y denunciaron una estrategia dilatoria para evitar sanciones y un eventual desacato.
Bulford pidió a la jueza no frenar el expediente y Argentina considera apelar.
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Los demandantes en la causa por la expropiación de YPF, Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, rechazaron el pedido de la República Argentina para suspender el proceso de "discovery" (búsqueda de pruebas) posterior al juicio y las acciones vinculadas a un eventual desacato, mientras se tramita una apelación.
La Argentina presentará el 19 de febrero sus argumentos para rechazar las sanciones solicitadas por los demandantes. Luego de esa réplica, la jueza Loretta Preska quedará en condiciones de resolver si frena o no el avance del proceso.
El Gobierno sostiene que la presentación de una declaración jurada sobre las reservas de oro del Banco Central forma parte de su defensa de la inmunidad soberana, en el marco del intento por suspender el discovery solicitado por Burford Capital. Además, apeló la sentencia de US$ 16.100 millones, calificando de hostigamiento los pedidos de información sobre funcionarios y activos.
En respuesta, los demandantes presentaron una carta ante Preska en la que rechazaron el pedido de suspensión, al considerar que no cumple los criterios legales y constituye una maniobra para evitar sanciones. Señalaron que la conducta del Gobierno, con retrasos e incumplimientos, justifica negar cualquier postergación.
También afirmaron que la República no tiene derecho a un nuevo stay, ya que en pedidos anteriores no cumplió con las condiciones impuestas por el tribunal, como ofrecer garantías o solicitar una revisión expedita.
Según los demandantes, la Argentina no satisface los requisitos fijados por el precedente Nken v. Holder, ya que no demuestra probabilidad de éxito en la apelación ni daño irreparable, y perjudica a la contraparte al interrumpir la búsqueda de bienes embargables, como el oro del BCRA.
El Gobierno rechazó las acusaciones de dilación y sostuvo que el proceso se volvió “insólito y desproporcionado”. Tras la réplica argentina, será la jueza Preska quien defina si concede o no la suspensión, con la posibilidad de que el caso vuelva a ser elevado a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.