Viticultores y productores hortícolas marchan desde Acceso Este al centro mendocino. Entregarán uva y hortalizas para exponer la crisis de rentabilidad.
Productores reunidos en San Martin marcharán hasta Casa de Gobierno en reclamo de mejores precios para su producción.
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Productores reclaman respuestas urgentes al Gobierno provincial.
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Productores vitícolas y del arco hortícola se concentraron en Acceso Este y Costa Canal Montecaseros para iniciar una movilización hacia la Ciudad de Mendoza. La consigna fue clara: regalar uva, frutas y hortalizas a los vecinos para mostrar, con hechos, la brecha entre lo que cobran en la finca y los precios finales de góndola. La acción incluyó, además, la entrega de una nota al gobernador con pedidos consensuados entre distintos sectores productivos.
La escena buscó visibilizar una crisis que, según los productores, se profundizó en los últimos dos años. “Estamos en una situación límite. La viticultura fue quedando de lado”, resumió Ángel Alfano, productor de uva con seis hectáreas. En diálogo con este medio, describió un panorama de incertidumbre total: “No sabemos el precio, no sabemos nada. Se habla de que vale menos que el año pasado, cuando ya se pagó como el anterior. Veníamos rengueando y ahora andamos de rodillas”, graficó.
Alfano cuestionó la idea de responsabilizar a las bodegas por la crisis. “Hay bodegueros muy honestos. Al bodeguero chico también le cuesta poner en marcha una bodega”, sostuvo, y advirtió que ya se registran cierres de establecimientos. Para el productor, la falta de previsibilidad impacta directamente en la decisión de cosechar: “¿Hay uva? ¿Se va a cosechar? No se sabe”.
La movilización fue definida por los organizadores como una marcha pacífica. “No es una protesta en el sentido tradicional; es ir a regalar lo que producimos. Si está barato, lo regalamos”, explicó Ángel Castro, otro de los productores presentes. El objetivo fue “poner el problema en el centro” y lograr que alguna autoridad “atienda con voluntad de solución”.
Castro detalló que los precios actuales no cubren los costos y que el escenario era previsible. “Esto se pudo haber paliado con medidas oportunas. Nosotros lo advertimos hace un año. Hablamos con el Ministerio de Producción en febrero del año pasado y de nuevo en octubre. No hubo resultados”, dijo. Según explicó, hoy se menciona como salida un operativo de compra estatal de uva o mosto, pero aclaró que no es lo que piden: “Queríamos soluciones de fondo antes de la cosecha. Ahora ya es tarde”.
Uno de los datos que más preocupa es la posibilidad de no cosechar. Castro lo explicó con números: “El INTA estimó que producir un kilo de uva cuesta alrededor de 400 pesos. Hoy nos ofrecen 170 o 180. Para cosechar y acarrear tenemos que poner plata de nuestro bolsillo y después cobrar apenas el 30% de lo invertido. El desfasaje es enorme”. Por eso, señaló, “no cosechar empieza a ser una opción que muchos evalúan, aunque a nadie le guste”.
La consecuencia directa es el abandono de fincas, un proceso que, según los productores, se repite año a año. “En una fábrica, cuando no vende, apaga la luz y cierra. Nosotros no tenemos una planta que parar: lo único que podemos hacer es despedir gente y abandonar la finca”, describió Castro. A su entender, ya existe un porcentaje significativo de viñedos abandonados o mal trabajados, con impacto social y territorial.
La baja participación también fue tema de reflexión. “Hay productores que están muriendo de pie. Es muy indignante tener que salir a explicar algo tan obvio: que un trabajo honesto no se reconoce y encima hay que decírselo a alguien que está sentado en una oficina”, expresó Castro, visiblemente emocionado. Esa indignación, sostuvo, explica por qué muchos no se movilizan pese a la gravedad del momento.
La nota entregada al gobernador —según adelantaron— incluye pedidos para mejorar la previsibilidad, revisar mecanismos de formación de precios y atender la rentabilidad primaria, además de advertir sobre el impacto laboral y el riesgo de mayor abandono productivo si no hay respuestas en el corto plazo.
En el escrito dirigido al Alfredo Cornejo, los productores expresaron “suma preocupación” por la crisis que atraviesa la vitivinicultura mendocina y advirtieron que los precios actuales de la uva “no solo no alcanzan a cubrir los costos reales de producción, sino que colocan a miles de productores en un escenario de quebranto económico directo”. En ese contexto, alertaron que la falta de rentabilidad los empuja a tomar decisiones “extremadamente dolorosas”, como dejar sin trabajo a contratistas y obreros rurales, con un impacto social grave en las comunidades vitivinícolas.
De manera indirecta, el documento remarca que la situación económica del sector se volvió insostenible y que, sin intervención, el deterioro productivo y laboral continuará profundizándose. Por eso, los productores solicitaron “de manera urgente una reunión” con el gobernador para exponer en forma directa el escenario actual y reclamar una intervención activa del Gobierno provincial.
“Consideramos imprescindible una intervención del Gobierno de Mendoza que permita tonificar el precio de la uva, generando condiciones mínimas de rentabilidad”, señalaron en el texto, donde también propusieron la conformación de una mesa de diálogo que incluya a productores, bodegas, industria, comercialización y al Estado. El objetivo, explicaron, es preservar el empleo rural y garantizar la continuidad de la actividad.
En uno de los pasajes más enfáticos, el petitorio subraya que “la vitivinicultura no es solo una actividad económica: es identidad, trabajo, arraigo territorial y desarrollo social para Mendoza”, y advierte que hoy enfrenta “un riesgo real de colapso” si no se toman medidas en el corto plazo. Con ese mensaje, los productores cerraron el pedido reclamando “acompañamiento, intervención y gestión política” para evitar un quiebre definitivo del sector.