Ajuste fiscal: Nación ahorrará 549.500 millones de pesos por pagar menos subsidios

El ahorro del 0,78% del PIB será entre septiembre de este año y diciembre de 2023. La poda principal pasará por electricidad y gas. En el AMBA pagarán más también por el agua potable.

Los funcionarios brindaron los detalles en el ministerio de Economía.
Los funcionarios brindaron los detalles en el ministerio de Economía.

La quita de subsidios que anunció el Gobierno de Alberto Fernández este martes equivale a unos 549.500 millones de pesos entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, según los precios actuales.

El monto de dinero que se ahorrará el Estado nacional es equivalente a 4.060,444 millones de dólares (según el tipo de cambio mayorista de 135,33 pesos de este martes) y alcanza el 0,78% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el acuerdo por la deuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había exigido una reducción del 0,6% del PIB en subsidios a la energía para 2022. Como la segmentación se habrá demorado ocho meses hasta su implementación, el impacto será de solo 0,18% del PIB este año y se alcanzará el 0,6% en 2023.

No obstante, en aquel acuerdo redactado en el verano argentino el FMI ya contemplaba que existían “incertidumbres importantes y riesgos alrededor de este escenario teniendo en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas y la evolución de los precios de energía a nivel mundial”, por lo que se admitían desviaciones de la meta.

El ajuste, sector por sector

Los datos sobre cómo será el ajuste fueron presentados por la secretaria de Energía, Flavia Royón; el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti; el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; Cecilia Garibotti, subsecretaria de Planificación de Economía; y la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini.

AYSA presta el servicio de agua potable y cloacas en 26 partidos del gran Buenos Aires y la Capital Federal, donde residen unos 14,7 millones de personas. Pero sus tarifas están intervenidas directamente por los subsidios que el Estado nacional paga a través del Tesoro a la zona más populosa del país.

Royón dijo que el ahorro del Estado en energía eléctrica y gas es 47.500 millones para lo que resta de 2022 y de 455.000 millones de pesos para 2023.

Esos montos son muy superiores a lo que inicialmente preveía ahorrar el Estado con el plan del ahora ex ministro de Economía Martín Guzmán, dado que entonces se proyectaba que solo el 10% de los usuarios pasara a pagar tarifas plenas, porque así se acordó con el FMI.

Ahora, con el plan Sergio Massa, nuevo jefe de Economía, el precio plano será afrontado por aproximadamente el 30% de los usuarios del país.

Galmarini dijo en tanto que en agua se ahorrarán 2.000 millones de pesos en 2022 y 45.000 millones de pesos en 2023. La cuenta total alcanza los 549.500 millones de pesos.

Con este ahorro, el Gobierno nacional se encamina a cumplir con la meta de déficit fiscal del 2,5% para 2022 y del 1,9% para 2023, con la idea de alcanzar una zona de equilibrio fiscal en 2024, según lo acordado con el FMI.

Cuando en marzo el board del FMI terminó de dar luz verde al acuerdo de refinanciación de la deuda, los directores del organismo multilateral instaron a Guzmán -quien estaba al frente de Economía- a encarar una paulatina quita de subsidios, lo cual tuvo una fuerte resistencia del kirchnerismo al punto de terminar generando la renuncia del funcionario el 2 de julio.

En aquel momento, los directores pidieron reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades estructurales de larga data de Argentina. Hicieron hincapié en la importancia de fortalecer el mercado de deuda en pesos; mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de sectores clave, incluida la energía, y promover la inclusión laboral y de género.

Los directores del FMI subrayaron la necesidad de fortalecer el clima de inversión eliminando gradualmente las distorsiones económicas y proporcionando un marco regulatorio más predecible, incluso en sectores estratégicos. También pidieron mejorar la gobernanza, incluso impulsando la eficiencia y la transparencia del gasto público.

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