Al cumplirse exactamente un año de la oficialización del acuerdo de Facilidades Extendidas por US$20.000 millones, el equipo económico se prepara para una instancia decisiva en su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno busca la aprobación de la segunda revisión para recibir US$1.000 millones, en un escenario de éxito fiscal pero con metas de reservas incumplidas y una abultada agenda de vencimientos.
Kristalina Georgieva junto a Luis Caputo.
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X / @KGeorgieva Al cumplirse exactamente un año de la oficialización del acuerdo de Facilidades Extendidas por US$20.000 millones, el equipo económico se prepara para una instancia decisiva en su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El próximo 14 de abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington para participar de las reuniones de primavera del organismo y del Banco Mundial, con el objetivo primordial de cerrar la segunda revisión del programa.
El balance del primer año muestra un desempeño dispar frente a las metas pactadas. Por un lado, el Gobierno cumplió con creces el objetivo fiscal, alcanzando un superávit primario cercano al 1,4% del PBI en 2025, superando la meta original del 1,3%.
Sin embargo, la acumulación de reservas quedó por debajo de lo previsto, lo que obligará al Ejecutivo a solicitar un waiver o perdón ante el organismo. Para subsanar esta situación, el Banco Central ya puso en marcha un plan destinado a reforzar las reservas en unos US$10.000 millones durante este año.
La aprobación de esta segunda revisión es urgente por dos motivos centrales:
El frente financiero se presenta desafiante, ya que la Argentina debe afrontar vencimientos por cerca de US$4.420 millones en los próximos meses. El cronograma incluye pagos significativos de US$799,5 millones en mayo, seguidos de obligaciones que promedian los US$800 millones en agosto, septiembre y noviembre, para cerrar el año con un último pago en diciembre.
Además de las negociaciones técnicas, la agenda de Caputo en Estados Unidos estará marcada por la coyuntura internacional. Las reuniones de este año están atravesadas por el impacto de la guerra en Medio Oriente, conflicto que el FMI ha calificado como una amenaza global debido a la presión alcista sobre los precios de la energía. En este marco, el organismo ha instado a los gobiernos a adoptar medidas para contener estos efectos en sus economías locales.
Tras alcanzar el acuerdo técnico, se espera que el directorio del FMI dé la validación final en un plazo de entre dos y cuatro semanas, siguiendo la tendencia de revisiones anteriores. Para el Gobierno, acelerar este proceso es vital para sostener la estabilidad macroeconómica y aliviar la presión sobre las cuentas públicas en un año de fuerte carga de deuda.