Dos vacantes encienden la polémica en la Cámara Federal de Apelaciones

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por un par de vacantes que están disponibles desde que renunciaron dos magistrados. 

Actualmente la integran cuatro jueces efectivos: Juan Ignacio Pérez Curci (presidente), Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Alberto Pizarro y Alfredo Porras. Una de las vacantes está disponible desde enero de 2018, cuando se jubiló Juan Antonio González Macías; y la otra desde marzo de este año, tras la renuncia de Olga Pura Arrabal (que apuró su jubilación por los cambios en la legislación).

Para el cargo de González Macías el Consejo de la Magistratura ya tomó exámenes escritos y orales, pero todavía no arma la terna. A la espera de este proceso hay abogados y empleados de la Justicia Federal que buscan ascender en la carrera judicial y que ante la renuncia de Arrabal, esperan que la nueva vacante se acumule para duplicar sus chances de ser juez de la cámara. 

Para sumar más condimentos al tema, en marzo el juez Roberto Julio Naciff pidió el traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza N° 2 a la Cámara de Apelaciones, con lo que disparó un reguero de críticas en su contra. En primer lugar, los detractores de Naciff piden que se respete el concurso en marcha y que se acumulen las vacantes; en segundo lugar, aseguran que no es el juez natural porque entiende en materia penal pero no en el resto de los casos que atiende la cámara de apelaciones. 

Por ahora, ese traslado también está frenado en el Consejo de la Magistratura, que ayer debía debía decidir si le daba curso o no pero finalmente el representante del Poder Ejecutivo Nacional pidió una postergación de una semana para tratar el tema.

Concurso o traslado

Actualmente, los cuatro jueces de la Cámara Federal de Apelaciones están efectivos por concurso. Quiere decir que pasaron por todas las instancias que establece la ley para ocupar el cargo. 

Para acceder por concurso hay que rendir dos exámenes: uno escrito y otro oral. Esas pruebas dan un puntaje, los antecedentes (artículos publicados, posgrados, experiencia laboral) dan otro puntaje y con esos números se arma un ránking. Los mejores promedios pasan a una entrevista personal con los miembros del Consejo de la Magistratura y de allí se arma la terna. 

Esos tres nombres llegan al Ministerio de Justicia de la Nación y el Presidente es quien tiene la última palabra eligiendo solo a uno. Después pasa al Congreso para que la designación tenga acuerdo del Senado. Recién ahí el postulante que ganó el concurso puede acceder al cargo. Ese proceso puede durar hasta cinco años.

Los traslados también están regulados por la ley desde el año pasado. Primero se hace el pedido, el Ejecutivo Nacional da su conformidad, la Cámara (en este caso la de apelaciones de Mendoza) debe dar su opinión. Si todos los miembros están de acuerdo con la llegada de un nuevo juez designado por traslado, el pedido pasa al plenario del Consejo de la Magistratura. El magistrado que pidió el traslado debe alcanzar 9 votos favorables de 13, para que finalmente pase al Congreso para conseguir el acuerdo del Senado con mayoría simple (la mitad más uno).

Los que están en contra del traslado de Naciff aseguran que si se cumplen todos los pasos dispuestos por la legislación, es muy poco probable que avance porque la primera negativa saldría de la misma cámara, donde no están a favor de estas prácticas que se utilizaron hasta hace muy poco tiempo cuando solo se requería la aceptación del Consejo para efectivizar un traslado.

Un tribunal convulsionado

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hace tres décadas, al menos, que vive inmersa en el conflicto. Por ella pasaron Otilio Romano y Luis Miret, destituidos, juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad en el megajuicio que terminó en julio de 2017.

También fue juez de esa cámara Carlos Pereyra González, que renunció al ser acusado de presenciar las torturas sufridas por una joven en San Luis. 

Todo esto generó vacantes que en un primer momento se resolvieron con jueces subrogantes (como Roberto Naciff y Héctor Cortés) mientras se terminaban los concursos.

Finalmente, en octubre de 2017 quedó integrada con la jura de Olga Pura Arrabal, Ignacio Pérez Curci, Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Porras. Más el presidente de la cámara, Juan Antonio González.

Esta misma cámara fue la que quedó envuelta en la controvertida designación de la pareja del senador Julio Cobos, Natalia Obón, como secretaria. Tema que quedó en la nada después de que la abogada renunciara al nombramiento.