La causa del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, presenta más demoras en la definición del juez de garantías. Los defensores respaldaron al juez Escot.
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, imputado por amenazas en contexto de violencia de género
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Prensa Gobierno La causa por violencia de género contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, tiene varios frentes abiertos a la vez y uno de ellos es la resolución final sobre la situación de la conjueza María Jimena González Pina. Es que la magistrada fue recusada por la querella y un Tribunal Penal Colegiado debe definir si continúa interviniendo en el expediente o si finalmente es apartada.
Sin embargo, ni siquiera ese cuerpo judicial logra terminar de conformarse. De los tres jueces sorteados a principios de mes para resolver el planteo, solo uno permanece en funciones luego de que dos magistradas decidieran inhibirse.
Los jueces María Belén Salido, Eleonora Arenas y Mauricio Juan habían sido designados para analizar la situación de González Pina. Pero la defensa de D'Agostino, integrada por los abogados Eduardo De Oro y Daniel Sosa Arditi, recusó a Salido en medio de acusaciones escandalosas.
La magistrada rechazó inicialmente ese planteo, aunque posteriormente decidió apartarse de la causa por "violencia moral", luego de denunciar ante la Suprema Corte de Justicia a su colega Rafael Escot por la filtración de chats de un grupo de WhatsApp integrado por jueces del Tribunal Penal Colegiado N°1.
Ahora se produjo una segunda baja. La jueza Eleonora Arenas, quien anteriormente había sido recusada por la querellante María Elena Quintero cuando intervenía como jueza de garantías, resolvió también inhibirse del expediente.
Según explicó en su presentación, la decisión responde a una situación de "violencia moral" derivada de la creciente presión mediática alrededor del caso.
En su escrito de inhibición la jueza Arenas sostuvo que el expediente atravesó un "lamentable devenir institucional y mediático" y que la exposición pública alcanzada por la causa terminó afectando la percepción de imparcialidad necesaria para continuar interviniendo.
La magistrada señaló particularmente publicaciones periodísticas que, según afirmó, pusieron en duda su idoneidad para ejercer la magistratura e incluso expusieron cuestiones personales y familiares de "extrema sensibilidad".
Arenas aseguró que esas notas periodísticas afectaron su honor y reputación, y sostuvo que la situación configura una forma de violencia mediática, vinculándola además con antecedentes personales relacionados con hechos de violencia de género.
La jueza recordó que anteriormente había rechazado una recusación promovida por la querellante porque entendía que no existían motivos objetivos para apartarse del expediente. Sin embargo, afirmó que la aparición de nuevas circunstancias y el nivel de exposición pública obligaron a realizar una nueva evaluación del escenario.
Pese a ello, aclaró que no advierte motivos relacionados con la querella, la defensa o los integrantes del tribunal que comprometan su independencia.
No obstante, consideró que las circunstancias externas generadas alrededor del expediente pueden afectar la confianza pública en la imparcialidad judicial, razón por la cual resolvió inhibirse y solicitó la realización de un nuevo sorteo para completar la integración del tribunal.
En paralelo, la defensa de D'Agostino presentó un extenso escrito en respuesta a las manifestaciones realizadas por la jueza María Belén Salido al momento de apartarse del caso. Allí no solo defendió la utilización de los chats filtrados, sino que además reivindicó el accionar del juez Rafael Escot, actualmente cuestionado por haber difundido conversaciones privadas de magistrados.
En el documento al que tuvo acceso Los Andes, los abogados Eduardo De Oro y Daniel Sosa Arditi sostuvieron que la incorporación de las capturas de pantalla al expediente no constituye una conducta ilícita ni para quien las remitió ni para quienes las presentaron en el proceso.
Según la defensa, Escot actuó correctamente al revelar las conversaciones del grupo de WhatsApp una vez que tomó conocimiento de expresiones que, a su criterio, evidenciaban una animadversión hacia D'Agostino por parte de algunos integrantes del Poder Judicial.
Los letrados afirmaron que el magistrado se encontraba ante un "dilema moral" y que la propia legislación habilitaba la revelación de esos mensajes por existir una causa justificada vinculada a la garantía constitucional del juez imparcial.
Además, remarcaron que los mensajes nunca fueron negados por la jueza recusada y sostuvieron que la discusión no pasa por la autenticidad de los chats, sino por el contenido de las expresiones vertidas en ellos. Para la defensa, esas conversaciones demostrarían que existía una predisposición negativa hacia D'Agostino que no había sido exteriorizada formalmente.
En ese sentido, argumentaron que tenían la obligación ética y profesional de poner esos elementos en conocimiento de la Justicia para resguardar los derechos de su defendido y rechazaron cualquier acusación relacionada con una supuesta utilización indebida de información privada.
También cuestionaron la decisión de Salido de inhibirse antes de que un tribunal resolviera la recusación en su contra. Según plantearon, esa decisión impidió que otros magistrados analizaran si efectivamente existían causales de apartamiento.
Con las inhibiciones de María Belén Salido y Eleonora Arenas, el Tribunal Penal Colegiado que debe resolver la situación de González Pina quedó prácticamente desarmado y será necesario realizar nuevos sorteos para completar su integración. Para esto no hay plazos definidos aún, pudo saber Los Andes.
La situación agrega un nuevo capítulo a una causa que ya acumula recusaciones cruzadas, inhibiciones, denuncias administrativas y cuestionamientos internos dentro del Poder Judicial.
Todo ello mientras continúa abierta la polémica por el rol desempeñado por el juez Rafael Escot, denunciado ante la Suprema Corte por la presunta filtración de chats privados de magistrados.
La Sala Administrativa de la Corte, integrada por el presidente Dalmiro Garay y los vicepresidentes Omar Palermo y Julio Gómez, deberán decidir si lo sancionan o piden que intervenga el Jury de Enjuiciamiento. En contrapartida podrían archivar la denuncia de Salido también.