Solemos pensar que en esta época de hiperconectividad e información al alcance de un click es difícil que algo quede completamente oculto. Pareciera que ciertos acontecimientos de hace 70 años ponen esta certeza en cuestión.
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Solemos pensar que en esta época de hiperconectividad e información al alcance de un click es difícil que algo quede completamente oculto. Pareciera que ciertos acontecimientos de hace 70 años ponen esta certeza en cuestión.
Poca gente, incluso abogados y abogadas, saben que en 1949 la Constitución Nacional Argentina fue modificada en forma sustancial, que esa Constitución fue derogada en el año 1956 por un Gobierno militar y que nuestro Poder Judicial y casi todos nuestros académicos y políticos han guardado al respecto el más prolijo silencio, convalidando hasta ahora el resultado de la más extrema violencia política.
Pero lo que tal vez casi ningún mendocino o mendocina sepan es que junto con esa Constitución Nacional en ese mismo año nefasto, 1956, se derogaron dos Constituciones de la Provincia de Mendoza. Si leyó bien, dos.
Resulta que nuestra Provincia durante casi un año, desde abril de 1948 a marzo de 1949, discutió una reforma a la Constitución Provincial, siguiendo todos los pasos institucionales y democráticos a tal fin (durante una de las poquísimas épocas democráticas de nuestra historia patria). En esa discusión participaron grandes personalidades masculinas de nuestra provincia de todas las orientaciones políticas con representación popular, incluyendo entre otros a Ángel Bustelo y Benito Marianetti. De allí salió un texto que superaba y modernizaba el ya para entonces arcaico texto de 1916. Pero la historia no terminó allí.
Casi en simultáneo, mientras se aprobaba el nuevo texto constitucional de Mendoza también se juraba el texto de la nueva Constitución Nacional, el cual habilitaba a las Legislaturas provinciales por única vez a adecuar los textos de las Constituciones Provinciales a las nuevas disposiciones de la Constitución Nacional. Fue así que la Legislatura de Mendoza procedió a introducir nuevas reformas al texto recientemente sancionado, cumpliendo estrictamente con la norma suprema de nuestro país.
Vale la pena recordar que estas reformas mejoraron significativamente, entre otras cosas, el régimen de aguas de la Provincia, establecieron herramientas de intervención estatal para la regulación del régimen económico y financiero de las fuerzas productivas de la Provincia, regularon un régimen específico de la Salud Pública y dispusieron un sistema de representación igualitario en el Senado por sección electoral.
En particular se destaca la notable mejora del sistema de autonomías municipales pasando de un sistema de división departamental político rígido, como el actual, a uno basado en la realidad sociológica de cada lugar, permitiendo la creación de municipios no sólo en la capital, Ciudad o Villa cabecera de cada departamento sino que también en todo centro poblado de más de 8 mil habitantes y en los centros urbanos de distrito ubicados a más de cien kilómetros del asiento de la Comuna departamental y que cuenten con 1500 habitantes ¿Cuántas comunidades que hoy son consideradas parte de un departamento que no se ocupa adecuadamente de sus necesidades podrían autogobernarse y ejercer todo su potencial democrático?
Pero, sectores antirrepublicanos, antidemocráticos y violentos derrocaron al Gobierno democrático de Juan Perón en el año 1955, previo bombardear a la población civil y dejar un tendal de cientos de muertos y heridos. A los pocos meses, en el año 1956, por un bando militar dejaron sin efecto la Constitución Nacional, y el Interventor de facto de Mendoza ordenó dejar sin efecto la Constitución reformada en el año 1949, que en realidad eran dos Constituciones, una reformada en marzo de 1949 y otra reformada en junio de ese mismo año.
Esta atrocidad ha sido callada por nuestra sociedad, por nuestros políticos, por nuestros periodistas y por nuestros jueces ¿Cómo es posible que no traigamos a debate su vigencia efectiva? ¿Es nuestra Constitución aquella de 1916 o estas de 1949? ¿No es entonces más necesario que nunca encarar la reforma de nuestra Constitución Provincial si ni siquiera sabemos cuál es nuestra Constitución vigente?
Quizás la violencia y el atraso que hoy sufrimos algo tenga que ver con nuestra historia oculta, tal vez.
Hoy las Universidades y los principales referentes deciden callar y actuar como si nada hubiera ocurrido, por algo será.
Cabeza abajo, pies arriba, atados al igual que las manos apretadas contra la espalda, muy golpeadas, las dos juntas, vejadas y enterradas a varios metros de la superficie están estas, nuestras dos Constituciones reales de Mendoza.
Aún vivas esperan que, quizás, alguien se anime a desenterrarlas.