Foto:
Desde sus inicios, los procesos de acreditación en educación han estado asociados a bondades y defectos. Es innegable que se ha ido creando, de algún modo, una cultura de transparencia pública, ya que estamos enterados de las bases en las que se sustentan los sistemas de educación superior, los criterios que se establecen para compararse las universidades que tienen respetabilidad nacional e internacional y las que no logran lo mínimo de lo que se puede denominar ética pública.
Además, se ha ido confirmando lo que se ha sabido desde que fueron creadas: hay universidades históricas que siempre lo han hecho bien y que en su seno han formado científicos, intelectuales, literatos, médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, docentes, sociólogos, periodistas, por nombrar algunos; así como hay universidades más nuevas que desarrollan proyectos de alto nivel académico.
Habíamos leído sobre los problemas del sistema de acreditación norteamericano. En él se han detectado algunas instituciones que incluso manipulan los datos de inserción laboral para satisfacer a los acreditadores y la generación de formas para disfrazar el lucro o para usarlo como herramienta de legitimidad pública. También se ha detectado que ciertos acreditadores han sido contaminados con algunos escándalos debido a que su aprobación es un requisito para recibir ayuda federal para los alumnos.
En Chile, la crisis de la acreditación de las universidades ha significado que quien presidió la Comisión Nacional de Acreditación haya sido encarcelado por soborno y cohecho, junto a dos ex rectores de dos universidades privadas creadas hace pocas décadas. Lo paradójico es que una autoridad pública de la Nación, del máximo nivel, sea co-propietario de una institución de educación superior que no obtuvo la acreditación y además se haya cuestionado una universidad privada de la que es propietaria su familia, por lo que los fiscales están examinando las posibles relaciones con quien dirigía la Comisión de Acreditación.
Se está buscando una salida a este grave problema, que afecta la fe pública de las universidades. Se ha formado una comisión a nivel del gobierno en la que confluyen allí no sólo miembros del Ministerio de Educación y expertos en el área de educación superior, sino también representantes de todos los sectores que deben someterse a la acreditación (universidades, centros de formación técnica e instituciones), así como quien administra el sistema.
No obstante, el problema radica en el hecho de que todos son representantes de algún sector que requiere acreditación, por lo que hay un conflicto de interés evidente.
Precisamente, este ha sido uno de los grandes problemas de los procesos de acreditación, los conflictos de interés. Se observa a nivel internacional que los llamados al cambio vienen con la creciente evidencia de que la mayoría de los organismos de acreditación están mal equipados para controlar el rápido crecimiento con fines de lucro de algunas universidades que tienen decenas de pequeños campus en todo el país y decenas de miles de estudiantes; u otras que multiplican los alumnos de determinadas carreras más allá de lo que requiere un país, afectando seriamente los ingresos de los egresados al momento de buscar empleo, y por supuesto, su empleabilidad.
Por otra parte, se carece de serios proyectos de investigación que verifiquen los datos que se declaran: programas de docencia, infraestructura, plantas docentes, inserción laboral, etc. Así, en muchos casos, las visitas de los acreditadores han resultado insuficientes. Las organizaciones de acreditación se basan en un cuerpo voluntario de revisores que no tienen la autoridad legal para llevar a cabo investigaciones reales. Es indudable que el problema es sistémico y se observa una obsesión con el proceso mismo de acreditación, abrumado por exigencias normativas.
Algunas posibles conclusiones indicarían que es el Estado el que tiene que garantizar la transparencia de sus universidades, públicas y privadas, evitando el lucro con un valor tan noble como la educación, lo que no significa necesariamente rechazar los proyectos de universidades privadas, dado que desde el momento que las ha autorizado las asume como parte de la plataforma de formación de profesionales y científicos.
Por otra parte, es urgente profesionalizar al más alto nivel los equipos ocupados del tema, generando una agencia que sea autónoma y con las mayores capacidades para investigar el acontecer de los procesos de acreditación y simplificar las exigencias normativas, colocando el énfasis en la acreditación de los proyectos culturales y científicos de las universidades: su capacidad para formar científicos, para generar innovaciones, para hacer cambios en la formación de profesionales, para dar respuesta a los desafíos del país en materia de cultura, ciencia y tecnología, para actuar en el contexto de las universidades que a nivel internacional han alcanzado los máximos niveles de excelencia.
Por supuesto, dicha agencia debe ser supervisada por el Ministerio de Educación, ante el que debe dar cuenta de manera permanente, así como al Parlamento.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de diario Los Andes.
