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La celebración por el Día Nacional de la Energía, el 3 de julio pasado, nos encontró a los argentinos, y en particular a los mendocinos, espectadores de una importante discusión que mantiene la Nación con las provincias productoras de hidrocarburos en torno de un proyecto de ley que modificaría el régimen legal actual en la materia, con afectación directa de las potestades estaduales reconocidas constitucionalmente.
El argumento central reside en que, desde YPF, se ha señalado que la intervención de las provincias constituye una verdadera interferencia en la actividad, en particular frente al desarrollo de los recursos no convencionales. Coherente con esta posición es que la principal petrolera del país estuvo deliberadamente ausente en el último proceso licitatorio de Mendoza.
Esta situación, como otras tantas dentro de esta industria, nos muestra una trayectoria errática, con mucha improvisación, y donde el juego de prueba-error ha sido moneda constante.
Las inversiones en materia petrolera demandan fundamentalmente certidumbre en los marcos normativos. La sanción de una Ley de Hidrocarburos integral no es una necesidad coyuntural. Desde hace mucho tiempo los distintos sectores han señalado la necesidad de un esfuerzo legislativo que armonice definitivamente, y en el marco de un proyecto de país, el régimen de dominio y explotación de los hidrocarburos en todas sus líneas (upstream-downstream).
Nuestra historia nos muestra ejemplos de una fuerte debilidad institucional expuesta constantemente a la discrecionalidad de los gobernantes impidiendo la generación de esa confianza necesaria para que esta ley, o cualquier otra ley, y por supuesto nuestras instituciones, garanticen el desarrollo de esta industria en todo su potencial.
Estudios recientes han señalado pérdidas millonarias en concepto de regalías sufridas por las provincias a raíz de la política de precios marcadamente populista fijada por el gobierno nacional perdiendo de vista que los hidrocarburos son recursos no renovables, por lo que aquellos dineros que no se devengaron y cobraron por este concepto no tienen posibilidad de recupero en el futuro.
Lo mismo en el sector de los biocombustibles en donde la reciente modificación del régimen de retenciones evitó que una industria floreciente a escala mundial colapsara por la caprichosa política aplicada desde el Ministerio de Economía con fuertes discusiones en el seno del gabinete nacional.
Los propios gobernadores petroleros muestran también hoy falta de coherencia, ya que aun estando frente a un problema común a todas las provincias, cada uno ha salido a la cancha mostrando protagonismos diferentes con un marcado liderazgo del gobernador de Neuquén, muy firme en sus convicciones y con conceptos claros de lo que se debe reclamar y defender, frente a otros mandatarios como los de Tierra del Fuego, Santa Cruz y algunas otras provincias con posiciones anodinas, como mirando más el calendario político 2015 que la propia realidad.
Es claro que nuestra falta de apego a la institucionalidad ha generado dificultades a la hora de implementar políticas de Estado y de largo plazo que susciten confianza en nuestro país.
No son sólo las provincias petroleras las responsables de que las inversiones se concreten o no. Todos debemos comprometernos en el esfuerzo de recrear un marco de estabilidad de nuestras instituciones que genere la confianza necesaria que impida volver a afrontar innecesarias circunstancias como las que estamos viviendo.