Foto:
El papel del Congreso, sobre la reestructuración de la deuda externa en cesación de pagos, desde que se inició en 2004 el proceso de negociación con un decreto del presidente Néstor Kirchner, ha sido más bien pálido. No sólo porque el oficialismo le ha dado un rol secundario sino también por la falta de propuestas alternativas de los principales partidos de la oposición.
El inminente debate de la ley de pago local, enviada por la Casa Rosada para esquivar la maraña de obstáculos dispuestos por el juez Thomas Griesa que impiden a la Argentina cumplir con sus compromisos con los tenedores que sí aceptaron los canjes en 2005 y 2010, es un nuevo elemento que viene a comprobar la debilidad de un Parlamento que, por mandato constitucional, es quien debería resolver las cuestiones respecto de la deuda exterior.
Cuando Kirchner decidió iniciar el canje de 2005, lo hizo con un decreto, el 1735/04, que no le dio participación al Congreso. El Parlamento sí votó, en aquella oportunidad, la denominada "Ley Cerrojo", para asegurar, a los tenedores de títulos en default que quisieran entrar al canje, que nadie más podría hacerlo una vez finalizada la operación. En 2010, la secuencia fue parecida pero no idéntica. Hubo un nuevo decreto -el 563/2010-,pero como ya estaba vigente la Ley 26.122 que dispone que los DNU deben tener al menos el visto bueno de una de las dos Cámaras, dicho instrumento firmado por Cristina Fernández fue convalidado por el Senado.
También en esta ocasión existió una reapertura de la "Ley Cerrojo" sancionada por las dos Cámaras para permitir, a los bonistas que no habían entrado, ingresar a la operatoria. Aunque ambos canjes sumaron 92,6% de aceptación, el 7,4% restante rechazó las condiciones de la reestructuración y decidió esperar.
Algunos fueron al tribunal de Griesa a litigar y son los que hoy complican la situación de la Argentina porque obtuvieron una sentencia favorable y también que el juez dispusiera la amañada interpretación del pari passu por la cual el Tesoro argentino no puede pagar a los bonistas reestructurados sin pagar al mismo tiempo a los holdouts. La razón por la que hoy la Argentina está en un default no voluntario es justamente por esta maliciosa aplicación del concepto de tratamiento igualitario.
¿Qué hicieron el Gobierno y el Congreso para revertir esta situación antes de que la sentencia de Griesa fuera convalidada, primero por la Corte de Apelaciones y luego, al desistir de tratar el tema, por la Corte Suprema de Estados Unidos? Aportaron mensajes en apariencia bien intencionados, como la segunda reapertura de la Ley "Cerrojo" votada en setiembre de 2013 (la 26.886), pero que dieron más argumentos a la Justicia estadounidense para desconfiar de la Argentina.
Estos mismos argumentos se repiten en la nueva norma en debate. Sucede que la Ley 26.886, sancionada para "seducir" a la Corte estadounidense demostrándole voluntad de pago del Estado argentino también para con los holdouts, dispuso en su artículo segundo que el fallo de Griesa (ya ratificado por la segunda instancia con duros términos en contra del ex ministro Hernán Lorenzino y de la propia presidenta Cristina Fernández por decir que no se les pagaría jamás a los buitres), no iba a ser cumplido.
"Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto 563/2010 (el segundo canje)", dice el artículo. Es decir que fue el propio Congreso quien mandó a decir a la Justicia norteamericana que el fallo de Griesa iba a ser incumplido y que había una ley para asegurarlo.
Si hoy se consulta a legisladores opositores que levantaron la mano en setiembre de 2013, el argumento que blanden es que lo que se buscó con esa reapertura del "cerrojo" por tiempo indeterminado fue "cuidar al 92,6% que habían aceptado el canje". Pero nadie se hace cargo de haber dejado por escrito, en el artículo dos, semejante desafío no sólo a Griesa sino a toda la Justicia norteamericana, a la que la Argentina cedió jurisdicción de su deuda desde la dictadura.
Es así como partidos que como el PRO ahora dicen que hay que sentarse a negociar con los buitres y cumplir la sentencia de Griesa, antes votaron una ley que se expresó en sentido contrario. La UCR, hoy reticente a aprobar la ley de pago local porque dice que el fallo de Griesa dispuso una "ilegítima e ilegal obstrucción", también sancionó la norma que aseguró al magistrado que su fallo no se iba a respetar. Lo curioso es que ahora legisladores de ambas fuerzas denuncian el "desacato" que lleva implícito la ley de pago soberano.
¿Y la cláusula RUFO? Es parte de los contratos-prospectos que cada tenedor de deuda reestructurada tiene en su poder y la misma asegura a cada uno de ellos que el Estado argentino no podrá hacer una mejor oferta a los holdouts hasta diciembre de este año. Es decir que esta cláusula tiene menos tiempo de validez que la ley que el Congreso votó en 2013 -allí la reapertura del canje fue por tiempo indefinido. En los últimos tres meses, la RUFO pasó a ser parte del vocabulario de oficialistas y opositores, quienes se retuercen tratando de adivinar los alcances de desoírla si se cumpliera con el fallo de Griesa.
Lo paradójico es que son estas mismas voces las que habían dado a los bonistas reestructurados, nada menos que por ley, la certeza de que no sólo hasta diciembre de este año sino "indefinidamente" el Estado argentino no ofrecería a los holdouts mejores condiciones que las que se dispusieron en ambos canjes.
¿Por qué un tenedor de títulos reestructurados no podría ir a un tribunal extranjero, no sólo al de Griesa, a exigir el cumplimiento total de la deuda negociada, si Argentina pagara en 2015 a los buitres -cuando la RUFO haya expirado- si tienen una ley como la 26.886 votada por el Congreso? Es una pregunta difícil de responder incluso para los opositores, que hasta ahora venían acompañando la estrategia de la Casa Rosada. Por decisión del Poder Ejecutivo y del Legislativo, la Argentina quedó así atada a desoír el fallo (sin dudas, injusto y amañado) del juez neoyorquino porque esto quedó dispuesto en una ley del Congreso.
Ahora, la oposición -radicales, el PRO y el peronismo disidente- se apresta a rechazar hoy miércoles la ley de pago local en el Senado pero lo hará con argumentos débiles, porque -como dijimos- fueron estos mismos partidos los que el año pasado votaron una ley que dispuso la imposibilidad de cumplir con el fallo de Griesa. Por eso es que esta vez los razonamientos a los que se echa mano son más políticos que técnicos.
La UCR no acepta convalidar "el fracaso" del kirchnerismo en la negociación con los buitres y mucho menos el canje de 2010, observado en la Justicia por supuesta corrupción del Gobierno en el diseño de la reestructuración (Amado Boudou aparece vinculado a la consultora que armó la logística a nivel internacional, a través una larga serie de correos electrónicos donde recibió consejos de dicha consultora para hacer la operatoria).
El PRO pretende que se le pague a los holdouts, sin decir cómo evadir las consecuencias de incumplir la RUFO y la ley 26.886.
Sólo el massismo, sin referentes en el Senado, presentó en Diputados una propuesta alternativa que cambia el lugar de pago de Nueva York a París, fuera de las garras de Griesa. Ayer, con buenos reflejos, el kirchnerismo decidió incluir a Francia como "segunda plaza" en el proyecto que hoy votará el Senado.
La instrucción se las dio Carlos Zannini a los legisladores K en una reunión que duró más de dos horas.
En cuanto a la centro-izquierda hay, al menos en el socialismo, Proyecto Sur y Unidad Popular, la decisión siempre permanente de rechazar la reestructuración de una deuda que no fue repudiada por el Congreso pese a haber sido nacionalizada por la dictadura.
La proposición de Adolfo Rodríguez Saá y de la UCR de abrir ahora una comisión que investigue la legitimidad de la deuda externa fue también escuchada por el Gobierno, que ayer instruyó a sus senadores incorporar una Bicameral al proyecto que hoy tratará la Cámara Alta para satisfacer las demandas opositoras.