Uno de los problemas crónicos que registra la economía argentina está vinculado con las erogaciones de las cuentas públicas, por una parte, y con la calidad del gasto, por otra. El problema es que hemos venido registrando un aumento de las erogaciones y una pérdida de calidad en las mismas.
Por supuesto, estas expresiones se toman en forma general y no se contemplan algunos bolsones excepcionales que pudieran existir. Es que en realidad la ineficiencia es tan generalizada que es difícil encontrar sectores o lugares que pudieran marcar la contra cara.
Un clásico de esta ineficiencia está en las obras públicas. En la gestión kirchnerista han sido particularmente importantes los montos pagados que estuvieron involucrados en negociaciones extrañas entre empresarios y funcionarios. Las denuncias acerca de empresarios ligados al poder en adjudicaciones de obras públicas en Santa Cruz (que fue la jurisdicción más beneficiada), o las del vicepresidente con la empresa Ciccone para la impresión de billetes, son algunos de los ejemplos más resonantes.
La justicia, después de mucho tiempo, acaba de hacer viable una investigación penal por la acción de la empresa alemana Siemmens con funcionarios del gobierno de Carlos Menem por la confección de los DNI. La misma justicia que hace una semana sobreseyó a todos los imputados por el caso de coimas en el senado en ocasión del tratamiento de la ley de flexibilización laboral.
La cantidad
Las cantidades gastadas siempre han ido en crecimiento, hasta en épocas de estabilidad. En esas ocasiones se justificaba el incremento en el crecimiento y en épocas flojas se justificaba en la necesidad de una presencia activa del Estado.
Un rubro complicado es el de las transferencias. Entre Nación y provincias, están regidas por el sistema de coparticipación, que es tan complejo que muy pocas personas están en condiciones de comprenderlo pero que tiene algunas cosas que lo distinguen. En el año 1997, siendo Domingo Cavallo ministro de economía, se firmó un pacto fiscal por el cual las provincias le cedían a la Nación el 15% de la masa total coparticipable para ayudar al financiamiento del Anses y el Pami.
En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner prorrogó el acuerdo en forma unilateral por un decreto de necesidad y urgencia. Pero, mientras tanto, a las provincias se les transferían diversos servicios de educación y salud los fondos no siguieron el mismo camino. Al principio, les mandaba un porcentaje y luego se transformó en una suma fija, que la inflación no alcanza a financiar ni el 30% de los gastos reales.
Por ello, en la actualidad, los fondos girados a las provincias no llegan al 30% de todo lo que le ingresa al Estado nacional. Es que en la Nación pusieron las retenciones a las exportaciones, que no son coparticipables. Incluso, el impuesto al cheque, del que solo se coparticipa el 20%. El gobierno se niega a tomarlo a cuenta de ganancias porque debería coparticiparlo en su totalidad.
Todo esto sirvió para alimentar un sistema de gastos que, al principio de la gestión de Néstor Kirchner permitía tener superávit ya que la macro devaluación agilizó las exportaciones y la actividad industrial y generó nuevos empleos, con lo cual rápidamente aumentaron los ingresos. Néstor no fue probo en materia de gastos, solo fue hábil en manejar los ingresos para que le diera superávit, pero aumentando la presión fiscal.
La relación entre provincias y municipios atraviesa por situaciones similares. Las transferencias son una parte importante del gasto provincial, pero la cantidad de funciones que han debido asumir los municipios exceden lo que pueden hacer con sus magros presupuestos.
Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, es desde hace diez años el hombre que maneja el mayor presupuesto destinado a construcción de infraestructura. El hombre, con una impronta ideológica propia de los Kirchner, apuntó a que la inversión en obras de energía debía ser hecha por el Estado y no por los privados y se han hecho algunas centrales nuevas pero está visto que no alcanza.
En paralelo, decidieron congelar los precios de la energía para cubrir las diferencias con subsidios. A su vez, les congelaron el ingreso a las distribuidoras mientras les exigen hacer inversiones. En los últimos seis años, el monto de las inversiones fue equivalente al 25% del total de subsidios. Lo que se consiguió es quedarse sin luz y con un gasto desbordado. Y ahora que deben pensar en retirar los subsidios están al borde un ataque de nervios.
El aumento del gasto no tiene parangón ni lógica pero, además, siguió el ritmo de la inflación real, mientras desde el Indec decían que no había inflación, por lo que computaban crecimiento real del gasto compatible con un crecimiento ficticio de la economía.
La calidad
La calidad del gasto es también muy discutible y quizás el mejor ejemplo sea el destinado a acción social. Tanto es así que el primer Ministerio de Bienestar Social fue creado en un gobierno militar y, luego, los gobiernos democráticos los siguieron con diversos nombres como Acción Social, Desarrollo Social y otros que terminaron consolidando una burocracia de la pobreza.
Lo que no se entiende es que si ha disminuido en realidad la cantidad de pobres e indigentes, por qué se aumentan las plantas de esos ministerios y sus presupuestos, lo que se repite en provincias y municipios. Si hay menos pobres, deberían disminuir las ayudas para esos destinatarios, aunque uno termina pensando que los presupuestos son para beneficio de los burócratas y no de los pobres.
El tema de los subsidios en las tarifas de servicios públicos es otra cuestión de debate. Mientras pagamos fortunas para importar gas desde Bolivia y traer barcos de gas licuado para alimentar las redes, el cual luego vedamos a tarifa subsidiada, hay una gran cantidad de argentinos que no tiene gas de redes y deben recurrir a la garrafa, cuyo costo es 300% más caro.
Razonablemente, era más lógico gastar plata en construir redes, porque, además, sería una decisión más inclusiva, ya que las garrafas son consumidas por la población de menor poder adquisitivo.
Un reciente informe del Indec acerca de la Distribución funcional del ingreso, muestra cómo desde el Poder se administran recursos en forma discrecional. Tomado sobre la base de las presentaciones en el sistema previsional, surge que, medido hasta el tercer trimestre del año, el estado nacional había generado 24.000 empleos con un sueldo promedio de más de $ 31.000 por mes.
Según el informe, el salario promedio de la economía fue de $ 8.000 y el dato del sector público surge por aproximación ya que el sistema no discrimina por actividad ni por organismo pero el incremento del gasto salarial y la masa de empleados actualizada da estos valores, que muestra claramente el desborde del gasto consistente con la incorporación de una generación de funcionarios que, dado el salario del empleado medio del estado nacional, deben tener ingresos por encima del los 50.000 pesos.
Las tablas muestran que los nuevos puestos de trabajo se concentraron en tres sectores; personal civil de las Fuerzas armadas y de Seguridad, con el 44% y un salario bruto promedio de $ 8.800; organismos descentralizados, el 22% con un salario bruto promedio de $ 21.000 pesos y las empresas públicas con un 15% y una retribución bruta media de $ 18.500.
El desborde se da por todos lados. Es razonable bajar subsidios para sincerar tarifas pero no lo es manteniendo estos niveles de salarios públicos que son una burla para toda la sociedad.
