Una nueva presentación ante la Dirección de Personas Jurídicas apunta contra la conducción de la Liga y describe transferencias por casi 130 millones de pesos hacia empresas vinculadas a la familia de su presidente, Omar Sperdutti.
Omar Sperdutti (centro), presidente de la Liga Mendocina
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Gentileza: La situación en la Liga Mendocina de Fútbol atraviesa uno de sus momentos más delicados. Este miércoles se incorporó una nueva denuncia ante la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) que profundiza las sospechas sobre el manejo de los fondos de la entidad y apunta directamente a su presidente, Omar Sperdutti, y a su entorno familiar.
La presentación fue realizada por el exsecretario de la Liga, David Berbel, con patrocinio del abogado Claudio Morán, y está respaldada por extractos bancarios, actas societarias y horarios precisos de transferencias. Según el escrito, se habría montado un esquema sistemático de desvío de recursos del fútbol mendocino hacia empresas privadas controladas por la esposa y los hijos del titular de la institución. El monto total bajo sospecha ronda los 130 millones de pesos.
La denuncia se apoya en tres núcleos centrales que, de confirmarse, comprometerían no solo a la conducción de la Liga sino también a sus órganos de control interno.
El primer eje de la presentación pone el foco en la firma DHP60 SAS, cuya gerente titular es Sonia Elisabeth González, esposa de Sperdutti. De acuerdo a la documentación aportada ante la DPJ, desde la cuenta oficial de la Liga Mendocina en el Banco Santander se realizaron transferencias millonarias hacia esa sociedad sin respaldo contable ni autorización registrada en actas del Consejo Directivo.
Los movimientos detallados incluyen tres operaciones concentradas en menos de dos semanas: dos giros de cinco millones de pesos realizados el 14 de octubre de 2025 -uno por la mañana y otro por la tarde- y una tercera transferencia de once millones el 24 de ese mismo mes. En total, se habrían transferido 21 millones de pesos a la empresa administrada por la cónyuge del presidente.
Estos datos surgen de informes bancarios incorporados en el expediente P-64.845/25, tramitado ante la Fiscalía 40 de delitos no especializados, y fueron aportados por los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán.
El segundo capítulo de la denuncia eleva de manera considerable el volumen económico bajo análisis. En este caso, la lupa está puesta sobre TRANSOSGUI S.A., una sociedad anónima cuyo paquete accionario y directorio están en manos de Hernán Emmanuel y Daiana Ruth Sperdutti, hijos del presidente de la Liga.
Según consta en la presentación judicial, basada en informes solicitados por la Fiscalía en el expediente P-25.906/25, desde febrero de 2025 se detectó un flujo constante de dinero desde las cuentas de la Liga hacia esta empresa familiar. Entre las operaciones señaladas figuran una transferencia de 30 millones de pesos, otra de 8,3 millones y una tercera por 70 millones.
El total de fondos transferidos a TRANSOSGUI S.A. ascendería a 108,3 millones de pesos. Al igual que en el caso de DHP60 SAS, el denunciante sostiene que estas erogaciones no figuran en los libros contables ni fueron tratadas por el Consejo Directivo, lo que podría configurar una administración fraudulenta de los recursos aportados por los clubes afiliados.
El tercer eje de la denuncia apunta a explicar cómo este esquema habría operado sin objeciones internas. El escrito sostiene que los organismos encargados de fiscalizar la gestión económica de la Liga estarían integrados por personas con vínculos directos con las empresas beneficiadas.
Uno de los señalados es Federico Omar Alexis Rosales, quien figura como integrante de la Junta Electoral de la Liga, pero que al mismo tiempo se desempeñaría como gerente suplente de DHP60 SAS. El otro nombre clave es el del contador Oscar Omar Rosales, miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, quien -según la denuncia- actúa desde hace más de dos décadas como representante técnico de TRANSOSGUI S.A.
La presentación remarca que esta doble pertenencia no solo genera un evidente conflicto de intereses, sino que además violaría el Estatuto de la Liga, que exige que los integrantes del Tribunal de Cuentas sean propuestos por los clubes fundadores, condición que no se cumpliría en este caso.
La nueva denuncia se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre el manejo de la “caja” de la Liga Mendocina. Días atrás se conoció otra presentación ante la DPJ que puso en discusión un fuerte aumento en los costos que deben afrontar los clubes, entre ellos el valor de los fichajes, que fue elevado a 80 mil pesos por jugador.
Con un padrón cercano a los 10 mil futbolistas, la medida generó una recaudación millonaria en un corto plazo, sin que -según los denunciantes- existan informes claros sobre su destino. A esto se agregó la polémica por la obligatoriedad de realizar los aptos médicos únicamente con dos prestadoras privadas, ATTIMO y MEBNA, dejando sin validez certificados de obras sociales y prepagas.
En actas oficiales, Sperdutti justificó esos convenios exclusivos argumentando que el 40% de lo recaudado retornaba a la Liga. La hipótesis que ahora comienza a investigarse es si parte de esos ingresos habría sido canalizada hacia las empresas de su entorno familiar mediante el esquema de triangulación denunciado.
Con los nuevos elementos incorporados, la Dirección de Personas Jurídicas deberá evaluar si el cúmulo de irregularidades detectadas -falta de balances aprobados, desvío de fondos y conflictos de interés- amerita una intervención directa en la entidad que rige el fútbol mendocino.
El informe previo de la DPJ, elaborado a comienzos de enero, ya advertía sobre serias falencias administrativas. La ampliación de la denuncia, ahora respaldada con movimientos bancarios concretos, acelera los tiempos de una definición política que podría marcar un punto de inflexión en la conducción de la Liga