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Diputados de la oposición brasileña presentaron a la Procuración General un pedido de investigación contra la presidenta Dilma Rousseff por el supuesto delito de maniobras fiscales prohibidas por ley en Brasil. Tales manejos consistirían en atrasar transferencias del Estado a bancos oficiales para mejorar el balance de las cuentas públicas. Esta demanda vino a reemplazar otra que, con el tiempo, se mostró inviable: el juicio político. Y su objetivo central es “conformar” a sus propias bases”.
El senador Aécio Neves, presidente del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), admitió que el juicio político a Dilma “no cuenta con el ambiente necesario” para ser aprobado en el Parlamento. Por ese motivo los “tucanos”, que lideran al conjunto de los partidos opositores, basados en una opinión de un conocido jurista, Miguel Reale, decidieron optar por el camino de una investigación de métodos utilizados por el gobierno de Dilma para supuestamente disimular el tamaño del déficit fiscal. A eso, en Brasil, le llaman “pedaleada fiscal” y, de acuerdo con ese especialista, sería un delito por infringir la ley de responsabilidad fiscal.
Los partidos que firmaron la demanda son el PSDB, el derechista Dem (Demócratas), el ex comunista PPS y Solidaridad, una agrupación conducida por el dirigente y diputado federal Paulo Pereira.
Quien recibió el pedido fue el titular de la Procuración, Rodrigo Janot. Los opositores dijeron al procurador que pretenden que abra una acusación formal para entonces ser presentada como acción penal ante la Corte Suprema. Alegaron, en su presentación, que la presidenta brasileña “como responsable por la administración superior, permitió realizar operaciones de créditos que están prohibidas para pagar gastos del Tesoro que luego no eran contabilizados”.
Sólo un "mecanismo" fiscal
Según el gobierno de Dilma, no existieron tales irregularidades. Recordó también que esos “mecanismos” fiscales “ya fueron usados por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, durante su gobierno” (1995-2002).
El pasado abril, el Tribunal de Cuentas consideró que el Gobierno incurrió en un delito por haber usado fondos de los bancos públicos para mejorar los resultados de las cuentas del Estado en esos años, aunque el responsable por la investigación, el magistrado Jose Múcio, descartó que las irregularidades fueran cometidas de mala fe.
Desde la victoria de Rousseff en las elecciones del último mes de octubre, varios sectores de la oposición trataron de promover la apertura de procesos de esta naturaleza, atizando el descontento en la población por el escándalo de corrupción en Petrobras y el empeoramiento de la economía.
En las protestas callejeras realizadas en los pasados meses de marzo y abril también hubo grupos que demandaron la destitución de Rousseff, pero la Cámara de los Diputados -el órgano encargado de tramitar este tipo de pedidos- rechazó todas las propuestas presentadas en este sentido.
La estatal agencia ABR señaló que el Planalto no se pronunciará sobre la denuncia, mientras la fiscalía analiza las variantes que tiene ante la presentación: archivarla por considerar que no existen elementos suficientes; abrir una investigación para recoger más pruebas; o directamente ofrecer una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia.
Aunque la Corte termine decidiendo investigar a la presidenta, se necesita el respaldo de dos tercios de Diputados para iniciar la acción contra Rousseff, un número que parece imposible de lograr para la oposición.
