Finalmente la cordura parece haber primado en el Gobierno argentino. Esto es lo que se desprende del discurso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció ayer desde el Monumento a la Bandera, en Rosario, ya que expresó que su administración tiene voluntad de negociar con los holdouts y pidió al juez Thomas Griesa que suministre "condiciones justas" para el país, es decir que se avenga a aceptar otro modo de pago de los 1.350 millones de dólares que el magistrado ordenó, al Estado argentino, pagar a los fondos buitres en una sola cuota.
Para ser más explícita, la jefa de Estado aclaró: "Nosotros queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Queremos cumplir con el 92,4% que aceptó los canjes de 2005 y de 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron.
Sólo pedimos que nos generen condiciones de negociación justas, de acuerdo con la Constitución de Argentina, con las leyes internacionales y con los contratos que también firmamos como país con ese 92,4% de nuestros acreedores" (contratos que tienen la cláusula RUFO, que vence a fin de año, que impide al Gobierno ofrecer mejores condiciones de pago a los holdouts).
Ayer, la Presidenta buscó cambiar la situación de confrontación con Griesa y los fondos buitres que ella misma instaló el lunes por cadena nacional al criticar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no rever los fallos de primera y segunda instancia de la Justicia norteamericana a favor de los holdouts.
En cuatro días, montado sobre un espiral de ira, el Gobierno habló primero -el lunes- de "extorsión", un día después -el martes- ratificó su estrategia de cambiar la sede de pago de los bonos reestructurados para escabullirse de los embargos dictados por Griesa (algo que no hizo más que motivar a la Justicia de EEUU a apresurarse a levantar la cautelar que frenaban dichos embargos) y, al otro día -el miércoles- advirtió mediante un comunicado de Economía que no pagará el próximo 30 a los bonistas que entraron al canje (asumiendo así que está dispuesto a entrar en default técnico con el grupo mayoritario de tenedores para no pagar a los buitres). Ya el jueves, la Casa Rosada anunció que no enviará a Nueva York la semana entrante una comitiva negociadora. Pero ayer la Presidenta depuso la pirotecnia verbal y dio indicios de que sí tiene una estrategia negociadora y que no está sólo movida por las emociones.
La decisión de negociar con los fondos buitres, que no es otra cosa que pagarles lo que dice la sentencia de Griesa, genera incomodidad en un gobierno que estuvo tentado toda la semana de transformar la puja judicial con los holdouts en una causa nacional para hacerse fuerte en la opinión pública local, emulando las primeras gestas nacionalistas del justicialismo como aquella que se sintetizó en el slogan "Braden o Perón" (de hecho ayer la militancia kirchnerista realizó actos bajo la consigna "Patria o Buitres").
Del discurso de Cristina de ayer puede colegirse que la mandataria pudo resistirse al canto de sirenas populista y que priorizó la decisión tomada a fin del año pasado (luego de que el resultado de las elecciones le indicaron que no podría eternizarse en el poder) de "ordenar el frente externo" del país pagando a las multinacionales que tenían sentencias favorables en el Ciadi, compensando a Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF y llegando a un acuerdo con el Club de París para, de este modo, aspirar a acceder a créditos internacionales que inyecten dólares a la economía argentina y la saquen de su declive, condición indispensable de supervivencia para un gobierno que en poco más de un año se juega la continuidad en elecciones generales.
Ahora, el desafío del Gobierno es seducir a Griesa y los holdouts y convencerlos de un modo de pago acorde a las posibilidades económicas y legales de la Argentina, que en los planes del Palacio de Hacienda no sería muy diferente de la forma en que se cerró el acuerdo de avenimiento con Repsol.
En este caso, se pondría una cifra de no menos de 300 millones de dólares al contado y el resto se zanjaría con la emisión de un nuevo bono para que los fondos buitres lo canjeen por dólares frescos en el mercado, haciéndose cargo el Tesoro de emitir la cantidad de títulos necesaria y suficiente hasta que coincida el valor real de los mismos con los 1.350 millones de dólares a pagar, más los intereses.
Como se sabe, este camino tiene algunas trabas que deberían sortearse para impedir que los holdings salgan a reclamar judicialmente el 100% de la deuda defaulteada tal como dispuso Griesa que se pague a los holdouts, haciendo valer la cláusula RUFO.
En el Gobierno creen que si logran hacer cambiar de parecer al juez, éste podría convalidar un mecanismo para que el pago por el 100% de la deuda que reclama el 7,6% que representan los holdouts no sea entendido como una mejora de oferta "voluntaria" del país a estos, que pueda llevar al 92,4% de los tenedores que ingresaron al canje y aceptaron rebajas de intereses y de capital a accionar en la Justicia norteamericana en contra del país, lo cual destruiría todos los esfuerzos hechos por la Argentina para salir del default desde 2005 a la fecha.
La otra posibilidad sería que Griesa acepte posponer el pago a los holdouts hasta enero de 2015, cuando haya expirado la cláusula RUFO que tienen los holdings en sus contratos ya que, como se dijo antes, ésta expira el 31 de diciembre de este año.
Por Mario Fiore - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires