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"Los sueldos, después de las paritarias, son bastante mejores que el año pasado". La frase, pronunciada por Cristina Fernández de Kirchner (CFK) el lunes, durante el anuncio de un plan para estimular la compra de autos, demuestra que la Presidenta es muy cínica o no tiene la menor idea de lo que significa la inflación. No sólo es falsa.
Hasta se contradice con el acto en que fue dicha. Si los sueldos fueran "bastante mejores", ¿por qué el Gobierno se pondría a subsidiar las tasas de interés (eso sí, por tres meses, aunque al mismo tiempo se envanezca de trabajar "a largo plazo") para un bien de consumo?
El anuncio del subsidio a los autos "nacionales" se explica, es claro, por la ola de despidos y suspensiones en la industria automotriz, pero no deja de ser un (nuevo) contrasentido de política económica.
El mismo gobierno que decidió recortar los subsidios al transporte, al gas, a los combustibles, a la electricidad, por costosos y porque agravan la crisis energética, decide de pronto subsidiar la compra de autos, cuyo precio encareció meses antes mediante la aplicación de un impuestazo.
Con todo, el anuncio se entiende. Horas después del mismo y de los dichos presidenciales, el Indec difundió que entre enero y marzo el nivel de actividad se contrajo por segundo trimestre consecutivo, lo que es un reconocimiento oficial de que la economía está en recesión. Dijo también que el consumo privado se retrajo 1,2% y que la cuenta corriente del sector externo (esto es, el saldo de las relaciones económicas del país con el resto del mundo, incluidas las exportaciones e importaciones) anotó un déficit de 3.300 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales cayeron en U$S 3.700 millones.
A su vez, según las planillas de la Secretaría de Hacienda, de enero a mayo la recaudación impositiva del Gobierno nacional fue de 448.000 millones de pesos. Para tener una idea del creciente peso de la mordida fiscal sobre los bolsillos de los argentinos, baste decir que ese monto es igual a lo que el fisco recaudó entre enero de 2002 y setiembre de 2006.
Otro modo de verlo: en abril de 2003, mes previo al inicio de los gobiernos kirchneristas, la recaudación fiscal fue de 5.453 millones de pesos. En mayo de este año fue de 105.070 millones; 1.826 % más que el último mes pre-K.
Son cifras macroeconómicas, inconmensurables a nivel individual. Pero todos los argentinos soportan esa carga cada día en los precios de los bienes y servicios que consumen.
Millones de asalariados la verán incluso en la liquidación del medio aguinaldo y el sueldo de junio. Como el Gobierno sigue sin actualizar las escalas del impuesto desde 1999 y esta vez tampoco parece dispuesto a actualizar el mínimo no imponible ni a eximir el peso del tributo sobre el aguinaldo, quienes hayan tenido la fortuna de mantener el poder adquisitivo verán que la mordida fiscal sobre sus salarios aumenta entre 90 y 130 por ciento.
Ni aquellos cuyo salario real cayó en los últimos dos años (la mayoría, pues la inflación fue en 2013 cercana a 30 % y este año se encamina a superar el 40 %) se salvarán necesariamente de que el impuesto coma una porción mayor de su salario. Para evitarlo, un trabajador tiene que haber visto reducido, y en mucho, su poder de compra. Estar ya en la lona cuando el fisco K le haga una visita personal.
El repaso de estas cifras y cuestiones sirve para encuadrar el tema de los últimos días: la cuasi-inminencia de un nuevo default de la deuda externa, luego de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de no revisar una sentencia judicial previa a favor de un par de fondos buitre; la reacción inicial de la propia Presidenta, denunciando una "extorsión"; las palabras del ministro de Economía, Kicillof, anunciando que los buitres "no pasarán"; el recule posterior, con la Presidenta anunciando en Rosario la intención de pagar "al 100 % de los acreedores"; por último Kicillof enviando una misión negociadora al despacho del juez neoyorquino Thomas Griesa. ¿Qué pasó entre una y otra actitud?
Simplemente, que la Presidenta vio el abismo en que la sumía un nuevo default: fuerte aumento del dólar, más pérdida de reservas, espiralización inflacionaria, hechos ante los cuales sería pobre respuesta el habitual reparto de culpas y denuncia de conspiraciones.
Esto último, por supuesto, siguió y seguirá ("vamos a seguir saliendo a la cancha aunque algún árbitro nos quiera bombear", dijo en el discurso del lunes CFK, para seguir alimentando la épica boba de pancartas y carteles antibuitres, actos camporistas y venta de humo por la red de alcahuetería y propaganda oficial) pero junto con la política de patear la pelota adelante.
Al fin y al cabo, ir al default contradecía todo lo que el Gobierno hizo en los meses previos, cuando pagó dos sentencias adversas en el Ciadi (instancia arbitral del Banco Mundial que dirime conflictos entre países y empresas extran-jeras) y Kicillof, el mismo que cuando se reestatizó YPF había dicho que Repsol debería resarcir a la Argentina por los pasivos ambientales que dejaba, negoció en cambio compensarla con casi 11.000 millones de dólares en bonos que pagarán futuros gobiernos y llenó la cara de billetes a los negociadores del Club de París, que todavía no deben entender por qué la Argentina prefirió pagar 3.700 millones de dólares de más y prescindir de un plazo de gracia razonable con tal de esquivar la auditoría del FMI.
El Gobierno que no mide la pobreza pero gasta una fortuna para medir el rating de TV, el que defiende a Boudou pero juzga al fiscal Campagnoli, el que se embanderó en los Derechos Humanos pero hizo comandante en jefe del Ejército a un general sospechado por la desaparición de un conscripto, el que hablaba del "desendeudamiento" y recauda más de 100.000 millones de pesos por mes, pero dice que un juicio de 1.330 millones de dólares nos pone al borde de la quiebra, prefirió seguir pateando la pelota hacia adelante y añadir nuevos e inverosímiles capítulos al Relato. ¿Qué le hace una mancha más al tigre?