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Cristina Fernández de Kirchner volvió a dialogar por cadena nacional con la historia reciente del país. Se paró frente a su atril, miró a los 40 millones de argentinos e intentó interpelar décadas de crisis económicas sucesivas, corridas cambiarias contra el peso, ciclos de inflación-hiperinflación y devaluaciones varias. Claro que lo hizo sin rigor histórico.
Su interpretación tuvo su marca de estilo: fue antojadiza y arbitraria. Su peculiar mirada sobre la realidad, por lo menos la que transmitió el miércoles desde la Casa Rosada, le permitió colocarse como víctima y heroína, los dos papeles que más le gusta interpretar.
La del miércoles se trató, una vez más, de una puesta en escena abigarrada de gestos para tapar la responsabilidad de su propio gobierno, léase de ella misma, sobre las medidas impopulares que ha tomado recientemente.
Sus retos y escraches buscaron desviar la atención sobre su propia culpa. No vaya a ser que se note mucho que un gobierno que se dice a sí mismo progresista terminó cayendo en la receta ortodoxa del ajuste como mal menor: devaluó bruscamente, subió la tasa de interés, quitó subsidios a través del aumento de tarifas de transporte y pretende ahora fijar un techo salarial inferior a la inflación real en las paritarias tentando a los sindicalistas adictos con pagarles una millonaria y vieja deuda en torno a las obras sociales sindicales y/o amenazándolos con quitarles el negocio definitivamente (por eso mismo la Presidente recibió el martes en Olivos, lejos de las cámaras, a la CGT de Antonio Caló acompañada por la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld).
El miércoles, Cristina Fernández no dijo una sola palabra de la devaluación que durante enero el Gobierno nacional convalidó a través del Banco Central y el Palacio de Hacienda (recordar que Jorge Capitanich y Axel Kicillof hablaron a las 8 de la mañana de ese tenso 24 de enero de una "convergencia" entre el valor del dólar a 8 pesos y las necesidades del modelo económico) y que dio lugar a las remarcaciones de productos en supermercados, almacenes, estaciones de servicio y cadenas de electrodomésticos.
Tampoco se concentró la Presidenta en las causas originarias de la inflación desbocada ya que para el discurso negacionista del kirchnerismo es un evento nuevo y ligado a maniobras desestabilizadoras pese a que todo el mundo conoce que en rigor es un problema que arrancó en 2006 y que ocho años después el oficialismo no tiene la menor idea cómo enfrentar, a excepción de las medidas parche como "Precios Cuidados" que tienen la impronta del despedido pero nunca ido del Gobierno, Guillermo Moreno.
Fue más fácil para la jefa de Estado cargar las tintas sobre los nuevos malos de la película, los supermercadistas, nombrándolos con nombre y apellido (La Cámpora se le anticipó porque el fin de semana pasado empapeló Buenos Aires con los rostros de los dueños de las cadenas de supermercados) y hacer un parangón entre la realidad que le toca vivir como presidenta con lo que sucedió en 1953, durante el segundo gobierno de Juan Perón, y en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, dos gobiernos que, como hoy el kirchnerismo, se enfrentaron a la inflación sin poder resolverla.
Este diálogo singular con la historia reciente del país que Cristina Fernández hizo por cadena nacional, se inscribió nuevamente en la línea de pensamiento de muchos de los intelectuales más prestigiosos del país: los filósofos nucleados en Carta Abierta, quienes publicaron hace una semana un último trabajo en el que advierten que "la Patria está en peligro", acosada por las maniobras desestabilizadoras de bancos, medios de comunicación y el empresariado prebendario que no invierte su renta y sólo busca maximizarla.
Pero los intelectuales K siguen sin advertir que el Gobierno con el que ellos se identifican no fue capaz -quizás sencillamente no quiso- de poner orden durante casi 11 años en las rentas excesivas que hay en todas las cadenas de valor de mercaderías y que, en cambio, impulsó una fiebre de consumo y llenó el país de pesos para sostener un ritmo del gasto público que creció en los 3 últimos años a un 40% anual, es decir que se financió con emisión y creó el caldo de cultivo para el escenario de inflación-devaluación del que ahora intenta despegarse con cara de "yo no fui".
Este último miércoles, Cristina Fernández también designó como vocero económico del Gobierno al economista Miguel Bein, un hombre que fue funcionario de Alfonsín y Fernando de la Rúa, por lo que se presume de origen radical, pero que en la actualidad está cerca tanto de la Casa Rosada como de Daniel Scioli, es decir del peronismo gobernante. El ensalzamiento público de Bein significó en los hechos aceptar que tanto el ministro de Economía, Kicillof, como el jefe de Gabinete, Capitanich, no están pudiendo llevar certidumbre a los mercados y el Gobierno necesita con urgencia alguien que haga ese trabajo.
El elegido para esta tarea fue un hombre ajeno en los papeles al Gobierno, ya que no tiene ningún cargo, y que tuvo la valentía de decir que sectores del mundo financiero estaban envalentonados con "hacer volar al Gobierno por los aires" apostando en los mercados a futuro de Nueva York a que el peso siguiera depreciándose hasta llegar a un dólar de 20 pesos de acá a un año.
Cristina aprovechó estas declaraciones del economista a una radio porteña y las leyó por cadena nacional. Obviamente, le vinieron como anillo a su estrategia discursiva pero se dejó en el tintero las innumerables recomendaciones de sensatez que Bein ha pedido en los tres últimos años al Gobierno, todas ellas desoídas sistemáticamente.
La tensión que se vive por estas horas en los círculos de poder de la Argentina tiene como horizonte los próximos sesenta días. Kirchneristas y opositores coinciden en un pálpito que expresan bajo reserva: el año no será bueno para la economía argentina y mucho menos para el Gobierno, de esto nadie tiene dudas, pero la gravedad de la situación estará sujeta a si la Casa Rosada logra que los gremios acepten una sola suba fija anual, no superior al 25% o 30%, y a que el sector agroexportador liquide la cosecha de la soja en su totalidad, estimada en unos 30.000 millones de dólares, en el mismo período de tiempo. Si estos dos objetivos se logran, el mismo Bein prevé que la inflación será del orden del 33% o 35% y que la economía crecerá poco. En este escenario menos peor, el Gobierno igual debería hacer un recorte de gastos y la pregunta del millón es qué tocar y cómo.
Pero si las bases sindicales se rebelan y se niegan a pagar las consecuencias de la reciente devaluación y del aceleramiento de la inflación, y además los productores de soja se guardan parte de la cosecha apostando a que el dólar seguirá en alza en los próximos meses, entonces el Gobierno estará en un situación delicada: la caída de la actividad será igual de brusca por la pérdida de poder adquisitivo del salario -hay que recordar que el consumo interno era hasta ahora el principal motor de la actividad- y decantará un escenario de conflictividad social reproduciéndose a gran velocidad.
Es por todo esto que, desde la izquierda, los diputados Nicolás del Caño (Mendoza) y Néstor Pitrola (Buenos Aires) impulsan leyes para prohibir despidos, un tema que por ahora figura como tabú para el oficialismo pero sobre el que hay una enorme preocupación política.
La angustia reinante en torno a los puestos de trabajo tiene como base los despidos en fábricas del conurbano, del sector autopartista, y las suspensiones en la industria automotriz afincada en Córdoba.