Probablemente Cristina Fernández de Kirchner piense que ganó al imponer en el Senado -sólo con los votos de sus 39 senadores- el ascenso de César Milani al grado de teniente general, el máximo de la jerarquía del Ejército. También debió pensar que triunfó cuando logró sacar con fórceps del Congreso la reforma del Consejo de la Magistratura que en teoría iba a democratizar la Justicia pero que no fue más que un intento vano de tener la llave de acceso, permanencia y salida de los jueces y fiscales federales, para controlarlos.
La otra victoria parlamentaria que seguramente debió celebrar la Presidenta es el acuerdo con la República Islámica de Irán en torno a la causa AMIA, que tuvo resultados nulos ya que quedó demostrado que lo único que impulsó a los iraníes a firmar el memorando era conseguir aquello que no pudieron obtener: que Interpol eliminara las alertas rojas de las órdenes de captura que pesan sobre encumbrados dirigentes de ese país acusados por la Justicia argentina.
Otra conquista que Cristina Fernández seguramente celebró fue la ley de "exteriorización de capitales", más conocida como blanqueo de dólares para simples evasores o expertos lavadores de dinero, norma que fue sancionada por el Parlamento cuando arreciaban las denuncias de enriquecimiento ilícito sobre el entorno político y empresario de la Presidenta y que en términos económicos tuvo resultados insignificantes.
Estas cuatro "victorias" legislativas de la Presidenta acaecieron desde febrero a diciembre de este 2013 que languidece y tienen en común que se transformaron, todas ellas, en atronadoras derrotas políticas para la Casa Rosada. La realidad se encargó de marcar límites a una jefa de Estado que, subida a la ola del 54% de los votos obtenidos en octubre de 2011, pensó que podía modelar, a su gusto e intereses, cuestiones complejísimas que van desde la política internacional a una reforma constitucional encubierta -eso fue lo que intentó ser la llamada "democratización de la Justicia"- o incluso cuestiones más sencillas en los papeles como la llegada de los dólares que sobran en casi todo el globo pero que esquivan con desconfianza a la Argentina.
Cristina Fernández no tuvo este año ninguna iniciativa legislativa que le permitiera ganar adhesiones, como sucedió en 2009 con la Ley de Medios; en 2010 con la Ley de Matrimonio Igualitario o en 2012 la re-estatización de YPF. El Congreso, que el Ejecutivo sigue controlando luego del recambio legislativo que operó hace días, se convirtió en una caja de resonancia negativa para la Casa Rosada ya que en él tomaron estado público sus desatinos más grandes.
Al oficialismo no le importaron los costos políticos altísimos que conllevaban las polémicas leyes que envió este año al Parlamento; probablemente pensó que el 54% de 2011 sería eterno. Estas normas implicaron retrocesos del Gobierno en puntos neurálgicos de su discurso, como cuando pasó de condenar a los ahorristas de dólares a ponerles una alfombra roja a los lavadores de divisas.
Este avance desaforado de Cristina Fernández, que se puede observar en las normas que mandó a votar a sus legisladores, no sólo mostró la inexistencia de un plan económico sino que terminó por poner en riesgo los cimientos éticos sobre los que el kirchnerismo se auto-construyó como un movimiento de superioridad moral. Esto último es lo que pasó con la decisión de la Presidenta de poner al frente del Ejército a un hombre sospechado de delitos de lesa humanidad como Milani.
El martes, los senadores K liquidaron -apretando los dientes- un tortuoso trámite que se había iniciado cinco meses antes cuando la Presidenta mandó el pliego del general a la Cámara alta y que había quedado en el freezer por el temor a que la lluvia de denuncias de organismos de derechos humanos y de la oposición impactaran en los resultados de las urnas.
Por mucho menos de lo que se lo acusa en juzgados de La Rioja, Tucumán y Capital Federal a Milani, el oficialismo postergó en anteriores ocasiones a otros militares que pretendieron seguir haciendo carrera. Pero con Milani tuvo una contemplación inaudita, quizás porque se transformó en un kirchnerista radicalizado que no tiene pudor en sobreactuar su adhesión al "proyecto" o quizás porque, como desconfía la oposición, el cuestionado militar, que proviene de la Inteligencia del Ejército, presta sus conocimientos sobre el área a un Gobierno que se caracteriza por leer conspiraciones en todas partes.
Milani no es, de todas formas, un personaje nuevo en el Gobierno. Fue el hombre de confianza de Nilda Garré cuando se desempeñó, hasta fin de 2010, como ministra de Defensa. El senador oficialista Miguel Pichetto lanzó el martes, desde su banca, una insinuación: que la salida de Garré del Gobierno (a fin de mayo, cuando fue eyectada del Ministerio de Seguridad tras su pelea a brazo partido con el coronel y súper-secretario Sergio Berni) llevó al CELS, organismo que conduce el influyente periodista Horacio Verbitsky, a iniciar la embestida contra Milani que ahora lo tiene contra las cuerdas en los juzgados.
Pichetto, que viene mostrando gestos de rebeldía que no llegan a ser más que mensajes internos al poder, desnudó nuevas intrigas palaciegas. Al fin y al cabo, tanto Garré como Verbitsky pertenecen al mismo sector del kirchnerismo que ha sufrido un gran relegamiento en el Olimpo oficialista en detrimento de sectores más conservadores y pragmáticos.
La obsesión populista y autoritaria por controlar todos los factores de la realidad llevó a la Presidenta a ejecutar esta serie de malas jugadas políticas sin medir los resultados negativos que obtuvo. Fue la Corte Suprema la que derrumbó la reforma del Consejo de la Magistratura con un fallo ejemplar que sostuvo aquello que toda persona del Derecho sabe: intentar cambiar la esencia de un organismo constitucional con una ley simple es ilegal.
Detrás de la votación directa de los consejeros no políticos de la Magistratura se escondía el intento cristinista de nacionalizar una elección de medio término que se debía jugar -y se jugó- en cada distrito por separado y garantizar así que el Frente para la Victoria, la fuerza mayoritaria, controlara sin problemas el organismo que elige y suspende a los jueces.
Ese fallo del Máximo Tribunal recrudeció las embestidas del Gobierno, que llegó a acusar a la Corte de ser opositora (sólo la sentencia favorable sobre la Ley de Medios hizo que los ataques contra la cúpula del Poder Judicial cesaran).
Pero el plan K de colonización de la Justicia está más vivo que nunca. El Senado aprobó en la misma sesión que ascendió a Milani una lista de 10 conjueces allegados al Gobierno para la Cámara de Casación Penal, la última instancia de ese fuero donde se ventilan muchas causas que involucran a altos funcionarios. Otros conjueces "amigos" ya fueron designados en otras Cámaras del interior y acaban de ingresar pliegos para los juzgados vacantes de Mendoza.
Detrás de esta avanzada es imposible no leer la búsqueda de impunidad. La Justicia ha sido, hasta ahora, el único poder que pudo poner límites a los excesos y extravagancias del Gobierno, aunque haya sido en cuentagotas.
Por eso inquieta el desempeño de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien ha demostrado no tener reparos a la hora de amedrentar a fiscales que investigan al kirchnerismo y sobre la que pesan denuncias por su accionar arbitrario. Esta pelea por influir en la Justicia se ha convertido en la batalla más gravitante de todas las que se están librando, sobre el futuro inmediato de la República.
