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La incertidumbre sobre las finanzas provinciales y, sobre todo, la enorme especulación política que reina en el oficialismo y parte de la oposición, llevó a que a sólo un año de su sanción, la Ley 8.619 que estableció las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los cargos provinciales y municipales, quedase renga.
El decreto 2.075/2014 firmado por el gobernador Francisco “Paco” Pérez hace dos semanas, por el cual se suspende el financiamiento de las campañas publicitarias que los partidos realicen tanto para las PASO como para las elecciones generales, es un disparo a una de las dos patas sobre las que la ley provincial tiene asiento.
La norma, surgida luego de muchas discusiones legislativas, buscó emular la ley nacional 26.571 sancionada por el Congreso en 2009, que tuvo por fin dar a la ciudadanía mayor participación en la elección de las candidaturas de los diferentes partidos políticos y terminar, así, con los arreglos de cúpulas.
Para que el objetivo de la participación ciudadana se cumpla con creces, la ley nacional estableció entonces igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas a la hora de captar el voto.
De ahí que se prohibió la posibilidad de que los candidatos y partidos pudieran contratar publicidad en la televisión y en la radio y se estipuló, en su lugar, que será el Estado nacional el que tenga el monopolio de estas contrataciones, obligando a los medios a ceder parte de sus tandas a los partidos.
Redactada en un despacho de la quinta de Olivos, con la derrota de Néstor Kirchner en las legislativas bonaerenses aún fresca, con la ley 26.571 el kirchnerismo buscó impedir que se repitiera el fenómeno publicitario sobre el que Francisco de Narváez asentó su triunfo electoral en 2009 (hasta dos publicidades por tanda en los medios de mayor audiencia).
El Gobierno provincial retrotrajo, con el decreto 2075/14, la situación hasta antes de la sanción de las PASO mendocinas, de modo que los partidos serán -como siempre- los que contraten con los medios la publicidad electoral, algo que beneficia a los dos partidos tradicionales, el justicialismo y el radicalismo, y a los candidatos mejor posicionados de ambos espacios, y perjudica a los postulantes con menos conocimiento del PJ y la UCR, a la vez que resta grandes chances a los candidatos de los partidos más chicos, de hacer conocer sus propuestas.
Semejante retroceso institucional fue defendido por el Ejecutivo provincial por el mal momento financiero que atraviesa la Provincia y algunas zonas grises que tiene la ley provincial, que los legisladores descuidaron cuando la sancionaron.
Uno de ellos es clave: sólo el Estado nacional, al ser dueño del espacio radioeléctrico, puede obligar a los medios electrónicos a ceder sus tandas a los partidos.
En cambio la Provincia debería pagar por estas publicidades. Además, la regulación de la cartelería pública es de incumbencia municipal, por lo cual el Estado provincial debería hacer acuerdos con cada comuna si se pretende destinar un segmento de la publicidad en la vía pública a los partidos políticos.
La oposición se prepara ahora para rechazar el decreto 2075/14 en la Legislatura y a dar una pelea en la Justicia para que ésta lo declare inconstitucional.
Se estima que esta puja influirá nada menos que en la discusión del Presupuesto 2015 que está por llegar a la Casa de las Leyes porque no contará con las partidas que la ley 8.619 estableció que debían colocarse para financiar la publicidad electoral en las primarias y en las generales, tanto para cargos provinciales como municipales.
Ahora bien, el decreto de Pérez sostiene que es facultad del Gobierno provincial convocar a elecciones, tanto primarias como generales, y cita el artículo 3° de la Ley de las PASO mendocinas, que reza lo siguiente: “La convocatoria a elecciones primarias deberá realizarla el Poder Ejecutivo Provincial con una antelación no menor a los 90 días corridos previos a su realización”.
Sin embargo, la misma norma corrigió la ley Electoral de la Provincia (N° 2.551) y fijó en un artículo (el 54°) que “la convocatoria a elecciones de autoridades provinciales será hecha por el Poder Ejecutivo y la de autoridades municipales, por los respectivos intendentes”.
Es decir que el mismo instrumento, sancionado hace un año por la Legislatura y festejado por todas las fuerzas políticas, fijó que los intendentes son quienes llaman a elecciones municipales -respetando así la Ley Orgánica de Municipalidades- pero fijó que sólo el Gobernador llama a las PASO.
Un error grosero que ahora deberá saldar la Justicia con competencia electoral.
El mar de fondo de esta derrota de la “política grande” y de las instituciones son las disputas que tienen a Pérez y al líder del radicalismo, Alfredo Cornejo, en el centro de la escena política.
Fue Cornejo quien convenció a Suárez de adelantar los comicios capitalinos, sabiendo que la ley 8.619 redactada por un alfil de Pérez, el senador Fernando Simón, establecía que el Gobierno provincial debía costear las publicidades de los partidos también en el segmento de cargos municipales.
De ahí la inquina del Gobernador para con Cornejo, a quien además acusa de haber incentivado las revueltas ambientalistas en el sur provincial que frenaron el proyecto Hierro Indio (aunque la ley se “cayó” porque legisladores del PJ votaron en contra).
Lo paradójico es que la decisión de Pérez de suspender el financiamiento de las campañas electorales beneficia sobre todo a Cornejo, porque es quien tiene más espaldas, como jefe de un municipio próspero, y por su alto nivel de conocimiento en toda la provincia, para conseguir fondos para impulsar su candidatura en los medios.
Sus rivales en la interna radical son conscientes de la gran tajada que Cornejo puede sacar de esta situación.
A su vez, con el decreto 2.075/14 el peronismo se ve obligado a seleccionar a no más de tres candidatos para que vayan a las PASO mendocinas porque, si no, Cornejo también correrá con ventajas ya que actualmente sólo tiene enfrente a la senadora Laura Montero y al diputado Enrique Vaquié en la interna radical.
Esto atribula a la mesa de conducción del peronismo, que había decidido impulsar la mayor cantidad de precandidatos para todos los cargos en juego para dar volumen a la primaria del Frente para la Victoria, de modo que sea este espacio el más votado en agosto de 2015.
Quizás también esto explique la bronca de Pérez para con el principal precandidato del PJ, el senador Adolfo Bermejo, el único dirigente del oficialismo que aparece en las encuestas cerca de Cornejo (si se toma como hipótesis que Julio Cobos no competirá por la Gobernación y pujará por ser presidente).
Pérez acusa por lo bajo a Bermejo de no tener real voluntad de ser gobernador, algo que también le cuestionan dirigentes del sector Azul, es decir, compañeros de militancia del ex intendente de Maipú.
Mario Fiore - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires
La semana pasada, el Gobernador y el senador se enredaron en más de una discusión, que desnudaron las diferencias entre el hombre que se propuso heredarle el poder a otro peronista y el justicialista mejor posicionado.
Primero, el mandatario provincial convenció a Jorge Capitanich y a Axel Kicillof de sacar por decreto la prórroga de las exenciones del champán, lo que significó frenar un proyecto de ley del propio Bermejo, que tuvo media sanción del Senado, por el cual se extirpaba para siempre a los vinos espumantes de la ley de Impuestos Internos.
Pérez ganó esta pulseada no a Bermejo sino a la Corporación Vitivinícola Argentina, a quien acusa de solicitar ayuda estatal en Buenos Aires salteándolo (por ello se mostró de acuerdo con que Kicillof exija mayores compromisos de inversión a los champañeras para acceder a la nueva prórroga).
Además, Pérez y Bermejo chocaron mediáticamente sobre otra iniciativa del legislador nacional que tiene el visto bueno de Florencio Randazzo: la tolerancia cero al alcohol en sangre en los conductores.
Estos cortocircuitos entre Pérez y Bermejo preocupan al PJ, pese a que el operador presidencial Juan Carlos “Chueco” Mazzón y el propio Gobernador sostienen que si en la provincia de Buenos Aires, el distrito que concentra 40% del electorado, aún el Frente para la Victoria no tiene un candidato firme, entonces en Mendoza no hay que hacerse demasiados problemas.
Sin embargo, en la populosa Buenos Aires no hay una fuerza de oposición y un candidato firme que pueda arrancar el poder al kirchnerismo (puesto que Sergio Massa no logra transferir sus votos a Felipe Solá ni a Darío Giustozzi ni a Gustavo Posse) como sí ocurre en Mendoza con el radicalismo.
