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El gobierno de Mendoza consiguió unos 95 millones de dólares en préstamo por la emisión de un bono. El Ministerio de Economía de la Nación le había autorizado hasta 150 millones de dólares y el gobierno afirma que la colocación había sido un éxito porque buscaban 50 millones y consiguieron más. Por supuesto, aseguran que en algunos meses harán otra emisión para completar el total autorizado.
Cuando la Legislatura autorizó el endeudamiento, al sancionarse el Presupuesto 2013, se argumentó que el objetivo era cancelar deuda con proveedores y encarar algunas obras públicas, las cuales serían imposibles de hacer porque el Presupuesto fue autorizado con déficit.
Hoy hay una discusión entre oficialistas y opositores acerca de si el monto conseguido es un éxito o un fracaso y este parece ser un debate que nos aleja del tema principal. El problema grave, el verdadero fracaso, es haber aprobado un presupuesto con déficit, por un monto muy grande.
En realidad, Mendoza mientras debería revisar no solo la cantidad sino también la calidad del gasto, puesto que no tendría que tener problemas de déficit si recibiera lo que le corresponde en materia de coparticipación federal, que pone claramente en evidencia que la política fiscal del gobierno provincial está condicionada por cuestiones políticas.
Hay exceso de gastos
La estructura del gobierno provincial tiene un problema de exceso de gastos que muestran altos niveles de ineficiencia que se vienen arrastrando desde varias gestiones atrás. Desde Julio Cobos, que fue el gobernador que de más recursos dispuso en términos reales hasta el actual mandatario, los gastos públicos han crecido en forma geométrica sin que se perciban mejoras en la calidad de las prestaciones.
Para tener una idea de lo que estamos diciendo basta comparar el monto total de las erogaciones previstas en los presupuestos. Hemos tomado la parte básica sin organismos descentralizados y calculando la amortización de deuda correspondiente a cada período.
En 2003, último ejercicio de Roberto Iglesias, el total ascendió a 1.952 millones de pesos; en 2007, último ejercicio de Julio Cobos, el total alcanzó a 4.228 millones de pesos; en 2011, último ejercicio de Celso Jaque, el total de gastos presupuestados llegó a 10.904 millones; 2012, el primer ejercicio de Francisco Pérez se estiraron a 16.735 millones y para 2013 la autorización alcanzó a 22.024 millones.
Una vista rápida permite apreciar que en 10 años el presupuesto creció más de 10 veces, o sea, más del 1.000%. Si se intenta buscar la justificación por la vía del crecimiento de la economía, no hay ninguna chance de justificarlo y si se combina este con la inflación tampoco se llega a ese guarismo.
Además, la mayoría de las obras públicas importantes fueron financiadas por la Nación, con lo cual queda para el presupuesto la coparticipación a los municipios, la amortización de la deuda, obras menores y gastos de funcionamiento.
Sería una obligación de los partidos políticos, tanto oficialistas como opositores que debieron debatir estos presupuestos, explicarle a la población la justificación de este crecimiento anormal. Y decimos que es anormal porque no responde a ningún parámetro lógico de los que hemos mencionado.
Pocos ingresos
Más allá de la explicación de la justificación del gasto, lo real es que los recursos no alcanzan para financiar los gastos y la verdad es que los gastos crecieron a más velocidad que los ingresos.
Por el lado de los recursos provinciales hay que reconocer un esfuerzo que se viene haciendo para mejorar la administración tributaria, aunque también hay que decir que las decisiones políticas de aumentar impuestos que se tomaron el año pasado fueron desafortunadas. Nunca se aumentan los impuestos cuando decae la actividad económica, sino, por el contrario, se reducen.
Con todo, la recaudación provincial pudo crecer de manera muy importante, a tal punto que casi iguala a las transferencias nacionales, con la agravante de que los recursos de regalías están afectados por el congelamiento del precio del crudo. Con todas las críticas hacia los impuestos en sí mismos, se ve que la tarea de fiscalización y administración tributaria, al menos hasta ahora, se encamina por una senda correcta, aunque persista mucha evasión en impuestos patrimoniales.
Por el lado de los recursos nacionales, estos se han visto disminuidos por dos razones. Primero, la persistencia, a pesar de haberse vencido, en el Pacto Fiscal por el cual las provincias cedieron a la Nación el 15% de la masa coparticipable total para financiar al Pami y la Anses. Curiosamente, estos dos organismos hace tiempo son superavitarios y le prestan dinero a la Nación.
Por otra parte, las restricciones a las importaciones se tradujeron en menores ingresos por el IVA-Aduana, que llegó a ser muy importante y que en los últimos tiempos cayó de forma importante.
Pero las razones políticas derivan de la decisión de los gobiernos locales, desde Julio Cobos hasta Pérez, de no enfrentar a la Nación para recuperar los recursos que les corresponden a las provincias. De la misma manera se puede decir respecto del precio ficticio pagado por el petróleo. Hoy las empresas que inviertan y exporten podrán percibir el precio internacional, pero les seguirán pagando a las provincias el precio congelado.
Después de todo esto, la conclusión es que endeudarse no es un éxito sino una señal de debilidad y de fracaso, sobre todo cuando la deuda es de corto plazo y con un costo total, entre ajuste del dólar e intereses, que puede estar oscilando entre el 28 y el 30% anual.
