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El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, por defraudación al Estado, por no pagar a la AFIP, durante el gobierno de Cristina Kirchner, $ 8.000 millones que habían retenido del Impuesto a la Transferencia de Combustibles.
Les dictó, además, un embargo por 17 mil millones de pesos. Por la misma causa, el magistrado también procesó aunque sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
De Sousa fue detenido luego de una serie de allanamientos efectuados por Gendarmería en distintos edificios de la zona de Puerto Madero. Allí es donde reside López, quien no fue encontrado en su domicilio.
Por ese motivo, el juez Ercolini dictó una orden de captura para el empresario K, que es buscado en todo el país por la Policía.
Carlos Beraldi, abogado del empresario K, hizo un pedido de eximición de prisión para sus defendidos --también asesora a De Sousa--, pero el magistrado recién se expedirá hoy al respecto.
La causa se inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA, la petrolera de López, “no abonar en tiempo y forma” el ITC pagado por sus clientes al cargar combustible en sus estaciones de servicio y el “uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades” del Grupo Indalo.
La denuncia sostuvo que parte del dinero recaudado “fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades”.
Ante tales acusaciones, el juez Ercolini indagó a los 21 imputados, entre ellos López, De Sousa, Echegaray y Ángel Toninelli, entre los principales y ordenó un inhibición general de bienes sobre todas las sociedades que integran el Grupo Indalo.
Después de un sinuoso recorrido de la investigación, la Cámara de Casación hace un mes decidió que el juez de la causa debía seguir siendo Ercolini, ya que él mismo había se declarado incompetente al considerar que se estaba ante un delito tributario.
Para Casación, debía investigarse como un hecho de corrupción. Así, el magistrado decidió procesar a los dueños del Grupo Indalo y ordenar su prisión preventiva.
López y De Sousa realizaron, según Ercolini, “un aporte imprescindible” al a maniobra defraudatoria “junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente” del dinero que correspondía al Impuesto a los Combustibles.
El magistrado consideró que los dueños de Indalo “tenían el dinero para hacer frente al pago” del impuesto, pero que optaron por “acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago que fueron concedidos irregularmente por la AFIP”.
Es decir que López contó “con la venia” del ente recaudador y sólo pagó 7 de los 55 períodos fiscales investigados, a “sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones”.
De esta manera, Oil se acogía a los planes de la AFIP “plagados de irregularidades”, como ser la ausencia de revisión de cumplimiento de las condiciones en las que fueron otorgados los planes y “la laxitud en los controles dirigidos hacia la empresa en cuestión”. Y Ricardo Echegaray “convalidó estos trámites” cuando “no correspondía”.
Así, los empresarios K “se beneficiaron al recibir, a través de Oil, de modo sistemático y deliberado” -por parte de Echegaray- “planes de facilidades de pago vinculados al ITC”. Esos fondos se utilizaron “indebidamente y en beneficio propio” para capitalizar a las demás sociedades de Indalo en perjuicio del Estado.
Por ello, Ercolini procesó a Echegaray como autor del delito de administración fraudulenta, por “violar sus obligaciones como funcionario dado que omitió controlar el pago” del ITC.
Las razones del juez para apresarlo
Para el juez Julián Ercolini, López y De Sousa generaron acciones “dirigidas a obstruir la labor de la justicia”, como la intención de vender las acciones del Grupo Indalo cuando estaba ordenada una inhibición de bienes. Y que pese al rechazo a la venta del juez, del fiscal Gerardo Pollicita y de la AFIP como querella y denunciante, “no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión; lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial”.