Como si los problemas derivados del ajuste económico en marcha fueran pocos, el Gobierno se verá en los próximos días obligado a pagar altos costos políticos por otras dos cuestiones que apuntan a erosionar aún más su imagen ante la sociedad. Una es el escándalo que tiene como protagonistas principales al juez Norberto Oyarbide y al secretario Legal y Técnico Carlos Zannini; la otra es la ejecución definitiva de la ley de medios, tema que muchos creían terminado con el plan presentado oportunamente por el Grupo Clarín.
Es comprensible el fastidio que Cristina Fernández exhibió en los pasillos de la Casa Rosada cuando bajó al despacho de Zannini a buscar explicaciones sobre lo sucedido en la mutual Propyme, del financista Guillermo Greppi. Como se sabe, en pleno allanamiento a esas oficinas ordenado por Oyarbide, los policías actuantes habrían pedido "en nombre del Juzgado" una coima de 300 mil dólares para no continuar con la investigación.
Greppi apeló a un amigo que es funcionario de la secretaría de Zannini. Desde allí hubo una llamada a Oyarbide y éste paró el allanamiento. Cuando todo tomó estado público, el juez admitió que por esa llamada suspendió el operativo, involucrando así al Gobierno en sus decisiones.
Junto a la investigación judicial que se está haciendo sobre esos episodios, ya hay tres nuevas denuncias contra Oyarbide en el Consejo de la Magistratura. El excéntrico juez, que siempre ha sido funcional a los intereses del Gobierno y por eso ha zafado de su juicio político y eventual destitución, en realidad ya cansó con sus escándalos a buena parte del oficialismo. En la Casa Rosada dicen que también a la Presidenta.
"No es un tipo de su simpatía sino de su necesidad", define un conocedor de esa relación, que a la vez no arriesga un pronóstico sobre lo que hará Cristina esta vez. Por lo pronto, ya ocurrió algo significativo en la Magistratura. Si bien es cierto que el caso no se trató de manera inmediata, el organismo cumplió con el reglamento, aceptó la denuncia contra Oyarbide, designó a un instructor y la pasó a la comisión de Acusación. Esa comisión le otorgará 20 días al juez para que haga su descargo.
Luego, si el ciclo de Oyarbide terminará antes del final del mandato kirchnerista o no, dependerá de la virulencia que adquiera la interna política en lo más alto del poder, y del pulgar hacia arriba o hacia abajo de la Presidenta. El juez, que pese a los favores realizados no es tropa propia, "sabe mucho de la corrupción oficial". Será entonces una difícil decisión de Cristina.
Por la implementación definitiva de la ley de medios, el Gobierno está en otra encrucijada. Falta definir la situación de Telefé y sus filiales, algo que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Afsca, viene demorando. Eso se debe a que, según el texto de la ley, debe ordenar a la propietaria Telefónica de España que venda el canal por ser incompatible con la prestación del servicio de telefonía.
Mientras el Gobierno quiere que lo compre uno de sus amigos -Cristóbal López, Electroingeniería, etc.- Telefónica tendría algún resquicio en la ley de Bienes Culturales para conservar la televisora. Si la obligan a vender, podría judicializar nuevamente la ley de medios y eso significaría un problema mayúsculo para el Gobierno.
Toma y daca
En primer lugar, si Telefónica judicializa, las demás empresas podrían detener sus planes de adecuación hasta tanto haya sentencia definitiva como ocurrió con Clarín. La Corte Suprema fue precisa cuando declaró constitucional la ley al decir que debe aplicarse en igualdad de condiciones para todos. Si todo se detiene, el fracaso oficial en este tema sería estrepitoso y le sumaría un mayor desgaste al final del mandato de Cristina.
Pero no acaba allí la complicada trama alrededor de Telefónica. Uno de los mayores accionistas de esa empresa es el grupo La Caixa de España que, a la vez, tiene fuertes intereses en Repsol, con la que el Gobierno argentino está negociando el acuerdo indemnizatorio por la expropiación de YPF. Fuentes españolas reconocen que la situación de Telefónica con Telefé formó parte de esa negociación, aunque no esté escrito en el convenio.
Las próximas dos semanas serán decisivas. La Caixa habría condicionado la aprobación del acuerdo por YPF -que la asamblea de accionistas de Repsol debe votar el viernes 28-, a que antes la Afsca permita que Telefónica siga operando Telefé. Con su creciente debilidad política, al Gobierno no le resultará sencillo capear el temporal.
