Carlos Sacchetto - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires
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Faltaban unas pocas horas para que comenzara en Buenos Aires la multitudinaria marcha de silencio convocada para rendir homenaje al fiscal que fue hallado muerto después de acusar a la Presidenta de encubrir a terroristas iraníes en la causa por la voladura de la AMIA.
Por cadena nacional y en un tono enérgico, Cristina Fernández advirtió desde Zárate en lenguaje futbolero: "A mí nadie me va a marcar la cancha".
Fue música tranquilizadora para los oídos de los militantes y dirigentes del kirchnerismo más incondicionales, que entendieron la expresión como una señal de fortaleza política. Para algunos sectores de la oposición, en cambio, fue una bravuconada que esconde la angustia del inexorable final de ciclo, y el temor a que el poder se le vaya deshilachando más de lo tolerable hasta el 10 de diciembre.
Pero en los más altos niveles de la Justicia, lo dicho por Cristina fue leído como que ella no va a permitir que alguien ponga límites a su voluntad de hacer lo que quiera.
En el plano institucional, con un Congreso que impone el número partidario y accede con docilidad a cada deseo de la Presidenta, el Poder Judicial queda como la única instancia que puede frenar el desborde autoritario. "El límite somos nosotros", aseguran en Tribunales.
Avalancha
Las horas y los días que siguieron a aquella advertencia presidencial del miércoles pasado, demostraron que hay "marcas en la cancha" que no podrán ser ignoradas por el Gobierno ni por nadie si se mantienen las reglas de la democracia.
El respaldo y a la vez la exigencia que una multitud de ciudadanos en las calles transmitió a la Justicia, compromete a ésta aún más a ejercer su función sin atender a las presiones de ningún tipo.
Con esas referencias, jueces y fiscales que tienen en sus manos causas relacionadas con la corrupción, han apresurado sus pasos. En algunas de ellas, se trata de decisiones que ya estaban tomadas antes de la agitada feria de enero y que la muerte del fiscal Alberto Nisman planteó una pausa.
Es el caso de la confirmación del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, con su secuela de medidas procesales, y la ratificación del juez Claudio Bonadío al frente de la investigación del caso Hotesur, la sociedad que maneja los negocios hoteleros de la Presidenta.
En Tribunales se da por descontado que Bonadío, en los próximos días, llamará a indagatoria a Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, como responsable de la firma de documentación cuando figuraba al frente de la sociedad. Funcionarios que están cerca de la Presidenta comentan que ése es quizás el tema que más la obsesiona.
"No es para menos", la justifican, suponiendo que si Máximo tiene que sentarse como imputado frente a un juez, será una muestra inequívoca de que el poder kirchnerista se va escurriendo con rapidez.
Ese temor también anida en aquellos sectores del peronismo tradicional que todavía acompañan al Gobierno. El caso Nisman y el impacto causado por las marchas del miércoles, los han casi paralizado en su accionar político.
Es tanta la dependencia y sumisión que les exige Cristina, que muchos de ellos hoy no saben si están a tiempo de abandonar el barco, o si deben resignarse a compartir el hundimiento. En ese grupo hay gobernadores, intendentes, legisladores y dirigentes territoriales.
Distancia
Quienes sostienen desde el oficialismo que a esta situación se ha llegado porque está en marcha una conspiración judicial contra el Gobierno, imaginan que la Presidenta podría producir un acercamiento con la Corte Suprema para calmar a jueces y fiscales. Según se afirma en Tribunales, eso hoy no sería viable.
Explican que las relaciones entre Cristina y la Corte atraviesan una etapa de frío glacial y que el descongelamiento no se daría de un día para otro.
Pero el mayor impedimento es que la estructura del Poder Judicial es insular, es decir que a la soberanía sobre un expediente la ejerce quien lo tenga, ya sea un juez o una Cámara. La Corte recién interviene cuando la causa llega a esas alturas, de modo que alterar ese orden no parece estar en el ánimo de quienes integran el Máximo Tribunal.
En un par de despachos de la Casa Rosada sostienen que la respuesta a la embestida judicial debe ser política y confrontativa en la calle. Se ilusionan con una "contramarcha popular" el 1 de marzo, cuando la Presidenta inaugure en el Congreso el período ordinario de sesiones. Pero saben -y se lamentan- que sólo eso no frenará las causas judiciales.
