"El kirchnerismo se mueve mejor en la adversidad". La frase es de Julio Cobos y fue dicha a la prensa porteña en el Comité Nacional de la UCR el 14 de agosto, tres días después de que el ex vicepresidente opositor le diera, al centenario partido, la mayor victoria en las urnas de todo el país.
La cita viene a colación por los últimos anuncios del Gobierno nacional que pasó, de negar el cachetazo que recibió en las primarias, a apoderarse nuevamente de la agenda pública con medidas que buscan devolverle competitividad electoral.
"Ser la fuerza nacional más votada" no consoló ni a los militantes K más utópicos ya que tres de cada cuatro argentinos no acompañó con su voto al Gobierno. Gobernadores, intendentes del populoso conurbano bonaerense -donde las fugas hacia el peronismo opositor de Sergio Massa se acentuaron en los últimos días- y hasta dirigentes sociales comprometidos con la "causa nacional", hicieron llegar distintos tipos de mensajes a los laderos de Cristina Fernández.
Esta semana, la jefa de Estado respondió como ellos esperaban, dejando atrás sus dos primeros discursos tras el traspié electoral, en los que se quejó de todos y se mostró intransigente. Primó el temor a perder el poder y la necesidad de disipar la lucha por la sucesión presidencial que se abrió en el PJ el domingo 11 de agosto.
Las primeras encuestas encargadas por el Gobierno, la semana siguiente a los comicios, terminaron de alarmar a la Casa Rosada ya que marcaban que el verdugo Massa crecía por encima del 40% y que el Frente para la Victoria se estancaba en menos del 30% en la provincia de Buenos Aires.
La gran pregunta que se hacen todos es si la reacción de la Presidenta llegará a cambiar el ánimo social antes del 27 de octubre. Ese día, el kirchnerismo arriesga el control de las dos cámaras del Congreso y un nuevo traspié en las urnas dará rienda libre a una crisis de gobernabilidad que tiene como principal escenario la determinante provincia de Buenos Aires.
Cristina Fernández debió dejar atrás su orgullo y conceder, mejor tarde que nunca, los cambios en el impuesto a las Ganancias que sindicatos oficialistas y opositores venían reclamando hace dos años junto a todas las fuerzas del arco no oficialista.
La medida anunciada el martes, en la reunión con empresarios, gremios y banqueros (que fue una continuación del Diálogo Intersectorial que se inició unos días antes en Río Gallegos), saca a dos tercios de los trabajadores que eran alcanzados por Ganancias.
Hasta ahora tributan este impuesto 2,5 millones de trabajadores (sobre un universo de más de 8 millones de trabajadores en blanco) y, tras el anuncio de la AFIP, quedarán alcanzados menos de 1 millón, los que cobran en bruto más de 15.001 pesos.
A su vez, para quienes cobren entre esa cifra y 25.000 pesos habrá un aumento del mínimo no imponible del 20%, que se suma al 20% que se otorgó en febrero luego de dos años, por lo que este año estos trabajadores tributarán por Ganancias menos que el aumento inflacionario.
Inmediatamente, el kirchnerismo salió a acaparar el anuncio. En el bloque de diputados del Frente para la Victoria hubo incluso una reunión la misma tarde del martes para analizar cómo sacar provecho. "Había un clima de gran satisfacción", confió un legislador K que se vio sorprendido por la noticia ya que algunas espadas kirchneristas venían trabajando en proyectos para elevar el mínimo no imponible.
Daniel Scioli, Martín Insaurralde y el resto de los candidatos nacionales del oficialismo salieron a festejar por los medios. Pero también se mostró "ganadora" la oposición, ya que desde el Parlamento y en la campaña llevaron el tema como estandarte. La incógnita es si esta decisión fiscal, que regirá desde el 1 de setiembre, ayudará a cambiar el voto de los trabajadores en relación de dependencia que se quejaban del "impuesto al trabajo". Sucede que verán los resultados del anuncio recién en octubre, cuando cobren sus haberes de setiembre, muy sobre la fecha de los nuevos comicios.
La Casa Rosada venía sosteniendo ante el sindicalismo que los 15.000 millones anuales que implican para el fisco el aumento del piso de Ganancias, estaban fuera de las posibilidades del Tesoro. El argumento se chocó con la realidad de las urnas y de repente el dinero apareció para los 4 últimos meses del año (son 4.495 millones de pesos).
El Tesoro aportará el 55%, en base a una mejor administración de los fondos públicos, y el resto saldrá de dos nuevos tributos que recaerán -como pedía la oposición- sobre la renta financiera: se gravarán las utilidades de las empresas y la compra-venta de acciones de las firmas que no cotizan en la Bolsa (las otras fueron reguladas por la nueva ley de Mercado de Capitales).
Una segunda medida pasó desapercibida para Mendoza y tiene que ver con la inseguridad. En este tópico también hubo un cambio de discurso y de acción del kirchnerismo post 11 de agosto. Se pasó de hablar de "sensación de inseguridad" y criticar las cámaras preventivas con las que saca chapa Massa en su municipio, Tigre, a duplicar los esfuerzos del Gobierno nacional y bonaerense en todo el conurbano.
Primero Scioli anunció la instalación de cámaras en calles de todos los municipios del Gran Buenos Aires y esta semana el secretario nacional Sergio Berni confirmó que moverán 3.000 gendarmes de la Patagonia y el norte del país al conurbano para así duplicar la cantidad de efectivos que patrullan las calles más populosas del país.
Nada indica que el operativo alcance al Gran Mendoza, como sucedió en 2010-2011, pese a que la inseguridad sigue siendo una gran preocupación para los mendocinos y el kirchnerismo quedó a 18 puntos de distancia de Cobos y los radicales.
Lo que nadie imaginaba es que la orden de salir a convencer a quienes no apoyaron al Gobierno que lanzó la Presidenta desde Tecnópolis hace dos semanas, implicaría sacar a los medios del Grupo Clarín de la lista negra K. El martes, Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP, asistió a TN, la señal emblema del multimedio.
Un día después se permitió a Scioli asistir al mismo canal y anoche se esperaba la visita de Insaurralde. La urgida amnistía se produjo justo cuando la Corte Suprema de Justicia llevó adelante las audiencias públicas por la Ley de Medios y el kirchnerismo utilizó la ocasión para denunciar al Grupo Clarín de conductas antidemocráticas.
Por último: la decisión nacional de reabrir el canje de deuda para intentar convencer a la Corte de Justicia de Estados Unidos que acepte el caso que enfrenta al país con los fondos buitre en Nueva York, indica que el Gobierno nacional prefiere actuar sobre hechos consumados y que carece de estrategias.
Esto quedó demostrado esta semana cuando, por cadena nacional, la Presidenta anunció la reapertura y adelantó que el país ofrecerá a los tenedores de bonos, que ingresaron al canje en 2005 y 2010, un cambio de jurisdicción de los mismos para poder pagarlos en la Argentina y evitar así un eventual embargo de los fondos que se les depositan en el Bank of New York. La noticia no hizo más que azuzar a los fondos buitre y a la Justicia norteamericana, que viene acusando al Estado argentino de desoír sus fallos.
Sólo 24 horas después de la cadena nacional, el Palacio de Hacienda tomó conciencia de que la anticipación de su estrategia había sido otro error, teniendo en cuenta que se busca seducir a la Corte de EEUU para que acepte el caso argentino. Por eso la ley que entró al Senado nada dice de la oferta de cambio de jurisdicción, el punto más polémico y que más dudas generó entre los especialistas en canje de deuda.
