Foto:
En la figura de Axel Kicillof, el especialista en teoría económica que llegó al Palacio de Hacienda en diciembre de 2011 -primero como secretario de Política Económica y ahora ministro plenipotenciario- está depositada toda la suerte del Gobierno nacional.
Por voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el joven funcionario ha ido acaparando día a día cada vez más poder y por sus manos pasan todas las decisiones estratégicas que el Gobierno nacional está tomando, incluso a contrapelo del relato.
Desde la devaluación fenomenal que se ejecutó a fines de enero y que la Presidenta prometió públicamente que nunca iba a permitir que pasase durante su administración (“Van a tener que esperar a otro gobierno”, les dijo a los industriales en noviembre), los arreglos con el Ciadi, Repsol y el Club de París que abrieron un nuevo ciclo de emisión de títulos públicos, hasta la más reciente determinación de pagarles a los fondos buitre que el kirchnerismo esconde detrás de consignas patrioteras para despistar a sus más ingenuos seguidores (entre ellos, algunos intelectuales y artistas).
Kicillof es además el principal impulsor del alineamiento de la Argentina detrás de países como China y Rusia, no tanto por el convencimiento de que hay en marcha un nuevo orden bipolar sino por cuestiones más elementales y pragmáticas: son estas potencias emergentes las únicas interesadas realmente en prestarle dinero a la Argentina y en hacer inversiones en nuestro país ya que el conflicto en torno al llamado “juicio del siglo” que enfrenta al Estado nacional con los holdouts puso un freno a las expectativas de Cristina Kirchner de conseguir plata fresca de los países centrales para reactivar la alicaída economía argentina, pese a haber hecho el esfuerzo de acordar con ellos en el Ciadi, de indemnizar sobradamente a Repsol después de haberla acusado de vaciar YPF y de prometer pagarles a los mismos acreedores una deuda 3.000 millones de dólares más alta que la que todo el mundo computaba en el Club de París.
Esta semana, la Presidenta participará de la cumbre que los países del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) realizarán en Fortaleza y Brasilia, dado que la Argentina y el resto de los países de Unasur fueron invitados por Dilma Rousseff.
La expectativa de Cristina Kirchner es traerse de vuelta una invitación formal de los Brics para la Argentina para sumarse en el mediano plazo al grupo, además de anotarse en la lista de futuros beneficiarios de créditos del banco que los Brics crearán y capitalizarán.
Las principales potencias emergentes discutirán también sobre un Acuerdo de Reservas de Contingencia (CRA, por sus siglas en inglés), una especie de fondo de estabilización económica que puede ofrecerles un colchón a países en crisis, con dificultades en su balanza de pagos o que sufren ataques especulativos, como la Argentina.
Eso no es todo, el viernes Cristina Kirchner recibirá en la Casa Rosada al presidente chino, Xi Jinping, quien llegará con la promesa de invertir en trenes y represas 10.000 millones de dólares.
Es de especial interés para el Gobierno la firma de un acuerdo entre el Banco Central argentino y el Banco Central chino de un swap (intercambio de bienes y divisas) que le permitirá al país comprar productos a China con los yuanes que Pekín depositará en el BCRA (a cambio, los chinos recibirán una cifra equivalente en pesos para comprarle a la Argentina sus productos), divisa que el BCRA podrá hacer figurar en sus registros como reservas y frenar temporalmente la crisis de las mismas ocasionada por la falta de dólares.
Para apurar este swap, el Senado argentino dio media sanción el jueves a una ley que da inmunidad a los activos de los bancos centrales extranjeros, dado que este es un requisito que tiene la legislación china.
El acuerdo buitre
Las gestiones de Kicillof para llegar a un arreglo en la corte del juez Thomas Griesa con los holdouts entusiasman al mercado, los títulos de la deuda argentina no paran de subir y el riesgo país viene en caída.
Esto significa que todo el mundo da por descontado que antes del 30 de julio habrá un acuerdo entre las partes convalidado por el magistrado vilipendiado por Kicillof en todos los foros mundiales, desde la ONU a la OEA.
Ese día expira el plazo para que Griesa permita a los bancos intermediarios contratados por la Argentina para pagarles a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 que giren los fondos transferidos por nuestro país hace dos semanas, que han sido inmovilizados por el anciano juez para obligar a Kicillof a sentarse a negociar con los beneficiarios de su sentencia.
La jugada argentina de transferir la plata para los tenedores de la deuda reestructurada puso incómodo a Griesa puesto que de no permitir el pago a los bonistas que entraron al canje, él mismo estaría violando la cláusula de pari-passu (tratamiento igualitario) que usó para fallar a favor de los holdouts ya que no les permitirá cobrar sus acreencias (a los holdins). El riesgo más grande es para el Estado argentino, que en ese caso entraría en default técnico.
A azuzar el fantasma de una nueva cesación de pagos llegaron de improviso la semana pasada a Buenos Aires dos representantes de los fondos buitre, para presionar y obligar a Kicillof a negociar con ellos en el tribunal de Griesa, algo que el ministro de Economía ha supeditado a que primero el magistrado acepte una cautelar para que los fondos destinados a los bonistas que entraron a los canjes no puedan ser embargados. “No vamos a negociar con un arma apuntando en la cabeza”, ha dicho el ministro una y otra vez.
Pero la decisión de acatar el fallo de Griesa está tomada porque el Gobierno ya comprendió que defaultear la deuda reestructurada sólo traerá más penurias al país y además Cristina Kirchner tiene urgencia por inyectarle inversiones a la economía puesto que dentro de un año el oficialismo que gobierna hace 11 años se juega su continuidad.
Con la certeza de que se evitará una cesación de pagos, la pregunta que algunos economistas se hacen por estas horas es por qué el Palacio de Hacienda no deposita en una sola cuota, como ordenó el magistrado neoyorquino, los 1.600 millones de dólares para los holdouts, atendiendo a que ésta sería la única manera de que dicho pago no pueda ser entendido como una mejora voluntaria en detrimento de los acreedores que entraron a los canjes de la deuda argentina en 2005 y 2010.
Todos los abogados que participan de las negociaciones representando a las partes y el “mediador” Daniel Pollack nombrado por Griesa coinciden en que el pago al contado de la sentencia es la única forma en que las cláusulas RUFO (Rights Upon Future Offers) que tienen los bonistas que entraron al canje y que expiran el 31 de diciembre de 2014, no se vean incumplidas y disparen demandas impagables para el país.
Por otro lado, los 1.600 millones de dólares no significarían para el Tesoro argentino una gran sangría si se tiene en cuenta desembolsos como los pactados con Repsol o el Club de París.
La realidad que hay detrás de esta decisión de no pagar al contado es que Kicillof le agarró el gusto a la emisión de bonos que terminarán pagando otros gobiernos y que, por otro lado, a los propios fondos buitre también les conviene que el pago de la sentencia se vaya atrasando porque así suman intereses punitorios del orden de 12 o el 14% anual, mientras que si recibieran la plata ya deberían invertirla en nuevos títulos que no pagan más de 4% anual.
Por eso es que hoy las negociaciones entre holdouts y los funcionarios argentinos pasan por buscar un mecanismo de pago en bonos, como el que se usó para pagarle a Repsol por ejemplo, que a la vez impida cualquier interpretación a los bonistas de la deuda reestructurada ir a un tribunal a reclamar la aplicación de la cláusula RUFO.
Es ahí donde la posibilidad de emitir un pagaré intransferible a los beneficiarios del fallo de Griesa a ser cambiado por nuevos bonos de deuda argentino luego del 1 de enero (cuando la RUFO haya expirado) va tomando cuerpo.
Mario Fiore - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires