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Cristina Kirchner intentó disfrazar, en plena campaña electoral, una derrota política que no le propinó la oposición sino las pujas de poder cada vez más feroces en el propio oficialismo. El martes, la Presidenta debió dar marcha atrás con el ascenso del general César Milani, que estaba en discusión en el Senado.
Milani es desde hace un mes el jefe del Ejército, lugar al que llegó por decisión exclusiva de la mandataria cuando decidió retirar a Nilda Garré del Ministerio de Seguridad, poner en su lugar al titular de Defensa, Arturo Puricelli, y reemplazar a éste por el histórico jefe del bloque de diputados K, Agustín Rossi.
El santafesino no estaba del todo de acuerdo -según varias fuentes- de la entronización de Milani, que venía desempeñándose como número dos de la fuerza y controlaba el área de Inteligencia pero, obediente y leal, Rossi es hoy uno de los principales defensores del polémico general.
Como sucedió en 2012 con el pliego de Daniel Reposo para la Procuración General de la Nación, Cristina se encontró con un obstáculo que sus deseos no pudieron remover: la reticencia de senadores K y de aliados de estos a votar el ascenso a Milani por estar involucrado en dos expedientes judiciales relacionados con delitos de lesa humanidad.
Tal como sucedió en el capítulo senatorial de Reposo, quien no pudo sortear la audiencia pública en la que la oposición puso en evidencia su falta de idoneidad para ser jefe de los fiscales, las internas dentro del Frente para la Victoria fueron determinantes en el controvertido y por ahora fallido ascenso del general Milani.
Recordemos que Reposo fue postulado para el cargo que a la postre recayó en Alejandra Gils Carbó tras las denuncias del vicepresidente Amado Boudou contra el entonces procurador Esteban Righi, acusaciones que no tuvieron comprobación alguna en los tribunales y quedaron en nada. El ex ministro de los años '70 dio un paso al costado y la Presidenta nombró inmediatamente como reemplazante a un ladero de Boudou y Guillermo Moreno:
Reposo. Pero el escándalo por el caso Ciccone y el pobre desempeño del jefe de la Sigen en el Senado sepultaron las órdenes de Cristina. Este mismo escenario se repitió esta semana, con el agravante de que lo que está en juego es la bandera de los Derechos Humanos, quizás la principal carta de presentación del kirchnerismo.
Dos elementos fueron clave para que el ascenso de Milani tuviera que ser congelado hasta después de las elecciones: el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que se solicitó el rechazo del pliego y la negativa de senadores aliados al oficialismo a votar a favor del general. Ambos hechos demuestran que la fortaleza del Gobierno por conducir políticamente el amplio abanico de dirigentes, movimientos y partidos que se encuadran en el kirchnerismo está mermada.
"No soy títere de nadie", aseguró el martes Cristina Kirchner. Una frase que algunos entendieron fue dirigida a los medios de comunicación críticos que pusieron en el tapete las vinculaciones de Milani con probables delitos de lesa humanidad silenciados por el propio Gobierno -como veremos más adelante- para emprolijar el legajo del general.
Otros direccionaron las palabras de la Presidenta hacia el CELS y a su presidente, el periodista de Página 12, Horacio Verbitsky. En este caso el quiebre de la Jefa de Estado con el columnista pone al descubierto sólo una parte de una guerra más densa que involucra distintas facciones de los servicios de Inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de la política.
El rol de Verbitsky y el CELS fue llamativo. Primero, el 12 de julio, informó al Senado que en sus archivos el general Milani no tenía nada que lo vinculara con los hechos oscuros de la dictadura.
Pero luego, tras la difusión por los medios de dos hechos acaecidos en 1976 en Tucumán y en La Rioja, el CELS tomó contacto con los expedientes judiciales y constató que por un lado Milani fue oficial sumariante de la deserción del conscripto Alberto Agapito Ledo en Tucumán -carátula con la que se tapaba la desaparición de colimbas en aquellos años- y que por otro lado un dirigente riojano, Ramón Olivera, lo acusa de haberlo hostigado junto a su padre -fallecido poco después- en un centro clandestino de detención para que confesasen que eran militantes del ERP.
Estas informaciones fueron enviadas por el CELS el lunes al Senado, lo que obligó al Gobierno a postergar el ascenso de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas hasta noviembre. En el interín, sólo un día antes de que el CELS mandara su carta al Senado (que antes le hizo llegar a la propia Presidenta), el matutino oficialista Página 12 publicó una entrevista con Milani realizada el sábado en la cual el jefe del Ejército aseguraba que nunca había tenido contacto con los dos hechos.
El problema es que dicho medio se "olvidó" de publicar que el general había asegurado al periodista que lo entrevistó que "por accidente" o azar le tocó a él confeccionar el sumario de la deserción de Ledo. Son pocas las voces en la Casa Rosada que creen que Página 12 cometió un simple error periodístico al no consignar las afirmaciones de Milani sobre el sumario del desaparecido Ledo.
Concretamente, creen que Verbitsky intentó "operar" y "conspiró" contra el Gobierno. ¿Los motivos? Algunos ultra-kirchneristas piensan que es por diferencias sobre el rol que deben tener las Fuerzas Armadas en este momento ya que la Presidenta les ha encomendado que se involucren con tareas sociales (lo que además es leído por muchos sectores de la oposición como un intento de "kirchnerización" de todas las fuerzas) y otros ultra hasta especulan que la interna mundial de los servicios de inteligencia jugó una partida en este episodio (afirman orgullosos que se está separando la Inteligencia argentina de la égida norteamericana-israelí).
De las pocas cosas que quedan claras en esta trama resalta un hecho: el Gobierno siempre supo de la vinculación de Milani con estos dos episodios sucedidos en 1976 y trató de ocultarlos.
Primero cuando mandó el pliego del general al Senado (la Secretaría de Derechos Humanos informó a Defensa que Milani no tenía conexión con ninguna causa) y después cuando la propia Presidenta la emprendió contra la oposición y los medios de comunicación (incluyendo esta vez a Página 12 y Verbitsky) en la última cadena nacional, de corte electoral. La Jefa de Estado salió a enrostrar sus pergaminos en materia de Derechos Humanos para proteger a Milani ya que su entronización fue responsabilidad enteramente suya.
Pero hete aquí que fue la propia Presidenta quien dio cuenta, en ese mensaje por cadena nacional, que el Gobierno sabía de los dos expedientes judiciales en los que Milani está mencionado. Podría haber elegido a otro general, sobre el que no pese ningún tipo de sospechas. Pero se inclinó por Milani, quien le asegura la mencionada "kirchnerización" de las Fuerzas Armadas, puestas al servicio del "proyecto nacional". Así fue como terminó incurriendo en una contradicción con el relato oficialista que pone al matrimonio Kirchner como abanderados de los Derechos Humanos.
Contradicción que llevó a las distintas voces más representativas de la lucha contra la represión de la dictadura a criticar el accionar del Gobierno (como Adolfo Pérez Esquivel), a mantener un sugestivo silencio (Hebe de Bonafini) y a justificar las decisiones de la Presidenta (Estela de Carlotto).
La foto actual es la de Cristina Kirchner defendiendo políticamente a un jefe del Ejército cuestionado por su accionar en los años de plomo -aunque pidiéndole a la Justicia que tenía pisados los expedientes que investigue- en plena campaña electoral. Una factura que la mandataria no pude cobrarle a nadie más que a sí misma. Más si se tiene en cuenta que el resistido general, cuando fue ascendido en 2010, pasó el cedazo del Senado de "chiripa", gracias a la mano en alto del hombre que indultó a los genocidas: Carlos Menem.