Foto:
Con el vicepresidente Amado Boudou ya procesado por corrupción, y el riesgo latente de una debacle económica de consecuencias imprevisibles, el país enfrenta un dramático momento institucional y el Gobierno una difícil encrucijada política. Pero como si eso no fuera suficientemente grave, el kirchnerismo se aferra a esa idea enfermiza de que todo lo que lo afecta no es la realidad, sino una construcción mediática instrumentada por enemigos de la patria.
El caso Boudou ha excedido todos los límites tolerables, a la espera de que la presidenta Cristina Fernández se decida a admitir que la situación de su vice le ocasiona un enorme perjuicio, a ella y a su administración. Todos los interrogantes sobre la continuidad de Boudou en su cargo, o la habilitación de un juicio político en el Congreso, apuntan desde la noche del viernes a la jefa del Estado que descansa en El Calafate. Ella tuvo y tiene la decisión.
No es un secreto para nadie el vacío político con que importantes figuras del oficialismo vienen rodeando a Boudou, como una manera de tomar distancia. Ocurre que para el peronismo es ajeno, para el gobierno una mochila, para Cristina un capricho y para el país una verguenza.
Intenciones
“Me preocupa más lo que suceda en la negociación con los fondos buitres que lo que pase con el vicepresidente”, confesó ayer un ministro que tiene ilusiones de prolongar su carrera política después de 2015. Comprende que si hay o no default es una decisión de la que depende la suerte de un país y no de un circunstancial ocupante del poder.
Horas antes de que el juez Ariel Lijo procesara al vicepresidente, en Nueva York se producía una escena reveladora sobre la gravedad de la situación. Dan Pollack -el mediador a quien el juez Thomas Griesa le encomendó conducir las negociaciones entre la Argentina y los fondos buitres-, se disponía a salir del edificio del Tribunal de Distrito. Cuando vio la cantidad de periodistas, cámaras y micrófonos que estaban esperando, retrocedió unos pasos y le dijo a Carmine Buccozzi, uno de los abogados del gobierno argentino: “Ah! Le recuerdo la conveniencia de mantener en reserva lo que vayamos a conversar”.
Ambos salían de la audiencia con el magistrado y ya habían acordado formalizar la negociación con la idea de prolongarla todo el fin de semana. El breve diálogo dejó en claro que tanto Griesa como el mediador tienen una profunda desconfianza sobre las actitudes y declaraciones de la Casa Rosada. En términos políticos, el mensaje a la Presidenta Cristina Fernández y al ministro de Economía Axel Kicillof fue clarísimo: “Conocemos la manera en que ustedes se manejan. No sigan usando discursos demagógicos porque todo será peor”.
Más allá de la legítima defensa que la Argentina hace de sus intereses, el juez Griesa está molesto con el gobierno. Sostiene que no se respeta su fallo, a pesar de que fue el propio gobierno argentino el que puso bajo el imperio de la ley norteamericana los bonos utilizados para reestructurar la deuda en 2005 y 2010. Y piensa que el depósito que se hizo el jueves para pagar el vencimiento a quienes entraron al canje fue un abierto desafío a su investidura, con una jugada traicionera.
Culpable
El objetivo de esa acción –cree el magistrado- no fue la de mostrar la intención pagadora de la Argentina, como sostuvo Kicillof, sino ponerlo al juez como verdugo de los bonistas “buenos” y hasta de la quiebra del país. El comunicado de la Casa Rosada, culpando a Griesa, echó más leña al fuego.
A pesar de esa aparente dureza, la desorientación gana a la cúpula del poder y una prueba son las invitaciones reservadas que el Gobierno está haciendo a distintos economistas y expertos en derecho internacional en busca de asesoramiento. Fuentes oficiales aseguran que la Presidenta estaría dispuesta a escuchar personalmente, si no lo hizo ya, al ex ministro Roberto Lavagna.
Visto con más amplitud, el problema con la deuda y la situación judicial del vicepresidente Boudou, mantienen sumergidos los más que preocupantes datos que aporta la economía doméstica. La caída de la producción industrial, las suspensiones de trabajadores, la recesión que va ganando cada vez más sectores, la inflación y el temor de las empresas a tomar decisiones de riesgo, conforman un cuadro crítico.
De todo eso, hasta ahora, no son responsables ni los fondos buitre ni el juez Griesa, pero es muy fuerte la tentación del oficialismo de hacer un solo paquete con todo y situarse en el rol de víctima.