La presidenta Cristina Fernández, en ocasión de anunciar un nuevo récord de recaudación impositiva, mostró la forma en que el gobierno manipula los números oficiales para ponerlos a favor de su discurso y poder hablar del “éxito del modelo”.
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La presidenta Cristina Fernández, en ocasión de anunciar un nuevo récord de recaudación impositiva, mostró la forma en que el gobierno manipula los números oficiales para ponerlos a favor de su discurso y poder hablar del “éxito del modelo”.
Lo más sabroso de las afirmaciones presidenciales fue cuando dijo que “en los últimos diez años hemos aumentado la recaudación sin haber aumentado ningún impuesto”.
Es aquí donde aparecen las sutilezas, aunque también las falsedades. Es que en los últimos diez años hubo aumentos directos e indirectos que facilitaron el incremento, junto a la reactivación de la economía.
La forma directa fue el aumento de las retenciones a las exportaciones de granos que Néstor Kirchner heredó en el 20% y la llevó a 35%. También la imposición de retenciones a las exportaciones mineras fue producto de estos diez años.
Este impuesto, por tratarse de un gravamen de aduana, no es coparticipable, aunque en los últimos años, por presión de las provincias, se decidió crear un Fondo, al que llamaron Solidario, para repartir entre las provincias el 30% de las retenciones por exportaciones de soja.
Pero existe un método indirecto que reporta grandes utilidades al gobierno y es el impuesto inflacionario. La inflación corroe el poder adquisitivo de los salarios, les quita poder de compra y todo lo que pierden lo gana el gobierno que causa la inflación emitiendo moneda para gastar más de lo que puede.
La inflación impacta en el IVA, ya que al aumentar los precios, crece la recaudación de este impuesto. Si no fuera así no se justificaría que aumente en el año un 27% la recaudación de este impuesto, cuando la economía sólo crece el 2%.
También creció el IVA-aduana, al haberse liberado un poco las importaciones, pero impactada por las compras de combustibles.
El impuesto a las ganancias también resulta impactado por la inflación. Las empresas no pueden actualizar sus balances ajustados por el índice de precios y, por lo tanto, pagan impuesto en base a ganancias nominales, que son ficticias y que van minando el capital y la competitividad de las compañías.
Los trabajadores también se ven impactados por la inflación ya que el gobierno mantiene desactualizado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y cada día hay más trabajadores alcanzados por este impuesto. Además, no se han actualizado las escalas, lo que lleva a que, con los últimos aumentos, muchos ya están pagando alícuotas superiores a las del mínimo.
Cuando la Presidenta hace gala de no haber aumentado impuestos quiere sacarse la responsabilidad que cabe a la Nación sobre la crisis que atraviesan las provincias. La mayoría debió aumentar impuestos y muchas han debido endeudarse para pagar gastos corrientes.
Es que la Nación ha violado un pacto que finalizó en 2007, prorrogándolo en forma autoritaria, por el cual las provincias, en su momento, cedieron el 15% de la masa coparticipable para financiar a la Anses y al Pami. Hoy, estos organismos son superavitarios y son usados como financistas internos por parte del gobierno.
Como se ve, no todo lo que reluce es oro. Reconocer la inflación sería aceptar los beneficios que le trae al gobierno nacional, por eso sólo hablan de “precios que suben por culpa de los empresarios”. En esto de manipular los números, no parecen tener límites.
