La ley de ficha limpia no fracasó en Mendoza, como ocurrió en el Senado nacional, porque surgió a partir del amplio diálogo político y en un año en el que no se votaba.
La ley de ficha limpia fue rechazada por el Senado nacional.
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Foto: Web ¿Cómo hizo Mendoza para ser una de las provincias que logró sacar sin escándalo la ley de ficha limpia ? Unos cuantos deben estar haciéndose la pregunta, tras la tragicomedia del Senado nacional, espacio donde hace poquito naufragó la idea de bloquear en todo el país las candidaturas electorales de las personas que tienen condenas judiciales.
Ensayemos entonces un manual de instrucciones para ver si se puede obtener la ley de ficha limpia en el próximo intento. Un paso a paso para los bien intencionados que la quieren de verdad, no para los falsos y especuladores.
El primer punto ineludible es que una norma de este tipo no tiene ninguna oportunidad en medio de un proceso electoral. Mendoza sacó su ley en 2020. No se votaba ese año.
Hay que entender que la política tiene anticuerpos eficaces. Bloqueará siempre cualquier amenaza y habrá más lío si alguno de sus actores intenta sacar ventaja con la ley en plena campaña.
Aunque el sentido común avale la ficha limpia, hay que decir también que hay quienes creen que una normativa como esta puede afectar el principio de inocencia. Entonces hay que ser cuidadosos con los aspectos jurídicos.
El sentido común ganó esta discusión hace cinco años en Mendoza. No era un momento cualquiera. Además de no haber elecciones, el país y el mundo estaban sacudidos en 2020 por la irrupción de la pandemia del coronavirus. Para la ficha limpia, ese fue un inesperado factor a su favor: "primereamos y encontramos al sistema político descolocado", señalan algunos de los impulsores de la ley local.
El Movimiento nacional Ficha Limpia, la misma organización cuyos dirigentes se quedaron helados, en vivo para la TV, cuando la votación salió en contra en el Senado nacional, había colaborado con la instalación del tema en la Legislatura mendocina. Eso ayudó, por supuesto, al igual que el impulso de Laura Muñoz, la exesposa de Alejandro Vandenbroele, y el de miles de firmas a favor de la ley que se juntaron en la plataforma Change.org.
Pero sería injusto atribuir solamente a estos elementos el logro legislativo provincial, que todavía es minoritario, porque la mayoría de las provincias no tienen ley de ficha limpia. Lo más importante es que hubo flexibilidad en el debate (o sea, diálogo político) entre oficialismo y oposición.
Fue así que el listado de delitos a contemplar se expandió mucho más allá de los que tienen que ver estrictamente con la administración pública (contra la propiedad y la libertad, además de los que son contra la integridad sexual, entre otros) y la ley también terminó abarcando a los tres poderes del Estado. Así, el certificado de buena conducta no hace falta en Mendoza únicamente para ser candidato, sino también para ser juez o funcionario, incluso director en un municipio.
Esta apertura terminó de demoler resistencias o excusas en parte del peronismo y sólo la izquierda, que argumentaba que no podía dársele ese poder de veto a la Justicia, se quedó en el bando de los detractores.
El gobernador Rodolfo Suárez colaboró con la promulgación rápida de la normativa y la ley de ficha limpia mendocina pudo debutar sin traumas al año siguiente, en los comicios de 2021. En aquel turno, rindió sus frutos: 12 personas que querían ser candidatas a pesar de sus problemas con la Justicia se quedaron afuera de las elecciones.
Todo esto, cuatro años antes de que el Senado nacional cayera en el bochorno de manosear y hundir la causa de ficha limpia por la candidatura (o no candidatura) de Cristina Kirchner.
Hay que decir también que una de las premisas inteligentes de la normativa mendocina fue que, ante el incumplimiento de un solo candidato, toda la lista de postulantes podía caer si no era remplazado rápidamente. Ningún partido quiere que eso le pase.
La ley de ficha limpia mendocina, de todos modos, no es perfecta. De hecho, la radical María José Sanz, principal impulsora, está proponiendo que se sumen al listado de delitos a aquellos derivados del narcotráfico.
Tampoco puede ir contra quienes chicanean causas judiciales para llegar al cargo antes de que se emita la sentencia. Ha sido el caso de la diputada lasherina Janina Ortiz, quien está investigada por más de un delito, pero sin pena aún.
Sin embargo, la Constitución proporcionó en su caso otro remedio y Ortiz fue suspendida en 2024 por indignidad. Resultó otra victoria del sentido común en un año en el que (casualidad o no) tampoco se votaba en Mendoza.
* El autor es periodista. [email protected]