Javier Milei es el presidente más débil en términos de estructura política desde la recuperación democrática en 1983: apenas cuenta con el 8% de representación en el Senado y el 15% en Diputados. Tampoco dispone de gobernadores propios, aunque en los últimos tiempos algunos intendentes de la gravitante provincia de Buenos Aires pasaron a integrar las filas del partido que su hermana, el Jefe, pretende organizar para competir en las elecciones intermedias con el fin de aumentar la representación en el Congreso nacional y en otros distritos.
Como suele decirse, su liderazgo público se edificó en los medios como panelista y como tuitero entrenado en la era digital que lo familiarizó en el lenguaje de las redes sociales desde donde cosechó la adhesión de jóvenes empáticos con su estética y virulenta prédica anarco-libertaria que prometía romper con la inercia populista que había sumergido al país en indeclinable decadencia. Desde entonces, el testeo y monitoreo constante de la opinión pública constituye un resorte o instrumento decisivo de gobierno. Allí residió su fortaleza en el curso de su primer año de mandato que le permitieron traccionar el paquete de leyes y decretos con el que se propone cortar de raíz con el flagelo del déficit fiscal y la inflación que carcome la vida cotidiana de los sumergidos en la pobreza, pone en vilo a los trabajadores informales, bloquea expectativas de ascenso social y fortalece la vía de la emigración de los que disponen de recursos culturales o familiares para proyectar sus carreras profesionales en países limítrofes u otros más lejanos, luego de haber buscado papeles para acreditar antecedentes suficientes y hacer pie en Europa.
No obstante, las últimas encuestas de opinión sembraron por primera vez alarma en el circulo gubernamental en tanto demostraron la caída de la imagen positiva del presidente cuyo origen coincidió con el virulento discurso “antiwoke” pronunciado en Davos, el escándalo desatado con el Criptogate que lo tuvo como protagonista, el alza del índice de inflación, la incertidumbre cambiaria, la inseguridad, la designación por decreto de los jueces de la Corte, la violencia y el fallido operativo represivo en el Congreso, y la desconfianza de la ciudadanía en el acuerdo con el FMI que recuerda fantasmas del pasado. Los datos difundidos por la Universidad de San Andrés resultan elocuentes: el 61% de los consultados respondieron estar insatisfechos con la gestión del presidente libertario. Más aún, la mayoría (el 52%) desaprueba su gobierno, mientras que el 45% está conforme con la marcha de sus políticas. La preocupación oficial por los resultados de las encuestas no parece menor en tanto expresan el actual humor social en todos los grupos de edades alcanzando las bases de su propio electorado: la insatisfacción en la Generación Z alcanza el 66% de los consultados, mientras que entre los milennials representan el 67% para escalar el 71% entre la Generación X, y descender al 53% entre los mayores de 60 años. En otras palabras, los datos parecen ilustrar el quiebre del desencanto introduciendo reservas sobre el proceso electoral ya abierto que tiene como escenario primordial la crucial provincia de Buenos Aires, el bastión territorial de su rival preferida, CFK que lo azuza de manera intermitente en las redes y es identificada como la principal voz de la oposición. No se trata de un tema menor en tanto allí reside el 37% del padrón electoral nacional, es decir, que agrupa prácticamente el total de electores de las provincias de la franja productiva y de las rentistas poniendo de relieve la desigual representación en el Congreso que profundiza los desequilibrios regionales y entroniza el “decisionismo fiscal” y el “hiperpresidencialismo” en factótum primordial del maltrecho sistema federal que tiene pendiente el pacto fiscal comprometido desde 1994 para recomponer el equilibrio entre “el gigante de dos cabezas”, la provincia de Buenos Aires y su conurbano, y el resto del país. Aun así, los sondeos de opinión no parecen haber modificado la fisonomía del voto de 2023 por lo que no resulta sencillo conjeturar si la tendencia declinante del optimismo originario llegará a su término y retomará el sendero anterior con el fin de refrendar la aprobación ciudadana en medio de la incierta y dividida oferta electoral de la oposición.
Entretanto, el 24 de marzo el gobierno redobló la apuesta de la batalla cultural mediante la difusión de un polémico spot en el que su principal vocero intelectual invocó la única verdad histórica aceptada sobre el origen de la dictadura que simplificó en el accionar de Montoneros y el ERP y el terrorismo estatal que siguió. Con ello, la narrativa oficial deja de lado el “Nunca más” y el Juicio a las Juntas, ignora el indulto de Menem que sacó de la prisión a represores y guerrilleros, omite o manipula todo lo investigado y publicado sobre las responsabilidad de la guerrilla, el accionar de la Triple A durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, la teoría de los “dos demonios”, el relato oficial K, y las controversias sobre la cifra construida de los 30000 desaparecidos y las 8941 víctimas del terrorismo estatal registradas por la CONADEP.
Casi de manera simultánea, el kirchnerismo también difundió un video que reprodujo la política memorial impresa a fuego en los años que fue gobierno convirtiéndolas en consignas de conmemoración y movilización, aunque introdujo dos lemas para confrontar con el presente político de Milei: asoció el acuerdo con el FMI con la política económica de la dictadura y trajo a colación la proscripción de CFK del calendario electoral pasando por alto las causas judiciales que la hacen visitar con frecuencia los tribunales de Comodoro Pi.
Una vez más, la conmemoración del último golpe de estado puso en juego el papel del pasado nacional en el debate público, aunque quede sujeto a minorías intensas o en el contorno del saber académico. Así, mientras la escultura que evocaba a Osvaldo Bayer en la Patagonia austral era destruida por una topadora de Vialidad Nacional desatando denuncias sobre un nuevo capítulo de barbarie, la opinión pública permanece expectante para dar su veredicto sobre la marcha de las promesas de Milei.
* La autora es historiadora del CONICET.
