Participaron del encuentro los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil) y Luis Arce (Bolivia). Más allá del reclamo general, la Cumbre tiene relación directa con la próxima reunión anual de protección del medioambiente, la COP-30.
El 24 de agosto se realizó en la Plaza de Armas del Palacio Nariño, la sede del gobierno colombiano, la Cumbre de los ocho países amazónicos. Se trata de las naciones de América del Sur cuya superficie comprende territorios de la cuenca del Amazonas, considerada una reserva prioritaria del mundo en términos medioambientales. Fue la quinta cumbre de este tipo que se realiza.
Participaron del encuentro los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil) y Luis Arce (Bolivia), quien dejará el poder en los próximos meses. También estuvieron la vicepresidente de Venezuela, Gabriela Jimenez, y la de Ecuador, María José Pinto, junto con los cancilleres de Perú (Elmer Schialer), Surinam (Melvin Bouva) y representantes de Guyana. Participaron también ministros de diversos países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que paralelamente se reunieron con líderes indígenas y representantes de la sociedad civil. Esta organización fue creada en 1978 por todos los países que forman parte de la Cumbre, con la excepción de Perú. Para mostrar la relación con la población indígena, la líder del pueblo cubeo, Paulina Romero, tomó la palabra en su lengua nativa y entonó un canto tradicional que fue recibido en silencio por los presidentes y las delegaciones. El coordinador de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Oswaldo Muca, insistió en “salvar la vida para darles un futuro mejor a nuestros hijos y nietos”.
Más allá del reclamo general , la Cumbre tiene relación directa con la próxima reunión anual de protección del medioambiente, la COP-30. Esta tendrá lugar entre el 10 y el 21 de noviembre en Belém do Pará (Brasil). Durante la reunión de los cancilleres de los países amazónicos se aprobó una resolución que da nacimiento al mecanismo amazónico de los pueblos indígenas (MAPI). Se trata de una medida que busca fortalecer el diálogo entre los estados y los pueblos indígenas para contribuir a la protección de la Amazonia. De esta forma, en la toma de decisiones nacionales podría garantizarse una intervención oficial de los representantes de las comunidades que históricamente han vivido en la región.
Al conflicto entre Brasil y Estados Unidos por la negociación comercial y la detención de Jair Bolsonaro, se suma ahora el que existiría entre ambos países por la explotación de las llamadas “tierras raras”. Brasil mantenía en reserva que poseía millones de toneladas de estos minerales necesarios para la construcción de drones, robots, autos eléctricos y misiles guiados. Durante años los dos países han discutido discretamente sobre cómo la inversión estadounidense podría ayudar a Brasil a explotar estos minerales, de los cuales tendría la segunda reserva del mundo.
Pero ahora la crisis diplomática ha puesto en riesgo de retroceso el esfuerzo estadounidense para lograr el acceso a las tierras raras brasileñas. China es el país que domina este mercado: posee dos tercios de ellas y exporta el 80% del total mundial. Las conversaciones, que no se habían divulgado previamente, se encontraban en una etapa temprana. Ahora todo se ha interrumpido con el conflicto diplomático. Irritado por la actitud de Trump, Lula ha dicho que “nadie meterá la mano” en estos recursos, argumentando que pertenecen al pueblo brasileño. Si Brasil entrara en este mercado, el control sobre el mismo de China se debilitaría y con ello el poder de las potencias en los campos de batalla del futuro. Con un acuerdo de este tipo, Brasil podría convertirse en una potencia mundial en la extracción y procesamiento de tierras raras, pero esto hasta ahora parece haberse suspendido.
La presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas se ha transformado en el conflicto más importante entre Washington y Caracas, con la aparente posibilidad de una intervención militar.
La armada estadounidense ha desplegado una fuerza de tareas en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, integrada por tres destructores modernos portadores de misiles y un grupo de desembarco de algo más de cuatro mil hombres, la mitad de ellos marines y la otra por tripulantes, más un submarino. El Reino Unido también ha desplegado unidades y los gobiernos de Guyana y Trinidad Tobago se han sumado con sus elementos militares debilitados a este despliegue. También ha enviado elementos navales Francia, que mantiene el control sobre la isla de Guadalupe. Paradójicamente, comienzan a llegar a Venezuela los buques petroleros estadounidenses que han retomado el comercio con este país tras una decisión del presidente Trump. Hay quienes piensan que este despliegue militar anticipa una operación para derrocar a Maduro y que el presidente estadounidense lo necesitaría para neutralizar el costo de la demora que está sufriendo en cerrar la paz en distintos conflictos globales, como el de Ucrania con Rusia y el de Israel con Hamas. Pero no es fácil que Washington abra un nuevo frente militar, porque ello iría en contra de su política de supuesta pacificación a nivel global. Un cambio de régimen en países como Venezuela o Cuba permitiría a Trump recuperar su ascendiente en los votantes latinos, entre los cuales ha perdido apoyo en los últimos meses. Paralelamente, ha retornado la violencia en Colombia, ya sea a través de grupos vinculados a Cuba, como el ELN, y disidencias de las FARC, relacionadas con el narcotráfico.
Mientras tanto, no parece fácil que Trump, empeñado en evitar que sus tropas se desplieguen en el terreno, lo hagan en Venezuela, aunque existan razones para ello.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.