Pensar en un Estado completamente ausente de la obra pública no es realista. Es, en el mejor de los casos, una ilusión teórica. En el peor, una forma de perpetuar asimetrías y paralizar el desarrollo. La solución probablemente no sea un blanco o negro. Ni obra pública 100% estatal, ni confianza ciega en que el mercado lo resolverá todo.
Mendoza frente al recorte de obras públicas
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El debate sobre el rol del Estado en la obra pública no es nuevo, pero ha cobrado una nueva dimensión con el cambio de paradigma que propone el actual gobierno nacional. El mensaje es claro: la inversión en infraestructura debe ser liderada por el sector privado. Hoy, con un Gobierno nacional que ha decidido prácticamente retirarse de la inversión en infraestructura, se abre un debate necesario: ¿puede el sector privado hacerse cargo de todo?
El planteo no es nuevo. En áreas como energía, gas y transporte, se desreguló, se concesionó, se apostó a que el mercado llenara los vacíos. ¿El resultado? En muchos casos, los privados no realizaron las obras comprometidas. Las inversiones se demoraron o nunca llegaron, y el Estado no controló y no exigió lo acordado. Al tiempo que la situación macro tampoco acompañó.
En Arminera, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, lo explicó con claridad. “Solo un 15% del total de infraestructura en un país puede financiarse con capital privado. El 85% restante debe ser ejecutado con fondos públicos”. ¿Por qué? Porque hay rutas que no son rentables, hospitales que no se autofinancian, redes de agua o cloacas en zonas vulnerables que jamás generarán el retorno esperado por una empresa.
La lógica de mercado es legítima. El privado invierte donde hay ganancia. Pero cuando la rentabilidad económica no coincide con el interés público, el Estado debería estar presente.
Por ahora, la experiencia demuestra que no basta con que el marco legal habilite o promueva la inversión privada. Es imprescindible que existan incentivos claros, mecanismos de financiación accesibles, previsibilidad macroeconómica y condiciones de estabilidad que permitan a los inversores planificar a largo plazo.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, lo reconoce, aun cuando comparte parte de la visión oficial de trasladar la obra al sector privado. “En la realidad no se cumple y no aparecen los privados. Los mendocinos no van a esperar años a que los privados se hagan cargo de la infraestructura”, dijo recientemente.
Entonces, si la inversión no llega por la vía privada, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Nos resignamos? ¿Postergamos el desarrollo de regiones? ¿O dejamos de pagar los impuestos? Nadie se salva solo.
La solución probablemente no sea un blanco o negro. Ni obra pública 100% estatal, ni confianza ciega en que el mercado lo resolverá todo. La clave está en encontrar un mix inteligente, que combine financiamiento público y privado según la naturaleza del proyecto. Ahí es donde entra en juego el debate sobre el financiamiento.
Argentina necesita mecanismos estables, transparentes y previsibles para financiar infraestructura. Líneas de crédito con organismos internacionales, participación de bancos de desarrollo y asociaciones público-privadas bien estructuradas pueden ser parte del camino. Pero incluso en ese modelo mixto, el Estado debe liderar la planificación, la regulación y, cuando sea necesario, la inversión directa.
Y es que, en un país tan expuesto a vaivenes económicos como el nuestro, la obra pública cumple además un rol anticíclico. Cuando todo se frena, cuando cae el consumo y la producción, la inversión estatal sostiene empleo, activa proveedores locales, mejora caminos, genera condiciones para que luego sí, el privado invierta.
Pensar en un Estado completamente ausente de la obra pública no es realista. Es, en el mejor de los casos, una ilusión teórica. En el peor, una forma de perpetuar asimetrías y paralizar el desarrollo.
Si el objetivo es modernizar, ordenar y eficientizar el gasto en infraestructura, adelante. Hay mucho por mejorar. Pero si el plan es abandonar esa responsabilidad bajo la idea de que el mercado lo resolverá, la historia –la propia y la ajena– ya mostró sus límites.
En la Argentina real, donde faltan rutas o las que hay están destruidas, acueductos, energía y conectividad, no alcanza con esperar que aparezca la rentabilidad. A veces, simplemente, hay que hacer lo que hay que hacer. Parece una verdad de perogrullo pero vale la pena recordarla: sin infraestructura no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay futuro.
* La autora es periodista. [email protected]