La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), creada en diciembre de 2003 mediante la Ley 25.849 para implementar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), no ha logrado alcanzar los objetivos que motivaron su creación.
Resulta evidente que no se necesita una corporación que multiplica los gastos sin ofrecer una contraprestación real. Sin dudas, hay que derogar la ley que dio origen a COVIAR y permitir que la asociación a organizaciones del sector sea libre y voluntaria.
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), creada en diciembre de 2003 mediante la Ley 25.849 para implementar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), no ha logrado alcanzar los objetivos que motivaron su creación.
Actualmente, se encuentra en tratamiento un proyecto de ley presentado por el Diputado Damián Arabia que propone su derogación. Este proyecto cuenta con el respaldo de diversos sectores, incluyendo a Bodegas de Argentina —organización que formó parte de las 17 entidades fundadoras de COVIAR— y al Consejo Empresario Mendocino.
Durante mi mandato como Diputado Nacional, solicité información sobre el manejo de los fondos que COVIAR administra, provenientes tanto de aportes obligatorios del sector privado como del Estado, es decir, de todos los argentinos. Nunca se rindieron cuentas claras al respecto, lo cual genera sospechas de corrupción o, al menos, una preocupante falta de transparencia. No se permitieron auditorías y, lo que es aún más grave, se ha incumplido sistemáticamente lo establecido en el artículo 5º de la ley, que limita los gastos administrativos al 3% de lo recaudado. Se estima que, desde su creación, la corporación ha administrado más de 200 millones de dólares.
Lo que sí está claro es el uso ineficiente de los recursos: durante años se financiaron viajes, estudios de mercado sin resultados concretos, eventos con zonas VIP para funcionarios y empleados con evidente sesgo partidario. En este contexto, será interesante observar cuál será la postura de los legisladores peronistas frente al proyecto: si defenderán a la industria bajando costos en beneficio de los productores —el eslabón más débil de la cadena— o si seguirán sosteniendo una estructura burocrática improductiva.
Es justo reconocer que el programa PROVIAR, destinado a pequeños productores, tuvo una implementación aceptable. Sin embargo, esto por sí solo no justifica el mantenimiento de toda la estructura de COVIAR.
La industria vitivinícola atraviesa una situación crítica debido a múltiples factores: presión impositiva, altos costos, dificultades para importar insumos, pérdida de competitividad en el mercado externo (aunque el actual gobierno ha eliminado las retenciones). Se están cerrando establecimientos industriales y bodegas, disminuyen las hectáreas implantadas y, como consecuencia, se pierden empleos a lo largo de toda la cadena productiva. Esto genera una concentración de la producción en manos de quienes pueden incorporar nuevas tecnologías, lo que agrava aún más la desigualdad dentro del sector.
En este contexto, resulta evidente que no se necesita una corporación que multiplica los gastos sin ofrecer una contraprestación real.
Sin dudas, hay que derogar la ley que dio origen a COVIAR y permitir que la asociación a organizaciones del sector sea libre y voluntaria.
* El autor fue diputado nacional por Mendoza.