Increíble, triste, desopilante. Faltan palabras para describir la actitud del kirchnerismo. Se entiende que estén inmersos en una interna partidaria feroz, pero ¿esto autoriza a hacer cualquier cosa, a intentar confundir a la gente, a demostrar una pasmosa indiferencia ante el pesar de una enorme cantidad de mendocinos que a diario transitamos por las rutas nacionales, a presentar una denuncia que no resiste el menor grado de análisis jurídico ni pertinencia política? Por supuesto que no. Pero lo hacen igual.
Cuando en la legislatura se debatió el convenio a través del cual, por iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo, nuestra provincia se hace cargo del arreglo de tramos muy importantes de las rutas nacionales 7, 40 y 143, el peronismo en todas sus versiones votó en contra. Es decir que si fuera por ellos los mendocinos seguiríamos padeciendo, y a veces poniendo en riesgo la vida, por el calamitoso estado de las rutas nacionales (según datos oficiales más del 70% de las muertes producidas por accidentes viales ocurren en rutas nacionales). Por suerte ellos sólo se oponen y hablan, pero no gobiernan. Tal vez por cosas como éstas…
Ahora denuncian al gobernador. Tremendo.
¿A quiénes beneficia el convenio con la ex Vialidad Nacional?
A los trabajadores, a las ambulancias que asisten nuestra salud, a los niños y maestros que van a las escuelas, al sector productivo, a las comunidades rurales, a las PyMEs que necesitan del turismo, al transporte de carga y de pasajeros, a los miles y miles de mendocinos que desarrollamos nuestra vida cotidiana transitando por esas rutas. No es la oligarquía terrateniente ni los grupos económicos concentrados el sector que está esperando estas obras.
¿Cuál es el precio de una vida que no se pierde, del camión que no se rompe, de la ambulancia que llega a tiempo, de la seguridad cuando se transita? Pensamos que esto no tiene precio, que no se trata de una ecuación financiera. No obstante, como el Gobernador ya ha manifestado, nuestra provincia buscará el modo de recuperar el monto a invertir, lo cual incluye un potencial reclamo judicial al Estado nacional.
¿Qué han hecho otros gobernadores ante la misma situación?
Los gobernadores de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Río Negro, Chubut, por citar sólo algunos ejemplos, han encarado con recursos provinciales obras que son de competencia nacional que el gobierno federal ha decidido no realizar. Gobernadores de distintos partidos políticos. Porque los gobernadores tienen que gobernar, justamente, lo cual implica hacerse cargo de las necesidades de la gente y, en la medida de sus posibilidades, satisfacerlas.
¿Con qué recursos se encaran estas obras en el país?
Varias provincias han encarado estas obras con su partida presupuestaria para obras, otras a través de la emisión de deuda. Mendoza, como resultado de la triste historia de discriminación sufrida por el establecimiento de la promoción industrial en provincias vecinas, cuenta con los llamados fondos del resarcimiento. Con estos fondos se han proyectado más de 25 obras en todo el territorio provincial, publicadas con detalle. La transparencia y claridad con las que se lleva a cabo este proceso contrasta con la forma en la que, por ejemplo, se licuó (con el resultado en obras igual a cero) el anterior resarcimiento que durante los gobiernos justicialistas de la década de los 90 obtuvo nuestra provincia en virtud de las regalías mal liquidadas. O con los famosos fondos de Santa Cruz, otro ejemplo, que, de contar con un monto de 600 millones de dólares, hoy no queda prácticamente nada, además de nunca saberse qué ocurrió con ese dinero. Raro. Claramente: hay formas y formas de utilizar un “resarcimiento”: o se dilapida o se invierte para mejorarle la vida a la gente de a pie.
Federalismo de cooperación
El federalismo de concertación o cooperación es una clase de federalismo que se practica cuando hay dos jurisdicciones distintas que colaboran en alguna materia. Cuando los municipios invierten en centros de salud, jardines maternales o gasoductos, por ejemplo, están colaborando con la provincia en un ejercicio de federalismo que acentúa el derecho de los ciudadanos a contar con políticas públicas que garanticen sus derechos. Es esto, ni más ni menos, de lo que se trata este convenio. Importa quién realiza la obra, pero más importante es que se realice.
Cuando la necesidad es tan imperiosa, ¿no es obligación del Estado realizar las obras si tiene los recursos para hacerlo? Estamos convencidos de que sí. Lo demás es especulación, oportunismo, desesperación, u otra cosa. Pero no responsabilidad.
Legalidad del convenio
Además de la legitimidad indiscutida de este convenio, su legalidad no deja lugar a dudas. Así se ha establecido en todas las instancias jurídicas exigidas por nuestra Constitución provincial. Es más, sin que fuera obligatorio, el Poder Ejecutivo provincial lo envió a la Legislatura para su debate, que ratificó el decreto correspondiente con el apoyo del oficialismo y otras fuerzas políticas.
Queda claro, según varios dictámenes emitidos al respecto, que la provincia guarda para sí la posibilidad de accionar legalmente contra el Estado nacional si en algún momento esto fuera necesario y pertinente.
En conclusión
La denuncia contra el Gobernador no es sólo falaz, sino que es contra los mendocinos. Una interna partidaria irresuelta, candidaturas que no llegan y una expresión política al borde de la extinción, y no otros, son los fundamentos de una acción que tiene el módico objetivo de llamar la atención. Lo lamentable es que nos vemos obligados a observar, una vez más, cómo dirigentes que se autoperciben defensores del Estado presente, en una demostración impresionante de falta de empatía, rechazan, confunden, obstaculizan, denuncian y entorpecen todo intento real y concreto de que los mendocinos vivamos mejor.
* La autora es senadora provincial. Presidenta del Bloque “Cambia Mendoza”.
