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La sensación de fin de ciclo que hay en torno a los dos últimos años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner posiblemente transformen al Congreso de la Nación no ya en una "escribanía" a la que el oficialismo somete sus proyectos para ser aprobados casi sin debate, sino más bien en una caja de resonancia de las apetencias políticas de quienes pretenden suceder a la Presidenta en el poder.
Sin embargo, quienes esperaban de este nuevo escenario un mayor espacio para el debate y el consenso, podrían quedarse con gusto a poco porque la mezquindad de la política argentina, que no es sólo característica de los oficialismos de turno, amenaza con aguar toda posibilidad de discutir y debatir grandes reformas.
Esto último se hizo palpable esta última semana cuando la Presidenta anunció el sábado, ante la Asamblea Legislativa, que enviará al Congreso el anteproyecto del nuevo Código Penal que ella recibió el 13 de febrero de manos de la comisión redactora encabezada por el juez de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni, e integrada por los penalistas León Arslanián (PJ), María Elena Barbagelata (socialista), Federico Pinedo (PRO) y Ricardo Gil Lavedra (UCR).
Al salir al salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja, luego de escuchar por casi tres horas a Cristina Fernández, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, elogió el tono del discurso presidencial por su "moderación" pero avisó que su fuerza encabezaría una campaña nacional -que ya está en marcha- para frenar el nuevo Código ya que -acusó- "está pensado más para los delincuentes que para los ciudadanos que sufren la inseguridad".
Massa había sido anticipado en la jugada por el ex vicepresidente Julio Cobos, quien tampoco está de acuerdo con el anteproyecto del nuevo Código Penal pero que ya sea por falta de timming o por un mayor apego a las instituciones, no buscó obturar la posibilidad del debate legislativo como lo intenta hacer Massa juntando firmas para exigir un plebiscito que zanje una cuestión tan compleja con un Sí o con un No, aún a sabiendas de que este mecanismo no se puede usar porque la Constitución no lo permite para dirimir cuestiones atinentes a la legislación penal.
Cuando el 13 de febrero Zaffaroni y los otros juristas presentaron su anteproyecto a la Presidenta, que fue coordinado con el ministro de Justicia, Julio Alak, y otros importantes funcionarios, en el Gobierno nacional nadie se atrevió a precisar si el Ejecutivo impulsaría el debate este año, consciente de las posibles jugadas electoralistas de algunos opositores, pero en especial de Massa, que hizo su campaña de 2013 haciendo foco en la inseguridad.
Hoy, luego del anuncio del sábado de la Presidenta, las fuentes dicen que el tema llegará en abril o mayo al Congreso pero que se cocinará a fuego muy lento, sin ningún tipo de apuros, de modo de encontrar otra oportunidad más propicia. ¿Cuándo podría ser esto? Nadie lo sabe, ya que no hay dudas de que a medida que 2015 se vaya acercando, temas estructurales como un nuevo Código Penal tendrán menos chances de ser votados en el recinto en un marco de racionalidad y serenidad.
Como la inseguridad es el primer tema de preocupación de la ciudadanía desde hace una década, habrá entonces más tierra fértil para el populismo punitivo, para esos mensajeros que buscan hacer creer a la población que las penas más altas son las que disuaden a los delincuentes y pasan por alto que es el altísimo nivel de impunidad que reina en la Argentina, donde sólo el 3% de los delitos reciben condena, lo que más empuja a los delincuentes a actuar por fuera de la ley.
La experiencia histórica de 2004, cuando Juan Carlos Blumberg se puso al frente de una ola de protestas que obligaron al Congreso a endurecer penas y modificar el Código Penal, tuvo como resultado un alza de los delitos, no una merma, justamente porque no se tuvo en cuenta el resto de los factores, ni se discutió -como tampoco se hace ahora- un Código de Procedimientos en lo Penal de forma integral que agilice la acción de la Justicia.
Tampoco porque las políticas de Seguridad, tanto nacionales como provinciales, no hicieron adecuadamente pie en la prevención, y porque en lugar de democratizar y hacer más eficientes las policías provinciales desprestigiadas, se escogió el atajo de remplazarlas por la Gendarmería en las zonas más calientes del país, sobre todo en tiempos pre-electorales, y se descuidaron las fronteras por donde entra el narcotráfico.
Massa recibió, por su estudiada jugada, críticas de todas las demás fuerzas políticas, pero logró apoderarse de la agenda pública del país casi sin esfuerzo. Esto incomodó a los radicales, macristas y en menor medida a los socialistas, que tuvieron sus representantes en la comisión que redactó el anteproyecto de ley.
Pero también generó un cisma en el oficialismo, ya que mientras algunas figuras K cuestionaban al jefe del Frente Renovador, el gobernador Daniel Scioli se mostró a favor de un endurecimiento de las penas, haciendo otra concesión ideológica a su principal rival en 2015. Recordemos que hace dos semanas Scioli logró aprobar en la Legislatura bonaerense una ley de Policías Comunitarias, un proyecto que el massismo impuso primero en los municipios que gobierna y que critica la propia Cristina Fernández.
El gran debate que la jugada estrictamente electoralista de Massa y que debería darse en el Congreso si el oficialismo se para sobre sus convicciones y sale a defender el anteproyecto de corte garantista, debería girar en torno a cómo hacer un Código armonioso en el que no haya desproporción entre algunos delitos y sus castigos -como pasa con el actual código- y que deje atrás el caos penal que tiene hoy la Argentina producto de más de 900 cambios parciales al viejo texto, muchos de ellos hechos al calor de las protestas masivas al estilo Blumberg y de la agenda de los medios de comunicación que hacen, de los crímenes más horribles, su razón de ser informativa.
Lo que debería ser el inicio de la discusión es entonces cuál es la pena máxima que puede recibir un delincuente. Esto es lo que debatieron largos meses los integrantes de la comisión redactora, quienes pusieron como tope 30 años de prisión y eliminaron a la vez las condenas a reclusión perpetua (que muchos jueces venían considerando como totalmente inconstitucionales en sus fallos).
La Argentina dio rango constitucional al Estatuto de Roma que estipula, para el genocidio, la pena máxima son 30 años y como no hay delito más tremendo que el asesinato masivo, entonces los juristas pusieron este techo. De ahí que si el máximo son 30 años de cárcel, los prestigiosos especialistas hayan ordenado la escala de penas hacia abajo. No es cierto que se reduzcan los mínimos y los máximos de casi todos los delitos, como denunció Massa.
El anteproyecto crea nuevos delitos como el infanticidio, sube máximos y mínimos en algunos tipos penales (en el homicidio se sostienen los actuales 8 a 25 años pero se incorpora la posibilidad de que sea "plural" y se elevan las penas de 15 a 30 años), los disminuye en otros (ejemplo robo agravado) o hace las dos cosas: sube la mínima y baja la máxima (ejemplo violación).
Pero lo importante es tener en cuenta que todas estas decisiones son pasibles de ser modificadas por el Parlamento, ya que no hay posturas cristalizadas en ninguno de los bloques. De hecho, el representante del PRO en la comisión redactora, Pinedo, firmó en disidencia algunos artículos propuestos ya que por ejemplo solicitó que haya penas alternativas para quienes cometan homicidios agravados luego de que cumplan los 30 años de prisión.
El otro gran debate que conlleva el anteproyecto del Código Penal que está en manos del Poder Ejecutivo es sobre la reincidencia como agravante a la hora de dictar una sentencia. El texto descarta esta idea y en cambio opta por quitar beneficios a los condenados reincidentes, que deberán esperar a cumplir dos tercios de la condena para acceder a penas alternativas de prisión mientras que los no reincidentes pueden acceder a estos beneficios una vez cumplida la mitad de la condena.