El futuro Código Civil y Comercial, que tuvo media sanción del Senado nacional y que recién en marzo será abordado por la Cámara de Diputados -si se cumple el plan de acción anunciado por el Gobierno, cambiado ya en muchas oportunidades al calor de las necesidades y urgencias políticas- marcó un límite al progresismo enarbolado por el kirchnerismo.
Mejor dicho: la nueva codificación votada en soledad por el oficialismo termina con "la etapa épica" del partido gobernante ya que, llegado el momento de darle homogeneidad y coherencia normativa a algunos de los más importantes derechos conseguidos por sectores minoritarios de la mano del Gobierno, que se tradujeron en leyes de inclusión como la de Fertilización Asistida o la de Matrimonio Igualitario, el oficialismo optó por dejarlos en una maraña de contradicciones que no pueden leerse sino como retrocesos.
Peor aún les va a los amplios sectores humildes tanto urbanos como campesinos que todavía luchan por mejores condiciones de vida como el acceso a la vivienda y al agua potable, el respeto a su hábitat y a su dignidad. A ellos el Código no les da ninguna respuesta; las pocas que había en el texto original también fueron corregidas a último momento por un oficialismo demasiado atento a no perturbar grandes intereses.
Lo cierto es que el Código que votó el Senado no conforma a nadie. Ni siquiera a quienes tuvieron que aplicar la obediencia debida a la Casa Rosada para votarlo.
Miguel Pichetto, el jefe del bloque K, cometió un "sincericidio" que tiene pocos antecedentes: dijo que lo votaba por sus compromisos con el espacio político al que pertenece pero pidió que los diputados lo mejoren.
Si este Código no convence incluso a sus impulsores es porque se le hizo innumerables cambios al texto que redactó una comisión de notables jurisconsultos, entre los que se destacan los jueces de la Corte Suprema nacional, Ricardo Lorenzetti y Elena Higthon de Nolasco y, sobre todo, la ex miembro de la Corte mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, sin dudas la voz más progresista en el Derecho de Familia que tiene el país.
Muchos de los modernizadores aportes de Kemelmajer fueron corregidos o eliminados por el oficialismo antes de que el Ejecutivo enviara el monumental texto de más de 2.600 artículos al Congreso o cuando llegó el momento de dictaminar sobre el mismo luego de un año y medio de debates.
Es por eso que los tres renombrados especialistas decidieron no ir al Senado nacional a defender su obra hace dos semanas, conscientes de que buena parte de los cambios introducidos por el Gobierno, por razones de conveniencia política inmediata, desvirtuaban el trabajo.
Esto se desprende del polémico cambio al artículo 19 que decía que para los casos de reproducción humana asistida debe considerarse el comienzo de la existencia cuando se implanta el embrión en el útero de la mujer.
El kirchnerismo, uno de sus sectores, el más conservador -entre los que sin duda están la presidenta Cristina Kirchner y el nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich- optó por complacer a la Iglesia Católica, que desde la elección de Jorge Bergoglio recuperó el poder de influir en leyes y la política toda que había perdido hacía tres décadas (cuando el Congreso sancionó la Ley de Divorcio Vincular).
La media sanción eliminó que en los casos de reproducción humana asistida la existencia se produce con la implantación del embrión y así dejó implícitamente escrito que un embrión en una probeta también es una persona.
Esto abre las puertas a que el día de mañana un juez -de los que abundan en el fuero Civil- prohíba las técnicas que implican descarte de embriones -como la fecundación in vitro- dado que en ellas se "mata personas".
Y también clausura por anticipado el debate por el aborto ya que si incluso un embrión no implantado es una persona para el Código Civil, más lo debería ser un embrión que está en plena gestación en el vientre de una mujer.
Incluso se puede concluir que esta media sanción está más a la derecha que el actual Código Penal, que contempla desde hace muchas décadas el aborto no punible.
Por otro lado, el oficialismo K sacó del texto una de sus propias propuestas: la función social de la propiedad, concepto que estaba en la Constitución peronista de 1949 y que fue tomado por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Apoyado por la UCR y la centro-izquierda y rechazado por el macrismo, pero fundamentalmente resistido por el empresariado, el tema fue extirpado de la media sanción por decisión de la Casa Rosada.
También se sacó el derecho al agua potable como un derecho fundamental (por miedo a que el 22% de los argentinos que no tiene acceso a la red de agua potable reclame judicialmente la tutela de este derecho y el Estado -que el kirchnerismo sueña para siempre suyo- deba pagarles) o las garantías a las comunidades aborígenes para que puedan finalmente acceder a las tierras que habitan hace siglos (se promete una ley de la que no hay certezas).
Por pedido de la Iglesia también se eliminó la fecundación post-mortem y el alquiler de vientres y se puso la obligación de la fidelidad en el matrimonio, que había sido dejada de lado en el texto de los jurisconsultos ya que éstos decidieron que el Estado no se entrometiera en la vida privada de las parejas y de las familias, o lo haga lo menos posible.
Además, se sacó del Código la responsabilidad del Estado y se dio media sanción en Diputados a una ley específica que sólo pone trabas a los ciudadanos que el día de mañana pretendan un resarcimiento integral por los perjuicios que le ocasione el mal obrar del Estado, de sus funcionarios o de las empresas concesionarias.
La historia de este Código Civil -largamente debatido por una comisión del Congreso integrada por diputados y senadores en numerosas audiencias públicas que se realizaron por todo el país- estuvo siempre supeditada a la política doméstica.
Si bien la presidenta Cristina Kirchner decidió en 2011 que sean los más renombrados especialistas los que lleven adelante la redacción, una vez que el trabajo terminado llegó a sus manos -a principios de 2012- pasó a depender del juego de intereses de la política personalista que lleva adelante la Jefa de Estado.
Fue así como quedó congelado varios meses porque la Casa Rosada desconfiaba de lo que haría la Corte de Lorenzetti con la Ley de Medios, más aún cuando el máximo tribunal volteó por inconstitucional gran parte de la reforma judicial que el kirchnerismo aprobó con lo justo en el Congreso para poder controlar a los jueces.
No se le quería dar a Lorenzetti el premio de ser autor de una obra monumental después de ese fallo lapidario.
Pero la sentencia favorable al Gobierno en la pelea judicial con el Grupo Clarín "sacó del freezer" a un proyecto de Código que tenía entre sus características principales el rescate y la puesta en valor de "la autonomía de la voluntad" para que sean los sujetos, haciendo uso de sus derechos y obligaciones, los que decidan cómo vincularse entre sí, corriendo así del medio al Estado policía o tutor.
Otro rasgo distintivo era, sin dudas, la visión laica de las relaciones y las instituciones que las regulan. Pero ambas virtudes fueron modificadas o directamente borradas de varios pasajes cruciales del texto que votó el Senado.
El pacto de Cristina Kirchner con la Iglesia, cada vez más evidente, tuvo que ver en todo esto.
El corolario de este giro conservador-católico del kirchnerismo se vio el viernes cuando Capitanich anunció que un sacerdote, Juan Carlos Molina, será el titular de la Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), medida que llega sólo tres semanas después de que los obispos advirtiesen que las bandas narcos controlan las principales ciudades del país.
