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Además del debate parlamentario sobre el aborto legal y gratuito, otro proyecto relacionado a la concepción está en ciernes en el Congreso Nacional: la regulación de vientres subrogados, es decir, de alquiler de vientres, algo que la ley no contempla pero que se da de hecho en Argentina y de forma irregular.
"Las alternativas para estas familias que hoy contempla el Código Civil son la adopción o la reproducción humana asistida, dirigida a parejas que no pueden tener hijos pero condicionado a que alguno de los integrantes, lleve adelante el embarazo. Esto queremos modificar para ampliar las posibilidades", dicen los fundamentos del proyecto, del ex vicepresidente y senador Julio Cobos.
"Este vacío legal resulta discriminatorio para casos que, ya sea por algún tipo de patología preexistente o porque se trate de parejas de igual sexo -en especial de sexo masculino- no pueden llevar adelante el embarazo. La normativa vigente es escasa o nula, limitando a cientos de parejas que quieren tener hijos u obligándolas a buscar soluciones en el extranjero. El Estado debe brindar esas posibilidades y garantizar la igualdad y equidad para todos los integrantes de la sociedad; contemplando especialmente el interés superior del niño y el derecho personalísimo a su identidad".
De hecho, quienes no pueden recurrir al extranjero como Marley o Luciana Salazar resuelven el tema en Argentina, pero sin regulación y con modalidades que se prestan al abuso y a la trata.
En 2015, la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos abrió una causa de oficio por un extraño caso de "gestación por sustitución" en Mendoza, con una empresa que cobraba por recultar mujeres pobres y que acabó cerrando.
Uno de los casos que destapó la olla fue el de una mamá de la zona de Los Barrancos, Godoy Cruz, que recibió dinero por prestar el vientre y que entregó a la bebé a una pareja, sin siquiera poder darle mamar. Uno de los adoptantes era un médico de la exclusiva zona de Las Condes, Santiago de Chile, y llamó la atención de Policía Aeroportuaria y MIgraciones cuando se lo quiso llevar.
Delitos Complejos investigó el caso como delito de trata de blancas con fines reproductivos, aunque la presunta empresa cerró un día a las 3 de la madrugada y se esfumó. La pareja había resultado estafada, la mujer gestante abusada y la beba desprotegida.
"Además y al no estar regulado, se presenta la situación en la que terceros actúan como intermediarios y se aprovechan de las necesidades de ambas partes. De aquí que contemplamos establecer penas de hasta 6 años de prisión para este tipo de acciones fraudulentas", contempla el proyecto.
"Es necesario fijar pautas para llevar a cabo este procedimiento. En la práctica se realiza -ya que no está prohibido- pero con pocas o nulas garantías legales para la gestante que participa, para los padres que esperan cada día la llegada de su hijo y en especial para ese niño por nacer. Esto se ve en la jurisprudencia a través de distintos fallos que son lo que terminan por resolver esta controversia en forma particular y conforme a la discrecionalidad y buen criterio del juez".
Lée el proyecto completo
Proyecto Ley Gestacion Por Sustitucion (3) by Laura Antun on Scribd