Aguas servidas en calles, olores persistentes y riesgo sanitario: el nuevo colapso cloacal en Los Corralitos (Guaymallén) vuelve a poner en evidencia una crisis silenciosa del saneamiento urbano en el Gran Mendoza.
Riesgo. Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos.
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Carla Carabaca Problema sanitario. Otra vista de los desbordes cloacales en la zona, gran preocupación de los vecinos. Imagen tomada por una vecina.
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Carla Carabaca Contaminación. Imagen de un desborde cloacal que afecta calles y terrenos en Los Corralitos. Imagen captada por una vecina del lugar.
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Carla Carabaca El viernes 20 de febrero por la noche, tras intensas lluvias, la colectora máxima de residuos cloacales Humberto Primo que atraviesa Los Corralitos, distrito del departamento de Guaymallén, volvió a colapsar. Las aguas servidas desbordaron sobre calles y terrenos, generando un escenario que se repitió al día siguiente, nuevamente bajo condiciones de lluvia. Para los vecinos, sin embargo, no se trató de una sorpresa.
Desde hace meses —y con antecedentes que se remontan al menos a mediados de 2025— la comunidad convive con derrames cloacales recurrentes que anegan calles, impregnan el aire de olores nauseabundos y favorecen la proliferación de insectos y roedores. El resultado es un territorio prácticamente inhabitable, con riesgos sanitarios evidentes y una cotidianeidad profundamente alterada.
Paradójicamente, gran parte de los hogares afectados no cuenta con servicio de cloacas. Dependen de pozos sépticos individuales, pero reciben el impacto directo de los efluentes de una porción significativa del conglomerado urbano. La colectora desbordada forma parte del sistema operado por Aysam, la empresa estatal responsable del agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM).
Las causas del colapso son ampliamente conocidas por técnicos y autoridades: se trata de una infraestructura con casi cinco décadas de antigüedad, diseñada para una población muy inferior a la actual. Desde su puesta en funcionamiento, la población del área metropolitana creció de forma sostenida, mientras la mancha urbana se expandió horizontalmente sobre antiguas tierras rurales e irrigadas, especialmente en Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo.
Entre 1991 y 2022, el AMM sumó casi medio millón de habitantes y amplió su superficie urbanizada en más de un 160%. Sin embargo, esa expansión no fue acompañada por una modernización proporcional del sistema cloacal. El resultado es un desajuste estructural: más población, más efluentes y redes pensadas para otra ciudad.
La obra destinada a aliviar esta situación —el colector cloacal Colonia Segovia–Paramillo— fue anunciada en 2022 como solución estructural. Hoy se encuentra ejecutada apenas en un 50%. Mientras tanto, el sistema funciona al límite, y cada episodio de lluvias intensas actúa como detonante de nuevos desbordes.
Lo ocurrido en febrero se inscribe en una secuencia más amplia. Entre junio y septiembre de 2025, el colapso del colector principal de Los Corralitos derivó en vertidos sistemáticos de efluentes sin tratamiento al canal Pescara y a cauces asociados, con impacto directo sobre zonas productivas del norte metropolitano y del departamento de Lavalle.
Durante ese período, las autoridades provinciales autorizaron permisos de vertido “extraordinarios, transitorios y precarios”, bajo el argumento de evitar un daño sanitario mayor. Aunque luego se declaró formalmente el fin de la contingencia, los derrames continuaron de manera intermitente. En septiembre de 2025, el Concejo Deliberante de Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria en varios distritos, entre ellos Los Corralitos.
Los testimonios vecinales y los registros periodísticos coinciden: las aguas negras siguieron circulando por calles y frentes de viviendas, mientras los canales receptores se transformaban en verdaderos colectores a cielo abierto.
Para comprender por qué estos episodios se repiten, es necesario ir más allá de la coyuntura climática. Mendoza es un oasis urbano artificial, cuya existencia depende de una compleja infraestructura hidráulica diseñada históricamente para priorizar la irrigación agrícola. En las últimas décadas, esa matriz fue tensionada por la urbanización acelerada y por un modelo de crecimiento orientado por la valorización inmobiliaria del suelo.
Las infraestructuras de agua y saneamiento no son neutras. Definen quién accede a servicios básicos, en qué condiciones y con qué grado de protección sanitaria. En el AMM, mientras el acceso al agua potable está cerca de universalizarse, el saneamiento sigue mostrando fuertes brechas: casi el 20% de los hogares metropolitanos no cuenta con cloacas, y en distritos periféricos o rurales esa proporción es mucho mayor.
Los Corralitos encarna una forma extrema de esta desigualdad: un territorio que recibe los residuos de la ciudad sin ser plenamente reconocido como sujeto de derecho dentro del sistema. Los vecinos no solo conviven con el riesgo ambiental, sino que además enfrentan obstáculos para formalizar reclamos, ya que no figuran como “usuarios” del servicio de saneamiento.
El desborde cloacal de febrero no fue un evento imprevisible. Fue, más bien, la confirmación de un problema estructural: un sistema de saneamiento agotado, gestionado bajo lógicas de emergencia permanente, en una metrópoli que creció más rápido que su infraestructura.
Mientras las obras estructurales se demoran y las soluciones transitorias se normalizan, los costos recaen sobre los mismos territorios de siempre. Allí donde la ciudad expande sus residuos, pero no sus derechos.
(*) La licenciada Carabaca Videla es doctoranda en Estudios Territoriales en la Universidad Nacional de Quilmes. También se desempeña como becaria del Incihusa-Conicet
Producción y edición: Miguel Títiro - [email protected]