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La fatídica muerte del fiscal Alberto Nisman frustró que su prevista presencia en una comisión de Diputados pudiera haber oficiado como un acelerador de los tiempos en una denuncia de semejante gravedad institucional como la que acusa a la Presidenta de supuesto encubrimiento en el atentado a la AMIA.
Pero ante esa frustración, surgieron en las últimas horas acciones en el frente judicial que parecieron apuntadas precisamente a apurar los tiempos hacia un conocimiento acerca de la sustancia o no de la denuncia de Nisman.
Tanto en la causa AMIA, como en la muerte del propio fiscal, sólo la celeridad en la investigación judicial es lo que puede sacar asuntos tan sensibles para el conjunto de los argentinos del lodazal de la peor política.
De todos modos, caben algunas observaciones y preguntas. Tuvo que mediar la muerte de Nisman para que el juez federal Ariel Lijo suspendiera sus vacaciones y se hiciera cargo de la denuncia.
El interrogante que cabe es por qué el magistrado no lo hizo el mismo miércoles pasado en el que Nisman presentó la denuncia, denegada por la subrogante María Servini de Cubría. ¿Acaso Lijo ignoró la gravedad institucional de una denuncia que involucra en una acusación tal a la jefa de Estado como para suspender sus vacaciones el mismo miércoles de la semana pasada?
Salvada esta observación, Lijo se metió de lleno en la investigación. Durante los próximos días tendrá que ponerse al tanto y una vez evaluada la denuncia y las pruebas que la acompañan, actuar en consecuencia. Es decir, si avanza en un pedido de indagatoria a la Presidenta, o si desestima la cuestión porque no encuentra más que indicios y no pruebas en las escuchas que hizo Nisman.
También puede suceder que el juez original de la causa AMIA bajo quien actuaba Nisman, Rodolfo Canicoba Corral, plantee la nulidad de las escuchas porque no fueron autorizadas por él, como lo dejó entrever al día siguiente que el fallecido fiscal hizo la denuncia.