Foto:
El caso de Caterina Cardozo, la niña de 3 años que murió luego de sufrir abuso y maltrato infantil, puso otra vez la lupa sobre el Órgano Administrativo Local (OAL) y los mecanismos del Estado que intervinieron una vez que se supo que la pequeña corría riesgo de vida.
Ayer, los funcionarios del Poder Ejecutivo explicaron, en conferencia de prensa, cómo fue el desenlace del trágico hecho y apuntaron al círculo familiar.
“Las detecciones tempranas se dan en la familia y en las redes comunitarias. Ningún organismo del Estado tiene helicópteros ni drones en cada casa y ni cámaras instaladas en las familias”, justificó Daniela Torres, coordinadora de la OAL de Capital.
La funcionaria estuvo acompañada por Oscar Sagás, subsecretario de Salud, y por el comisario José Vega, quien fue en representación del ministerio de Seguridad.
Los funcionarios acusaron a la familia y desmintieron que hayan existido denuncias en torno a la situación que vivía Caterina. “Tenemos una familia que ocultó, una comunidad que no habló y sabía de estas situaciones que estaban pasando. También tuvimos un Estado que estaba presente porque había iniciado todos los abordajes a través del Programa Provincial de Maltrato Infantil y a través de la OAL”, defendió Sagás.
En este sentido, los cuestionamientos que se hacen al Ejecutivo apuntan a que el 15 de noviembre Sheila (8), la hermana mayor de Caterina internada en el Notti por maltrato infantil, había advertido que la pequeña corría riesgo.
Para explicar por qué no pudieron dar con la niña, los funcionarios hicieron hincapié en la cronología de los hechos y en la falta de colaboración por parte de la familia.
Así, el lunes 13 la abuela materna de las hermanas llevó a Sheila a un centro de salud de Capital, manifestando que su nieta había sido golpeada. Allí constatan las lesiones y se activa un protocolo de prevención, por lo que la niña es trasladada al Notti, en donde queda internada y es asistida por el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI).
“Se radicó la denuncia penal por lesiones dolosas en la Oficina Fiscal 5. Pero no había novedades hasta el momento de Caterina”, contó Torres. Fue la misma Sheila la que relató, a partir del abordaje terapéutico que recibe, que su hermana también sufría maltrato por parte su padrastro, “un tal Gabriel”. En este punto, las autoridades remarcaron que la abuela no denunció el riesgo que corría la más pequeña.
A partir de ese dato, el PPMI envió el informe correspondiente a la Fiscalía 5 y al OAL de Capital y procedió a dar con la ubicación de la madre, Cintia Cardoso, de Caterina y el padrastro, Jorge Gabriel Brizuela, identidad que se desconocía hasta ese momento.
Las autoridades del ministerio de Desarrollo Social no encontraron ni a la madre ni la niña (el padrastro era considerado como un NN). El domicilio que se conocía hasta ese momento era en el barrio San Martín, asentado en el historial clínico y donde se las fue a buscar.
A partir de esto, el 17 se hizo una nueva denuncia por averiguación de paradero en la Fiscalía 2.
La investigación se trasladó luego al barrio 8 de Abril de Las Heras, en donde vivían los adultos con las dos hermanas desde hace algunos meses. Según los funcionarios, no pudieron dar con ellos.
“Había una familia que venía viviendo estas situaciones, que se venían repitiendo a diario y no denunciaban. Había vecinos que escuchaban y veían y tampoco denunciaban.
Había tías que decían cosas que no eran correctas, había otros vecinos que decían cosas que no eran correctas. Y siempre figuraba la palabra ‘si nosotros hicimos la denuncia’. La denuncia no la hicieron en ningún lado, entiendan esto”, descargó Vega.
Con esta explicación, los funcionarios descartaron que haya existido desidia en el Estado. No obstante, Sagás dijo que van a empezar una investigación para comprobar si se siguieron todos los pasos.
Claves
La madre y el padrastro fueron imputados
“Homicidio agravado por el vínculo con ensañamiento y alevosía en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, es la imputación que les hizo el fiscal.
Un mensaje en Facebook de la mamá
“Que feo es ver a un niño llorando porque no tienen la culpa de venir al mundo. Es cosa de grandes y eso no lo entendemos. Somos un poco inconcientes en maltratrar a los niños”, había publicado Cintia Calderón hace 4 años.
Investigarán a los fiscales
“Estamos haciendo una investigación interna de la actuación de la oficina fiscal 5”, anunció el procurador Alejandro Gullé.
"Es todo mentira, nadie del Estado vino"
En medio del dolor que atraviesa por el asesinato de Caterina (3), Silvia Calderón -tía abuela- se mostró consternada por la acusación que hicieron desde el OAL, de que la familia podría haber visibilizado antes los maltratos a los que eran sometidas Caterina y su hermana Sheila (8, internada en el Notti).
“Es todo mentira lo que están diciendo porque nosotras fuimos las primeras en colaborar con la policía cuando vinieron a pedir datos del tipo a pesar de que él nos amenazaba. No teníamos ni su foto y así y todo conseguimos todo para que lo buscaran”, dice la mujer y aclara que después de que se denunció el maltrato sufrido por Sheila, “nadie del Estado vino” y que la propia abuela de Caterina, Mónica Calderón -madre de Cintia- había pedido la guarda de las pequeñas ante la Justicia de Familia hace años.
“Mi hermana sabía que Cintia no era capaz de cuidar bien a un hijo, por eso había pedido la tenencia cuando la Sheila tenía 2 años, pero le decían que la prioridad la tenía la madre y que la nena tenía que estar con ella”, destacó Silvia con el apoyo de los vecinos que ayer se convocaron para pedir justicia por la pequeña: “Mi hermana las cuidaba, les daba de comer y las vestía. No entiendo por qué ahora no la dejan estar con su nieta”.
Otro pedido de los familiares es que se les permita “poder velar a Caterina, que descanse en paz”. Aseguran que no entienden por qué les dijeron que no pueden acercarse al cuerpo de la niña para despedirse y que recién en diez días terminarán el proceso para enterrar el cuerpo.